Desarrollo económico para el bienestar: un horizonte de futuro

Los años electorales pueden ser una oportunidad para discutir proyectos de sociedad. Con el cronograma electoral ya en marcha –primarias mediante– se han realizado promesas de campaña en base a distintos diagnósticos. Las candidaturas en materia económica, hasta ahora, han centrado sus programas en torno al crecimiento. Esto se debe en parte a que desde el retorno a la democracia, Chile fue admirado como un ejemplo de progreso económico y estabilidad institucional, sustentado en un modelo que combinó expansión productiva, políticas macroeconómicas prudentes y una diversificación exportadora relativa.

Sin embargo, este ciclo –centrado entre 1985 y 1998– en donde se observaron tasas de crecimiento del producto interno bruto de aproximadamente 7% anual en promedio, con tasas de crecimiento del ingreso per cápita de entre el 5% y 6% por año, estuvo anclado en una expansión de la capacidad productiva como motor del crecimiento que hoy en día ya no se observa. 

En las últimas décadas lo que se ha experimentado es una ralentización del crecimiento y una permanente caída de la productividad producto de un agotamiento relativo del modelo de crecimiento seguido por Chile durante el siglo XXI, esto a pesar de repuntes limitados mejor explicados por shocks externos, como lo fue en su minuto el llamado Boom de los commodities (2003-2007).

Frente a este dilema, la iniciativa nacional ha sido escasa y, pese a alternancias en el poder, los pilares institucionales del modelo se han mantenido: una política monetaria centrada exclusivamente en el control inflacionario, una política industrial débilmente articulada por el Estado, una liberalización financiera pronunciada, una apertura comercial sin suficientes pretensiones de sofisticación productiva y una política fiscal regresiva. 

Esta arquitectura ha limitado la capacidad de potenciar la innovación y la complejidad de nuestra economía, ha perpetuado la centralidad de sectores primarios y ha restringido los márgenes para abordar desigualdades estructurales. Pero no solo eso, la suma de tales elementos ha generado empleos en sectores con baja productividad y con alta desigualdad salarial, además de un Estado con insuficientes recursos para atender requerimientos sociales crecientes como la demanda por más seguridad o mejor salud.

Así, una de las consecuencias más visibles del deterioro de nuestro modelo productivo se observa en los déficit fiscales que permanentemente ha enfrentado el país en la última década y media.

A este panorama interno se suman transformaciones globales que redefinen nuestra inserción internacional. La guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China afecta las exportaciones del país y cuestiona la certeza de los tratados de libre comercio. Por otra parte, el impacto del cambio climático y la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, también están modificando las reglas del juego del capitalismo global.

Para una economía pequeña como la chilena, estos cambios implican desafíos significativos que exigen repensar con urgencia una estrategia de desarrollo acorde a este nuevo orden mundial.

Diagnósticos y balances: en clave electoral

¿Qué es lo que plantean las distintas candidaturas? Los discursos de la oposición califican la situación económica del país como desastrosa, apuntalando la idea de que el Gobierno “lo ha hecho todo mal”. Estos sectores proponen como solución acelerar los tiempos de inversión mediante una reducción drástica –casi eliminación– de los permisos que existen para equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades y el medio ambiente.

También sugieren rebajar drásticamente la tasa del impuesto a las grandes empresas sin plantear cómo compensar los ingresos fiscales. Incluso proponen una flexibilización en el empleo eliminando derechos laborales bajo la consigna de “reducir costos de contratación”, los cuales son vistos como frenos para la inversión, como la indemnización por años de servicio.

Frente a esta disyuntiva, una lectura alternativa presente dentro del progresismo interpreta el estancamiento económico como resultado de haber dejado en segundo plano la importancia del crecimiento. Desde esta perspectiva, reactivar el debate en torno al crecimiento significaría retomar prácticas que fueron exitosas en las primeras dos décadas de la democracia en Chile.

No obstante, esta explicación resulta limitada. Por un lado, porque el propio trayecto que ha seguido el país desde fines del siglo XX ha contribuido a los límites del modelo actual de desarrollo. Por otro, porque el entorno internacional ha cambiado de manera profunda, tanto en términos geopolíticos como en las dinámicas productivas y comerciales

Ambas alternativas prefieren omitir en su reflexión que las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales e históricas –tanto nacionales como internacionales– han cambiado profundamente, y que los escenarios del pasado no son replicables. Sin embargo, esto tiene los límites que ya conocemos, entre ellos, el mismo estancamiento de la productividad y una solución parcializada a demandas sociales como salud, seguridad pública y seguridad social.

Por el contrario, una salida alternativa es abordar el futuro con planificación, orientada hacia un desarrollo centrado en el bienestar, que incorpore a todos los actores y sus demandas. Tampoco esta salida se trata exclusivamente de delegar todo al Estado, sino de establecer una coordinación efectiva entre este y la sociedad civil.

Hacia un horizonte de futuro

Una agenda programática de izquierda debe abandonar las consignas abstractas y avanzar hacia propuestas concretas que orienten al país por una senda de desarrollo económico inclusivo, que apunten a incrementar el bienestar de nuestras y nuestros compatriotas. Ya no basta con invocar un “nuevo modelo de desarrollo” o una anhelada “diversificación productiva” como principios generales.

Debemos, en cambio, avanzar hacia una ruta concreta, un camino centrado en los “cómo”, para encaminar con medidas específicas un camino al bienestar que fortalezca las bases materiales de nuestra democracia y marque la ruta hacia una economía más compleja y justa.

Persiguiendo ese objetivo, como fundación Nodo XXI buscamos aportar al debate programático de la izquierda y la centroizquierda con nuestra propuesta: “Desarrollo para el bienestar de Chile. Un camino de libertad, seguridad y solidaridad”

Proponemos que la solución pasa por fijar una política industrial clara de mediano y largo plazo enmarcada en una estrategia de desarrollo para el bienestar. Esta solución requiere de un rol marcado del Estado como coordinador e impulsor de esta estrategia, y plantea cambios sustantivos en las relaciones sociales, la propiedad de la riqueza y los proyectos personales y colectivos de las personas: esto se logra mediante una modernización industrial alineada con una estrategia al 2050, que incluya la integración de ciencia y producción estatal, financiamiento preferente para empresas alineadas a esta estrategia y fortalecer la inversión pública productiva.

Asimismo, es indispensable una transformación profunda en las relaciones laborales que permita a trabajadores y trabajadoras participar activamente en la generación y distribución de la riqueza. Esto supone garantizar derechos laborales robustos y condiciones que permitan mejorar la calidad del empleo y ampliar el acceso al trabajo digno, especialmente para mujeres y sectores históricamente marginados.

En contrapartida, el aumento de la productividad debe ser un objetivo central para nuestro proyecto, mediante la incorporación de más personas al mercado laboral y el fortalecimiento de sus capacidades, lo que se alcanza con medidas como reorganizar la oferta programática de subsidios de empleos o garantizar la sala cuna universal. Complementariamente, invertir en formación, innovación y tecnología será clave para elevar el valor agregado de nuestra economía y avanzar hacia una mayor soberanía productiva.

Este camino requiere de un rol activo del Estado en la coordinación de la estrategia de desarrollo y en dirigir respuestas ante las crecientes demandas sociales. Para ello requerimos una política fiscal responsable pero ambiciosa, que permita financiar los cambios necesarios sin sacrificar sostenibilidad.

Así, la consolidación de un sistema tributario progresivo –que reduzca la carga sobre los hogares de menores ingresos y eleve el aporte de los sectores de mayores recursos– será una condición fundamental para reducir la desigualdad y dar legitimidad social al proceso de desarrollo. Por esto se requiere devolver una parte del IVA por compra de bienes y servicios básicos a los hogares más pobres junto con un impuesto a los altos patrimonios y la desintegración del sistema tributario.

En definitiva, lo que está en juego en esta elección presidencial no es solo cómo volver a crecer, sino también la construcción de una salida democrática al estancamiento que responda a las preguntas de cómo, para qué y para quién se crece. La disyuntiva entre continuidad y transformación no se resuelve con tecnicismos, sino en una definición política sobre el país que queremos construir.

Ante un modelo que muestra signos de agotamiento estructural, como izquierda tenemos la oportunidad –y la responsabilidad– de articular un proyecto que dé respuestas concretas a los desafíos del presente, sin renunciar a la promesa de un futuro más justo y compartido.