Opinión
Ciencia pública, institucionalidad y soberanía: a propósito de la Comisión de Energía Nuclear
Hoy el país enfrenta un problema mayor que la renuncia de un director: la erosión de la verdad como criterio básico de decisión.
La solicitud presidencial de renuncia al Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), el físico Dr. Luis Huerta Torchio, constituye un caso paradigmático de cómo una narrativa construida sobre denuncias falsas puede terminar reemplazando la evidencia y debilitando instituciones científicas del Estado.
No estamos ante un episodio administrativo menor: estamos frente a una señal preocupante sobre la fragilidad de la verdad institucional en Chile, precisamente en un sector estratégico para la soberanía tecnológica del país.
Tengo la vivencia de trabajar como investigador en la CCHEN desde hace más de treinta años. Esta columna constituye una reflexión y opinión estrictamente personal, de mi exclusiva responsabilidad, y no representa la posición institucional de la CCHEN. Complementariamente, soy Presidente de la Sociedad Chilena de Física y ejerzo una responsabilidad directa en la promoción, resguardo y fortalecimiento de las instituciones científicas y tecnológicas del país.
Cuando la narrativa sustituye a los mecanismos del Estado: de la denuncia sin evidencia a la decisión política
Es importante precisar que, en este análisis, evidencia significa información verificable, trazable y sustentada en procesos formales del Estado, no afirmaciones anónimas ni apreciaciones personales.
Durante más de un año se instaló mediáticamente la idea de una “crisis” en la CCHEN. Esa narrativa fue construida a partir de denuncias sin sustento técnico, ético o administrativo, formuladas por la directiva de la Asociación de Funcionarios (AFUCOCHEN), respaldada para estas acciones apenas por un tercio de sus propios socios. No se trata de invalidar a un gremio; todo lo contrario: lo que preocupa aquí es la instrumentalización de una organización de trabajadores para instalar una versión falsa de la realidad, dañando su propia legitimidad y, con ello, la estabilidad y credibilidad de una institución científico-técnica del Estado.
Lo verdaderamente grave es que esas denuncias, nunca verificadas, fueron amplificadas por algunos medios sin la más mínima comprobación, incluso recurriendo a fuentes anónimas. Y no basta con alegar que se “consultó formalmente” a la institución antes de publicar: los medios conocen perfectamente las restricciones legales y administrativas que impiden a los organismos públicos entregar información de procesos en curso, y saben también que un director no puede responder públicamente a acusaciones personalizadas que mezclan datos tergiversados y afirmaciones sin sustento.
Existe aquí una asimetría evidente: mientras los acusadores pueden hablar sin limitaciones, el director está imposibilitado de defenderse sin afectar la propia institucionalidad que debe resguardar. Precisamente por eso la responsabilidad recae en los medios: es su obligación verificar hechos antes de prestarse, voluntaria o involuntariamente, para construir narrativas falsas. En este caso ocurrió exactamente lo contrario: la narrativa se instaló primero y la evidencia simplemente nunca apareció.
Y cuando esto sucede, no sólo se daña a una persona: se erosiona la verdad como bien público y se abre un precedente que debilita la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones científicas del Estado.
Lo sorprendente es que esa narrativa terminó siendo asumida por el entonces ministro de Energía, Diego Pardow, quien gestionó ante la Presidencia la solicitud de renuncia del Director Ejecutivo. Todo esto pese a que las cuentas públicas y las evaluaciones de Alta Dirección Pública muestran exactamente lo contrario: 100 % de cumplimiento de metas institucionales.
Aquí no se removió a un director cuestionado por su desempeño, sino a un director reconocido por su desempeño. Eso es extremadamente grave para una institución técnica del Estado.
La CCHEN: seguridad, salud, investigación y soberanía
La CCHEN no es un servicio cualquiera. Mantiene la seguridad radiológica nacional, produce radiofármacos para pacientes con cáncer, opera el reactor nuclear de investigación del país y desarrolla investigación en materiales, ecosistemas vulnerables, medicina nuclear, física nuclear, plasmas fusión nuclear y energía. Además, sostiene cooperación directa con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es, en su conjunto, infraestructura crítica del Estado y un componente esencial de la soberanía científica y tecnológica del país.
Los hechos: datos que contradicen la versión instalada
- Evaluación de desempeño. Huerta accedió a la CCHEN por Alta Dirección Pública, en 2020 como Jefe de la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares y luego en 2023 como Director Ejecutivo. Todas sus evaluaciones fueron del 100 %. No existe informe técnico que cuestione su gestión.
- Dotación y “fuga de talentos”. Algunos medios hablaron de deterioro interno y fuga de talentos. Sin embargo, la dotación creció de menos de 270 a más de 290 funcionarios, con incorporación de profesionales y reposición de personal clave. Ninguna cifra confirma la supuesta “fuga de talentos”.
- Radiofarmacia para cáncer. A pesar de las restricciones presupuestarias la institución duplicó la producción de Yodo-131 para cáncer tiroideo, llegando por primera vez, en coordinación con CENABAST, a centros desde Antofagasta hasta Valdivia.
- Infraestructura y modernización. Se construyó el Laboratorio de I+D de Tejidos Biológicos en colaboración con el Banco Nacional de Tejidos, inexistente en Chile, y se modernizó la seguridad del reactor RECH-1 con asesoría internacional.
- Cooperación nacional e internacional. Durante esta administración se firmaron dos acuerdos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en minería y usos del litio, y en investigación antártica. Se fortaleció la relación con la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de Estados Unidos. Se ampliaron colaboraciones con Argentina, Corea, España, Tailandia. A Nivel nacional con universidades, centros de investigación nacionales y la Academia Politécnica Militar.
Chile volvió a tener protagonismo nuclear regional.
- Ciencia, Gobierno e Industria. Se avanzó también en la articulación entre ciencia, gobierno e industria. En agosto de 2025, la CCHEN, con apoyo del OIEA, del Centro Latinoamericano de Física (CLAF-UNESCO) y de la Sociedad Chilena de Física, organizó la primera Conferencia Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Fusión Nuclear: Ciencia, Gobierno e Industria. El encuentro reunió al Ministro de Ciencia; al Presidente del Directorio de CODELCO; autoridades de ENAMI; al Director del Instituto Nacional de Litio y Salares; senadores y periodistas, junto a investigadoras e investigadores de Chile, América, Asia e India. Todo ello consolidó un espacio de cooperación multilateral de alto nivel, inédito hasta entonces en el país.
- Investigación y fondos externos: lo que realmente ocurrió. Una acusación repetida por la AFUCOCHEN sostiene que el director habría “favorecido áreas de su interés personal”. Esa afirmación es falsa.
La investigación es función legal de la institución y los recursos provienen casi exclusivamente de fondos externos concursables (ANID, CORFO, Ministerio de Ciencia), cuyo uso está estrictamente definido por las bases de los proyectos.
Bajo esta administración se adjudicaron equipamientos inéditos: un microscopio electrónico, un espectroscopio Raman y el MicroPET SPECT/CT. Con este último se creará el Laboratorio Público de Imagenología Molecular (P-MICE), inexistente en Chile y fundamental para biomedicina, neurociencias, radiofarmacia y formación avanzada.
Esto no responde a intereses personales. Responde a la misión institucional y a una estrategia científica legítima.
La dimensión geopolítica y la soberanía tecnológica
La CCHEN custodia capacidades que no solo pertenecen al ámbito científico, sino a la seguridad nacional, a la salud pública, al desarrollo energético y al posicionamiento internacional del país.
Ninguna nación medianamente seria permite que su infraestructura nuclear sea gobernada por rumores.
Lo ocurrido afecta directamente a nuestra capacidad de negociación internacional, nuestra autonomía tecnológica y nuestra posición regional en materias críticas como energía nuclear, medicina nuclear, litio y transición energética.
Debilitar instituciones técnicas es debilitar la soberanía de Chile.
La verdad institucional como bien público
Hoy el país enfrenta un problema mayor que la renuncia de un director: la erosión de la verdad como criterio básico de decisión. Si decisiones estratégicas se toman a partir de denuncias sin evidencia, i.e. sin información verificable, trazable y respaldada por procedimientos formales del propio Estado, ¿qué queda de la promesa de que las políticas públicas se sustenten en información verificable?
Si un director con desempeño sobresaliente puede ser removido por una narrativa falsa, ¿qué incentivo tienen futuros liderazgos científicos para asumir responsabilidad pública?
Si la evidencia deja de importar, la democracia pierde su fundamento racional.
La crisis verdadera
La verdadera crisis no ocurrió en la CCHEN. La verdadera crisis ocurre cuando permitimos que la especulación reemplace a la evidencia, cuando la verdad institucional es desplazada por la narrativa, y cuando la soberanía científica se vuelve vulnerable frente a intereses comunicacionales o presiones coyunturales.
Proteger la verdad institucional no es defender a una persona. Es defender el derecho del país a decidir sobre su futuro científico-tecnológico con base en evidencia, con sensatez, y no con base en rumores. Eso es literalmente defender la soberanía.
Porque proteger la verdad institucional es proteger la democracia. Y defender a nuestras instituciones científicas es defender el futuro del país.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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