Ya desde hacía varios años y en el marco social y político en el cual el movimiento estudiantil se ha venido desarrollando en Chile, en medio de la continua búsqueda de las y los universitarios por constituir condiciones de desarrollo dignas para sus universidades, focalizando sus objetivos en demandas que tienen que ver con el financiamiento y la gratuidad de la educación superior, la democratización de las instituciones universitarias, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las universidades y la concreción de elementos básicos para optar a una educación verdaderamente pública (como la infraestructura de los establecimientos educativos). Es por esto que nos encontramos en un año marcado por el resurgimiento de las movilizaciones de masas por parte de los universitarios (que no se veían desde el 2011), en donde estas mismas movilizaciones han asumido características de mayor radicalidad política y que a su vez han ido asumiendo elementos de conflictividad que no tan solo se presentan en la ecuación estudiantes-gobierno sino que también han avanzado a abrir lógicas de construcción más allá de lo estudiantil y estableciendo alianzas con otros sectores del mundo educativo y social, teniendo además múltiples correlatos y formas en diferentes universidades a lo largo del país.
A su vez, el presente año también, similar a lo que ocurrió el 2014, ha estado marcado por la fragilidad y ambigüedad con que el Gobierno y sus respectivos partidos políticos han enfrentado los desafíos impuestos por toda una sociedad y que conciernen a establecer un sistema de educación superior verdaderamente público, gratuito, democrático y al servicio de los intereses de las grandes mayorías del país.
Ya entrando en materia específica y mientras aún existen varias universidades a lo largo del país luchando por conseguir rebajas relevantes en los valores arancelarios y de matrícula, donde a nivel nacional los estudiantes hemos esclarecido que en términos de financiamiento de la educación superior, esta debe provenir del Estado e ir direccionada a cubrir la oferta educativa (instituciones de educación) por sobre la demanda (aranceles de estudiantes), y que además estos recursos deben procurar ser regulados por las diferentes comunidades universitarias mediante la figura de los aportes basales de libre disposición, el Gobierno aparece diciendo públicamente que la “gratuidad” cubrirá sólo los cinco primeros deciles, dejando a una mitad de los estudiantes de Chile con “gratuidad parcial y a la otra con la educación mercantilizada que rechaza el pueblo y los estudiantes de Chile. Además de esto, el Gobierno abre la posibilidad de cobertura para las universidades privadas sin siquiera antes esclarecer un patrón realmente concreto de los elementos necesarios para que estas instituciones reciban financiamiento estatal (el documento oficial del Mineduc con fecha del 14 de julio carece de esas especificaciones y no hace más que seguir generando dicha incertidumbre).
[cita] Las tareas que nos hemos venido planteando desde hace largos años solo podrán ser resueltas al calor de una construcción político-social que involucre la participación de todos los actores sociales inmersos en el mundo de la educación. [/cita]
Ante los anteriores antecedentes es necesario hacerse una serie de preguntas para orientar la discusión y nuestros objetivos políticos: ¿hay posibilidades y voluntades reales para otorgar gratuidad al 100% de los estudiantes de educación superior?, ¿qué pasará con los aportes basales (subvención a la oferta), siendo que realmente el Gobierno quiere entregar gratuidad a los 5 primeros deciles, es decir, a un sector de los estudiantes y por ende a la demanda?, ¿cómo se seguirán determinando los valores de aranceles por parte del Mineduc? y ¿qué injerencia tendrán las comunidades universitarias en relación a los montos que el Estado asignará para financiar la educación superior si se sigue priorizando el financiamiento a la demanda? Sin duda que el debate por el financiamiento llegará a un punto de inflexión importante durante las próximas semanas y meses, pero por el momento lo dejaremos abierto.
Un aspecto que también aparece en la centralidad del horizonte del movimiento estudiantil universitario es la necesidad de la democratización de las instituciones de educación superior, cuestión que ha adquirido mayor relevancia con la serie de movilizaciones locales en las diferentes universidades y en donde se han venido exigiendo procesos de modificación estatutaria de manera triestamental, la creación de nuevos organismos de decisión donde tengan incidencia todos los estamentos involucrados en una universidad, y la mayor participación estudiantil en los organismos colegiados de cada institución (sean estatales o “privadas tradicionales”), elemento que tiene su correlato nacional en las propuesta programática del Confech que apunta a la generación de universidades triestamentalmente gobernadas.
Pero nuevamente nos quedamos en un mar de dudas por lo tosco del anuncio y la propuesta gubernamental con respecto a la materia de democracia universitaria, podríamos para esto elaborar preguntas tales como: ¿existirá como derecho consagrado la libertad de asociación al interior de cada uno de los estamentos?, ¿qué figuras organizacionales se crearán para constituir realmente mecanismos de decisión triestamental?, ¿se reemplazarán las estructuras colegiadas actuales presentes en las universidades por organigramas nuevos?, ¿se permitirá que estas instancias sean democráticas, y no por integrantes nombrados a “dedo” por las autoridades universitarias?. Toda esta serie de interrogantes han sido arduamente trabajadas en los distintos espacios locales y realidades universitarias con diferentes propuestas, pero que en gran parte coinciden con la apuesta nacional de establecer gobiernos triestamentales en cada recinto que se haga llamar público. Por su parte el gobierno no ha esclarecido posturas claras en esta materia y aún hay bastante incertidumbre al proyecto de normas comunes que regirán la institucionalidad de las universidades del Estado y que podría fijar algunos criterios mínimos.
Para concluir este mar de dudas y donde no ha habido gran voluntad por parte del Ejecutivo es además relevante llevar el debate hacia la rígida e intransigente posición que han tenido la mayoría de los Rectores de las Universidades, específicamente a los que “dirigen” hoy las universidades movilizadas, ¿por qué, si desde el próximo año tendrán que tener un funcionamiento “democrático”, hoy se niegan siquiera al diálogo con los estudiantes movilizados por democracia los rectores de la UFRO, la UCT, USACH, UBB, UdeC y otras universidades?
Ya con un análisis de la realidad política que cruza actualmente la disputa por la educación superior pública debemos enfatizar las tareas generales que surgen para nosotros como estudiantes y que debemos encarnar las próximas semanas y meses. Como primera prioridad debe estar la concreción de los objetivos de las universidades que aún siguen movilizadas por la poca voluntad que han mostrado sus rectores, y que como principal característica pretenden abrir una serie de espacios democráticos que permitan ir generando mayores niveles de decisión de la comunidad universitaria en los caminos que dichas instituciones toman. Estos espacios de apertura democrática deben apuntar esencialmente a “ganar terreno” en las principales áreas de trabajo y desarrollo dentro de las universidades, estos son: administración y gestión, es decir, ¿cómo, quiénes y de qué forma se toman las decisiones políticas dentro de las casas de estudio superior?; financiera, para qué y hacia dónde debe apuntar la administración económica de los centros de estudio y cuál debe ser la relación de estos con el “mundo social” en términos financieros?; curricular, ¿hacia dónde deben apuntar los proyectos educativos y los perfiles profesionales de los estudiantes universitarios?; extensión e investigación, ¿hacia dónde debe estar centrada la relación de las universidades con el medio social?; y ¿qué necesidades deben cubrir las investigaciones universitarias?
Como segunda tarea es necesario, además, esclarecer de manera nacional lo que entendemos por Educación Superior Pública y así contrarrestar la visión del Gobierno, los rectores, sus partidos políticos y la casta empresarial. Es así como debemos defender acérrimamente el sentido público de la educación, tomando los elementos anteriormente señalados como los ejes centrales del andamiaje de las universidades que queremos. Hoy debemos dejar en claro que para mejorar y fortalecer la educación pública, no necesitamos generar un símil del sistema de subvención en la educación secundaria que indiscutiblemente fracasó, por el contrario, necesitamos un financiamiento a través de aportes basales y donde las comunidades universitarias definen los horizontes de los recursos fiscales y su administración política.
Por último, debemos tener la suficiente claridad para entender que las tareas que nos hemos venido planteando desde hace largos años solo podrán ser resueltas al calor de una construcción político-social que involucre la participación de todos los actores sociales inmersos en el mundo de la educación (trabajadores de las universidades, funcionarios de establecimientos de educación primaria y secundaria, profesores, estudiantes secundarios, etc.) y las alianzas que debemos establecer con referentes y organizaciones de trabajadores. Esta debe ser una tarea a realizar a nivel territorial pero también con una vocación de articulación nacional, una tarea pendiente para todas y todos los estudiantes, en este año y los venideros.