El proyecto de ley FES: un triple despropósito

Se encuentra en trámite en el Congreso desde fin de 2024 el sueño dorado del Frente Amplio: #NoMásCAE, y masificar aún más la gratuidad que a Bachelet se le quedó corta. Pero… es un proyecto que no tiene arreglo, porque su esencia es equivocada por partida triple.

Si hubiera que seleccionar un error de política pública, el más grave y populista desde el retorno a la democracia, sin duda que sería el desequilibrio presupuestal que introdujeron los presidentes Bachelet y Boric, al privilegiar el gasto en educación superior, comparado con educación escolar y, sobre todo, educación inicial. Lo comenzó Bachelet en 2014, anunciando la gratuidad universal (cambiando repentinamente de opinión de un día para otro), y lo prosiguió Boric con sus anuncios destemplados de fin del CAE al principio de su Gobierno, que indujeron a una gran masa de deudores a entrar en mora para que pague papá fisco.

El resultado: el gasto total en educación superior es hoy 2.4% del PIB, el más alto de la OCDE, comparado con 1.5% para el promedio de esos países. En educación inicial y escolar, esta cifra es de 3.5% tanto en Chile como OCDE . Y entonces, ¿por qué tanto alboroto, por solo 0,9% del PIB en exceso? Porque son “solamente” 3 mil millones de dólares anuales que el fisco y las familias están destinando en exceso a educación superior… en un país en que el 48% de los alumnos de 4º básico no comprende lo que lee. Las prioridades quedaron patas arriba.

Por cierto, los montos han ido creciendo como bola de nieve aun SIN este desdichado proyecto. Según el propio proyecto de ley FES, “desde 2006 y hasta el cierre de 2023, el fisco había desembolsado cerca de nueve mil millones de dólares, solo en el financiamiento del Crédito con Garantía Estatal”… como vimos, papá fisco tuvo que ponerse por los morosos, muchos de los cuales podían pero escogieron no pagar, impulsados por las declaraciones de Bachelet y Boric.

Los morosos por una verdadera incapacidad de pago son pocos, recordemos que los créditos son fácilmente pagables, pues desde 2012 tienen como tope el 10% de los ingresos del deudor. El 90,5% de quienes pagan lo hace entre 1 y 3 UF mensuales, así es que las lágrimas de cocodrilo, por lo menos a mí, no me conmueven.

El CAE

Este crédito se creó en 2005 para aumentar el acceso a la educación superior, vía préstamos con recursos fiscales y de la banca. Sin embargo, tenía una alta tasa de interés del 6% y sin topes de pago, además de un oneroso aval del Estado al no existir garantías reales ni obligación de pago de los deudores por no existir descuento por planilla. En 2012 se realizaron muy positivas correcciones, bajando la tasa de interés al 2% y estableciendo un sensato tope del 10% del ingreso del deudor. Obviamente los desempleados no pagan nada.

El CAE ha beneficiado a 1.219.000 personas entre 2005 y 2023, con un monto total de US$ 11.600 millones. Sin embargo, de los 896 mil deudores actuales, solo 356 mil están al día, 540 mil en mora y 410 mil con la garantía ejecutada. Obvio, si Boric me promete el oro y el moro, ¿yo para qué pago? La misma anomia que hoy vemos en el caso de las licencias truchas.

Despropósito 1: convertir un crédito en un impuesto

“Quienes se beneficien del nuevo instrumento asumirán la obligación de contribuir sobre la base de sus rentas y por un periodo específico de tiempo, equivalente a multiplicar por dos el número de semestres cursados, con un tope máximo de 20 años. Esta obligación se hará́ exigible una vez transcurridos 12 meses después del egreso, la deserción o la eliminación académica”.

Los egresados deben “contribuir” para retribuir el apoyo del Estado mediante parte de sus rentas futuras: sueldos, gratificaciones, honorarios, dividendos sobre acciones, ganancias de capital y cualquier renta que entre a su declaración tributaria del global complementario. La tasa cero aplica para ingresos menores de $500 mil, mientras que la tasa entre 2% y 6% aplica para ingresos entre $600 mil y $900 mil. La tasa del 7% aplica para ingresos entre 1 millón y 2,7 millones, y la tasa del 8% para ingresos superiores a 3 millones.

Por ejemplo, un egresado de Derecho en la U. de Chile con una deuda de $10.000.000 y rentas mensuales de $1,8 millones, pagará $30,2 millones en total, es decir, 3 veces la deuda original. Una ganga… Por cierto, si dadas estas onerosas condiciones, el estudiante opta por NO ingresar al esquema, no dispondrá de ninguna otra beca (por ejemplo la de Excelencia), pues las desaparecen todas de un plumazo en esta pasada. Genios.

Es el famoso “impuesto al egresado de altos ingresos” para financiar a los que no ganan tanto o quedan desempleados. Se rumorea jocosamente el “efecto Mick Jagger”: si el abogado se dedicó a la música y se convirtió en un Mick Jagger chilensis, ganando 50 millones mensuales, retribuirá sus estudios con la módica suma de $600 millones.

Ya nos imaginamos a este abogado en el momento de su contratación: “Porfa, págueme la mitad formal y la otra mitad con alguna boletita ideológicamente falsa, ya sabe, por la condenada deuda universitaria”. Convertir una deuda universitaria en un impuesto es un despropósito que, además, incentiva la informalidad laboral, pero con todo… es el menor de los despropósitos. Ya vienen dos mucho peores, téngame paciencia. Por cierto, ni hablaremos del enredado esquema de condonación de deudas a los morosos actuales, eso queda para otro día.

Despropósito 2: extender el esquema CAE a nueve deciles de ingreso en lugar de seis

… O sea, a la clase media. “El actual proyecto de ley FES de financiamiento a la educación superior propone un financiamiento total a cualquier estudiante en carreras adscritas al sistema y la cobertura de este beneficio se extenderá por la duración formal de la carrera más un año adicional, sin pago de matrícula ni arancel para las y los estudiantes hasta el noveno decil de ingresos. Las instituciones de educación superior (IES) podrán cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios del décimo decil”. Resulta fácil imaginar cómo los postulantes del décimo decil harán desesperados esfuerzos por disfrazar sus ingresos familiares para quedar en el noveno y así no tener que ponerse con el copago.

Cifras ilustrativas con un ejemplo cualquiera: la PUC en 2023  muestra ingresos por aranceles de pregrado de $153 mil millones, con el CAE aportando apenas $23 mil millones, mientras que los recursos propios de los alumnos de los deciles 7, 8, 9 y 10 alcanzan los $100 mil millones. Al quitársele los ingresos por copago de los deciles 7, 8 y 9, el déficit de una de las dos mejores universidades del país se hará virtualmente inmanejable.

Dicho en corto, el sueño populista de Bachelet y Boric se alcanza con este proyecto, dándole gratuidad no solo a seis (como era hasta ahora) sino que a nueve deciles. Si antes tenían gratuidad los que provenían de hogares de menos de $1 millón de ingresos mensuales, ahora se extiende aproximadamente hasta los de $2.5 millones mensuales. ¿La firme? Saquemos plata fiscal que normalmente iría a los más pobres o a la educación inicial para dársela a la base electoral del Frente Amplio.

Si a las IES solo se les permite cobrar un copago a estudiantes del décimo decil, estarán muchísimo más afligidas que ahora con estos aranceles regulados, matando así la innovación docente, la investigación y la extensión, si es que no a la universidad completa. Este es el segundo despropósito, populista in extremis y muy grave, pero… hay otro más, arrastrado desde antes, que ahora se mantiene y profundiza.

Despropósito 3: la eternización de los aranceles de referencia

… Que ahora se llamarán aranceles regulados, que no es lo mismo pero es igual. Estos fueron inventados junto con la gratuidad, como una manera de “dar gratuidad pero no tanto”, obligando a muchas universidades o carreras a ponerse con la diferencia respecto al costo real de las mismas. Siguiendo con el ejemplo anterior, el costo real de la carrera de Derecho en el caso PUC es de 7.7 millones, y el arancel regulado o de referencia es de 4.9 millones. Antes, aplicado a 6 deciles, ahora a 9, calcule usted.

¿Hay alguna manera sensata de calcular el costo real de la carrera de ingeniero agrónomo o de medicina, en Antofagasta o en Valdivia? Con este esquema, los dichosos aranceles seguirán per secula seculorum martillando la cabeza de los rectores, hasta que saquen bandera blanca, renuncien o cierren la universidad por fuera.

Los gelatinosos impactos financieros del proyecto

Según la Dipres, los efectos financieros del FES en régimen –suponiendo que todos se cambian al nuevo esquema– significarán un ahorro fiscal de $563 mil millones anuales, en diez años más. Los supuestos son bastante heroicos y este podría fácilmente transformarse en déficit si es que toman la gratuidad algunos que hoy no tienen CAE y que están en los deciles bajos o intermedios, a los que el SII no les podrá cobrar casi nada al egreso si caen en los tramos de tasas bajas o exentas.

Además, la otra cara de la moneda es que este supuesto ahorro fiscal irá acompañado de nuevos déficits en las IES, porque estas instituciones tendrán que sacar, de quien sabe dónde, una enorme cantidad de dinero para cubrir la diferencia entre los aranceles regulados y el costo real de las carreras. Asimismo, estos cálculos son para el décimo año de implementación, cuando el SII ya les estará cobrando a los egresados. Al principio, mucho gasto adicional puro y duro, en detrimento de…. adivine… la educación inicial y escolar.

Hay salida

Alguien podría decir que no se puede dar marcha atrás con este penoso proyecto de ley, so pena de movilizar en las calles a los mismos que se movilizaron en el 2011, lo que se tradujo en la creación de Frente Amplio como la fuerza política emergente, esa que llegó al Gobierno cabalgando a lomos de la gratuidad y el fin del CAE. No le faltaría razón. Pero en proponer no hay engaño. Aquí vamos, con nueve propuestas, complementarias entre sí:

1. Descartar este proyecto. Kaput. Finish. No tiene rescate alguno, no hay manera de “ajustarle las tuercas”.
2. Mantener el CAE tal como está, porque fue muy bien diseñado en su última versión hasta el 6º decil de ingreso, para no empeorar aún más la carga fiscal. Un préstamo tiene la gran virtud de que no añade al déficit, la gratuidad en cambio es gasto y un impuesto a los graduados también lo es, especialmente al inicio del esquema y por varios años, justo ahora que estamos en vacas flacas.
3. En el caso de universidades estatales (cuya matrícula es comparativamente muy pequeña), extender el CAE hasta el 8º decil. El Estado es su dueño y, como en Europa, los dueños tienen el deber de cuidarlas bien.
4. Recalcular todos los aranceles regulados, de modo que se fijen topes sensatos de gasto al CAE para cada carrera.
5. Mantener los otros esquemas de becas que este proyecto eliminaba, por el vano intento de meterlos a todos en el mismo redil.
6. Decretar libertad total a las IES –incluidas las estatales– para cobrar los copagos que estimen pertinentes, en los tramos de deciles que mejor les parezca, y de dar las becas totales o parciales que estimen convenientes. Ellas y los postulantes podrán decidir informada y transparentemente lo que más les convenga. De esta manera, además, se morigera el impacto de los aranceles regulados, de una manera flexible.
7. Condonar las deudas vigentes pero solo a aquellos que auténticamente lo requieran, y cobrar sin misericordia a los que tengan ingresos adecuados según datos del SII.
8. Mantener la única buena medida de este pésimo proyecto, cual es sacar a la banca del medio y dejar todas las transacciones a cargo del SII y la Tesorería, con repago automático de los créditos.
9. Fijar un tope inflexible al gasto público total en educación superior, manteniéndolo en el nivel de 2024 por a lo más un par de años como % del PIB, ajustando para ello todas las políticas, presupuestos y subsidios institucionales y personales a este tope. Luego, ir descendiendo gradualmente durante una década hasta los niveles promedio OCDE. El monstruo de la educación superior no puede seguir devorando dinero.