Leyes cortas y populismo punitivo
Señor Director:
Preocupación es lo que nos generan las declaraciones del ministro Elizalde respecto del envío al Congreso de una “ley corta” que busca “terminar con la puerta giratoria”, aumentando penas de cárcel y restringiendo el uso de medidas alternativas.
La idea de la denominada “puerta giratoria” merece reparos en un país que tiene una tasa de 266 personas encarceladas por 100.000 habitantes, ocupando el segundo lugar de las naciones de la OECD. Entendamos bien, el uso irracional y generalizado de penas de cárcel para todos los delitos, no solo implica un alto costo para la sociedad, sino, además, ha mostrado ser poco efectivo en la reducción del delito. Hoy en día la mayor proporción de personas privadas de libertad en Chile lo están por delitos menores y respecto a ellos la evidencia internacional señala que, contrario al efecto disuasivo esperado, la experiencia de la cárcel aumenta las probabilidades de que una persona continúe delinquiendo. Esto no solo se debe a las condiciones penitenciarias que dificultan la realización de programas de reinserción y rehabilitación exitosos, sino también por lo que se ha llamado el “castigo invisible” que siguen pagando quienes cometieron un delito: desintegración de las familias, problemas para encontrar trabajo, pérdida de derechos cívicos, entre otros.
En contraste, la evidencia relativa a medidas alternativas a la cárcel es positiva. Por ejemplo, en Reino Unido, éstas no sólo han mostrado reducir la reincidencia en más de 15% que la cárcel, sino que además se ha mostrado que cuestan menos dinero, permiten la incorporación de prácticas restaurativas, alejan a los sujetos de las escuelas del delito y los acercan a la comunidad. Es más, para quienes les preocupa el tema de la denominada “mano dura”, estas medidas no implican firmar una vez al mes como comúnmente se suele creer. Bien implementadas, son altamente demandantes, porque implican para los sujetos el desafío del cambio en el mundo real. Países desarrollados han puesto el foco en la Justicia Restaurativa y están observando significativas disminuciones de reincidencia y avances en reintegración y satisfacción de las víctimas. Esto último tiene un gran impacto, ya que genera actitudes menos punitivas en la población, que se traducen a la larga en una mejor integración de las personas que delinquen y en la promoción de políticas públicas menos determinadas por el populismo punitivo.
Si lo que preocupa es la seguridad ciudadana, hay varias políticas que podrían implementarse, partiendo por poner el foco en la prevención temprana en niños y niñas en riego social. Pero lo que se requiere, más que “leyes cortas”, es una mirada de largo plazo como aquella que permitió al país avanzar hacia una ley de medidas alternativas a la prisión cuyo objetivo no es mejorar las tasas de hacinamiento –aunque lo permite– sino promover una mayor y mejor reinserción social de quienes han cometido un delito, cerrando un ciclo de involucramiento delictual que la cárcel ha demostrado ser incapaz de cerrar.
Pilar Larroulet y Catalina Droppelmann
Asociación Chilena de Justicia Terapéutica (ACHTJ)
