La motivación para plantear que debió comenzarse por mejorar la educación pública, tiene en mi opinión distintas motivaciones según quien sea que lo plantee. Para los partidarios del gobierno, espero, es una mera falta de reflexión y comprensión del problema, profundizada esta última por la nula explicación por parte del gobierno de por qué comenzó por aquí y no por allá.
La Presidenta Bachelet pidió a sus ministros que explicaran mejor las reformas que se están llevando a cabo. En consecuencia no debiera ser yo quien explique por qué se prefirió comenzar con el, según reza el mensaje presidencial, “PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO”.
La explicación es tanto más necesaria cuanto que la idea de que se debió haber comenzado con el reforzamiento de la educación pública pareciera ser una de las pocas materias en que los partidos de gobierno y de oposición están de acuerdo. Es más, también es la primera –y posiblemente última– coincidencia entre los recientemente electos presidentes de la FEUC y de la FECH.
La pregunta y, por ende, la explicación es más que necesaria.
Existen varias razones por las cuales la decisión del gobierno de la Presidenta Bachelet fue correcta, pero para entenderla debemos, primero, establecer qué relación existe entre el deterioro de la educación pública y el sistema de colegios particulares subvencionados que se pretende reformar.
El proceso de “municipalización” de la educación básica y media impuesto por el régimen de Pinochet, fue complementado con subvenciones a colegios particulares –basado en el principio de subsidiariedad del Estado–, es decir, con financiamiento fiscal a colegios, muchos de ellos, con fines de lucro. Por desgracia, este proceso fue profundizado por los sucesivos gobiernos de la concertación, creando una gran cantidad de diferentes tipos de subsidio y permitiendo el copago.
Pero lo más grave de este proceso privatizador es que no se impidió la selección de alumnos en los colegios subvencionados, produciéndose no solo una fuerte segregación por nivel socioeconómico debido al copago, sino que, además, una segregación en función de las capacidades o limitaciones académicas, de aprendizaje o conductuales de los alumnos.
Así, mientras los colegios subvencionados elegían a aquellos alumnos de mejor rendimiento y sin problemas, ni conductuales ni de aprendizaje –al mismo tiempo que eliminaban a “los malos elementos”–, los colegios municipales, que no podían rechazar a los alumnos “con problemas” ni negarles la matrícula a los alumnos de bajo rendimiento, fueron paulatinamente desmejorando sus resultados académicos, perdiendo como consecuencia de ello alumnos y terminando, en muchos casos, por ser cerrados. Podríamos decir que el deterioro de la calidad de la educación pública fue una crónica de una muerte anunciada y, quizás, pensada como estrategia de largo plazo por los ideólogos del modelo neoliberal, algunos de los cuales se infiltraron en los sucesivos gobiernos de la Concertación.
[cita]La motivación para plantear que debió comenzarse por mejorar la educación pública, tiene en mi opinión distintas motivaciones según quien sea que lo plantee. Para los partidarios del gobierno, espero, es una mera falta de reflexión y comprensión del problema, profundizada esta última por la nula explicación por parte del Ejecutivo de por qué comenzó por aquí y no por allá.[/cita]
La diferencia esencial, aparentemente no explicitada, entre el gobierno y la oposición, es que mientras el primero –y por cierto sus partidarios– cree que la estratificación de los estudiantes según sus capacidades o limitaciones académicas, de aprendizaje o conductuales, no debiera existir, la oposición cree que es correcta. Sin decirlo, para la derecha el Mundo Feliz es aquel en que existen niños-alfa que reciben una buena enseñanza, usualmente en colegios particulares pagados, para preparar a los futuros líderes; los niños-beta que reciben una enseñanza “reguleque” en colegios subvencionados y cuyo futuro es ser empleados administrativos o trabajadores calificados, y los niños-gamma que reciben una mala educación en colegios municipales, pero que no importa, porque serán la mano de obra barata de su Mundo Feliz.
Terminar con esta situación es, pues, un primer paso hacia el mejoramiento de la educación pública, ya que las futuras cohortes de estudiantes debieran, a partir del fin de la selección, comenzar a distribuirse más homogéneamente entre los colegios públicos y privados con subvención, al menos desde un punto de vista académico.
La importancia de haber comenzado por regular el proceso de admisión de los estudiantes es que, por una parte, se elimina una inequidad que está siendo, en parte, financiada por el propio estado e incluso promovida a través de la aceptación del copago y, por otra, que sus efectos se verán de inmediato mientras que el reforzamiento de la educación pública –que debió haber sido primero, según muchos– tomará años para que sus efectos se hagan sentir.
La motivación para plantear que debió comenzarse por mejorar la educación pública, tiene en mi opinión distintas motivaciones según quien sea que lo plantee. Para los partidarios del gobierno, espero, es una mera falta de reflexión y comprensión del problema, profundizada esta última por la nula explicación por parte del Ejecutivo de por qué comenzó por aquí y no por allá.
Para los opositores, partidarios del modelo neoliberal, la motivación es simplemente ganar tiempo con la esperanza de que, si se hubiese comenzado por el mejoramiento de la educación pública, existiría la posibilidad que no se alcanzara, en este gobierno, a modificar el sistema. Por cierto, esta esperanza tiene un colofón: esperan que el próximo Presidente no sea de la Nueva Mayoría.
Para algunos “sostenedores”, afortunadamente no todos, el objetivo es similar al de los partidarios del modelo neoliberal, pero con una componente más inmediata: poder seguir lucrando con recursos fiscales. Si no puede durar para siempre, que dure lo más posible. Del lucro, escribiré en otro artículo.
Por mi parte, tengo la esperanza que estas líneas sean leídas por los partidarios del gobierno, especialmente los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, para que terminen con la monserga de que “apoyamos la reforma educacional, pero hubiésemos preferido que se comenzara por mejorar la educación pública”. Los sí, pero, hacen tanto o más daño al gobierno de la Presidenta Bachelet que la crítica directa de la oposición.
También espero –la esperanza, dicen, es lo último que se pierde– que el ministro de Educación utilice estos u otros argumentos para explicar las prioridades del gobierno en materia educacional.
