El Estado de Derecho a prueba

La negativa a un proyecto particular no solo ha llevado a sacrificar definitivamente al Comité de Ministros, sino que ahora se pretende hacer lo propio con los Tribunales Ambientales. A estas alturas, el diagnóstico es claro y cuenta con un consenso transversal: en materia de evaluación ambiental y de sus vías de reclamo, la instancia del Comité de Ministros debe desaparecer.

No obstante, ningún Gobierno ha materializado actos positivos en esa dirección, hasta ahora. El Gobierno actual ha llevado su instrumentalización a niveles no conocidos. A propósito del proyecto Dominga, el actual Comité de Ministros, en junio de 2023 y en enero de 2025, ha contradicho de manera directa sentencias del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Eso sí es una novedad. Y ha puesto una lápida anticipada a dicho Comité, que solo debiera confirmarse con una iniciativa legal.

Pero si se pensaba que la oposición a un proyecto específico era causal suficiente para defenestrar al Comité de Ministros, ahora la apuesta ha aumentado: el “No a Dominga” ameritaría también dar una estocada a los Tribunales Ambientales. Estos entes, que ejercen jurisdicción, existen formalmente desde fines de 2012, y fueron creados justamente con el objeto de ofrecer un freno a los excesos de la Administración del Estado. Se trata de órganos independientes del poder político –uno en el norte, uno en el centro y otro en el sur del país–, que fundamentalmente velan por la legalidad de los actos administrativos de carácter ambiental.

Este viernes, el Tribunal Constitucional celebrará la audiencia asociada a la contienda de competencia que promovió el propio Comité de Ministros, representado por el Servicio de Evaluación Ambiental, donde se acusa a dicho tribunal ambiental de haberse arrogado poderes gubernamentales. Créalo o no, se sostiene que el Comité tiene la facultad discrecional de definir qué parte de los fallos ejecuta y qué parte no.

En Chile, el cumplimiento de los fallos judiciales se encuentra entregado, por disposición constitucional, a los tribunales que los dictan. Lo anterior tiene todo el sentido, ya que si fuera facultativo cumplir con ellos, probablemente muchas sentencias quedarían como meras declaraciones. Pero no, el constituyente ha reconocido que su ejecución es consustancial a la administración de justicia misma, no pudiendo separarse ambos elementos (dictar sentencia y hacerla cumplir). La ley, por su parte, históricamente ha entregado fuertes poderes a los tribunales para ejecutar sus decisiones, incluyendo medidas de apremio (incluido el arresto).

En el caso Dominga, el Tribunal Ambiental ya ha constatado que se han incumplido sus sentencias de 2021 y de 2024. ¿Qué propone el Gobierno? Cercenar las potestades de los Tribunales Ambientales, inhabilitándolos de hacer efectivos sus mandatos. Ellos –señala– deben sujetarse a los designios del Comité de Ministros y, en general, de la Administración.

Como se adelantó, lo anterior está pronto a ser conocido y resuelto por el Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista jurídico, el quid del asunto radica en confirmar que los Tribunales Ambientales, al igual que todo tribunal de la República, pueden o no dictar órdenes y adoptar medidas en pos del cumplimiento de sus sentencias. Se trata de un asunto resuelto desde hace mucho tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, pero que la posible aprobación de Dominga justificaría revisitar.

En definitiva, tenemos que la negativa a un proyecto particular no solo ha llevado a sacrificar definitivamente al Comité de Ministros, sino que ahora se pretende hacer lo propio con los Tribunales Ambientales. No sabemos qué viene después. Y no por nada el Tribunal Ambiental ha sido vocal en decir que el Servicio de Evaluación Ambiental está actuando de mala fe en este caso y que ha creado un conflicto artificial. Se trata de términos muy poco habituales que permiten dimensionar la gravedad del asunto.

Cuando ya es un consenso universal que solo el cuidado de las instituciones permite a un país progresar, este intento de erosión institucional desde el propio Estado y con posibles efectos sistémicos, es una señal mucho más que preocupante.