Recientemente se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Sequía y Desertificación. Desde California hasta Chile vemos que la demanda por el agua no deja de crecer mientras la oferta hídrica tiende a disminuir.
Uno de los rostros del cambio climático – caracterizado por eventos extremos – es la escasez hídrica, frente a la cual nuestro marco legal e institucional casi no dispone de herramientas, ni siquiera para asegurar de modo permanente el acceso al agua para el consumo humano.
Cuando hace un año la Presidenta anunció una reforma sustantiva al Código de Aguas, también instruyó la creación de un Comité de Ministros del Agua para coordinar acciones y proponer lineamientos de trabajo. Desde éste se han trabajado distintas iniciativas, tanto de gestión, normativas y de inversiones para responder a este fenómeno. Se trata de medidas de corto, mediano y largo plazo.
El proyecto de ley de reforma al Código de Aguas en trámite (Boletín 7543-12), consagra el acceso al agua potable como un derecho humano esencial y establece herramientas para hacerlo efectivo. Con él se apunta también hacia una mejor gestión del agua, a contar con la adecuada información, tanto del recurso en su fuente natural, como del nivel de extracciones y a la debida policía y vigilancia sobre este bien nacional de uso público. Se actualiza, además, la regulación de los acuíferos con riesgo de grave disminución y se fortalece las atribuciones para el prorrateo de aguas subterráneas, entre otras disposiciones.
[cita] El proyecto de ley de reforma al Código de Aguas en trámite (Boletín 7543-12), consagra el acceso al agua potable como un derecho humano esencial y establece herramientas para hacerlo efectivo. Con él se apunta también hacia una mejor gestión del agua, a contar con la adecuada información, tanto del recurso en su fuente natural, como del nivel de extracciones y a la debida policía y vigilancia sobre este bien nacional de uso público. Se actualiza, además, la regulación de los acuíferos con riesgo de grave disminución y se fortalece las atribuciones para el prorrateo de aguas subterráneas, entre otras disposiciones. [/cita]
Paralelamente, el Gobierno trabaja un conjunto de acciones. Más de cien mil millones de pesos se destinan este año para iniciar la construcción de plantas micro-desaladoras, para impermeabilizar canales, profundización de pozos, fortalecimiento de las iniciativas de Agua Potable Rural (APR), rehabilitación y construcción de pequeños embalses, junto con ampliar la cobertura de camiones aljibe, instalar miles de sistemas de captación de aguas lluvia en domicilios, entrega de forraje y de alimentos para los pequeños agricultores.
Pero también existen medidas de mediano y largo plazo, como las plantas desaladoras de Arica, Copiapó, Petorca, La Ligua, Choapa y Limarí o los grandes embalses priorizados, como Valle Hermoso en Coquimbo, Punilla en Biobío, Chacrilla y la ampliación de Los Aromos, que otorgará mayor certidumbre hídrica para los habitantes del Gran Valparaíso, los embalses de Chironta y Livilcar en la región de Arica y Parinacota o las ya anunciadas obras del Plan Aconcagua.
Sin duda que estas importantes reformas e inversiones aminoran los efectos de la cada vez mayor brecha que resulta entre la demanda incremental por aprovechar este bien nacional de uso público, derivada tanto del crecimiento demográfico como del crecimiento económico, y una disponibilidad hídrica que, a consecuencia del cambio climático, se hace cada vez más escasa. Sin embargo, estas medidas deben complementarse con la necesidad de dotar al país de una nueva institucionalidad para conocer y gestionar de mejor manera los recursos disponibles.
El agua y la escasez de este vital recurso demanda mucho más de nosotros. Para ello estamos trabajando.
