El sistema político: una oportunidad para la participación ciudadana

En estos días se ha dado, por fin, avance a la tramitación de la reforma al sistema político, luego de que el Senado aprobara el proyecto que, entre otros elementos, añade un umbral de 5% de votación para permanecer como partido político, propuesta que pretende disminuir la fragmentación que genera ingobernabilidad al interior de la Corporación representativa.

Sin embargo, la discusión ha manifestado un punto ciego bastante importante, pues ha partido de la premisa implícita de que lo único relevante para un sistema político sano es el funcionamiento de los partidos. Y si bien la literatura en ciencia política unánimemente indica la importancia de los partidos para el bienestar de un sistema democrático, ello no quiere decir que el funcionamiento del sistema partidario sea el único mecanismo a través del cual se asegura la calidad y efectividad de una democracia.

En ese sentido, sin querer reemplazar la representación parlamentaria como núcleo central del devenir político, es posible combinar aquella con otras formas de participación ciudadana que acerquen a las personas a momentos determinantes de las decisiones públicas, produciendo así mayor cercanía entre la experiencia política y la experiencia cotidiana.

Al respecto, aunque la desconfianza ciudadana con los partidos ya se transformó en un hecho de la causa, es decidor el siguiente dato específico: según el informe Ipsos sobre populismo de este año, en Chile un 76% está de acuerdo con la afirmación de que “los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan de la gente como yo”.

La democracia deliberativa apuesta por entender que una decisión es más legítima cuando ha pasado por un proceso de discusión racional entre todos los ciudadanos, o, al menos, entre todos los potencialmente afectados. Este paradigma apunta así a superar una concepción meramente agregativa de la democracia, que la entiende solo como una suma de intereses y preferencias individuales que se expresan mediante el voto.

La deliberación entre ciudadanos puede producir mayor legitimidad por la vía de incrementar la información disponible, los puntos de vista tenidos en cuenta y por la posibilidad de transformar las preferencias previamente formadas; así, es posible que la deliberación se dirija al consenso, o, cuanto menos, a una decisión que cuente con la aquiescencia de los participantes que se han visto compelidos por la fuerza de las mejores razones. En definitiva, la deliberación fortalece la fuerza epistémica de las decisiones democráticas.

La deliberación se puede materializar en la práctica a través de diversas instituciones que puedan recoger la opinión ciudadana examinada, agregándola como input al proceso político. En este sentido es ejemplar la experiencia de la Asamblea de Ciudadanos de Irlanda (2016-2018), mecanismo que seleccionó a 99 ciudadanos escogidos aleatoriamente de manera representativa –es decir, que la muestra de ciudadanos fuera representativa de la diversidad social y cultural del país–, y que logró generar una influencia altamente significativa en la discusión parlamentaria sobre materias constitucionales controvertidas como el aborto, la acción ante el cambio climático y los mandatos electorales.

Tampoco se trata de reinventar la rueda, para aquellos que temen que la experiencia deliberativa sea demasiado ajena a nuestra tradición política. El anteproyecto de nueva Constitución presentado en 2023 por la Comisión Experta propuso recoger el principio de la amplia deliberación ciudadana (artículo 39 n° 2), y establecer mecanismos tales como la iniciativa popular de ley o iniciativa de derogación de ley (artículos 47 y 48), audiencias o consultas públicas en la Administración del Estado (artículo 49) y foros de deliberación ciudadana (artículo 50), entre otros.

Estos mecanismos de participación y deliberación se proponen como completamente engranados con el funcionamiento habitual del sistema político.

Así, la reforma al sistema político podría beneficiarse de una mirada más amplia, incorporando además los aprendizajes de la discusión constitucional que, aunque fuera rezagada al ser rechazadas las propuestas, significaron también un avance y una puerta de acceso a formas capaces de producir mayor legitimidad.

Discutir el sistema político chileno como si lo único relevante de modificar fuera el estatuto y reglas de los partidos políticos es ser partícipe de una miopía. En pleno siglo XXI, limitarse a pensar la política únicamente desde el clásico y tradicional sistema representativo ignora la importancia que la legitimidad ciudadana tiene para consolidar una democracia sana.

Es deseable que el debate se expanda hacia contemplar nuevas y mejores formas de participación y deliberación que, sin suplantar la representación partidaria, contribuyan a una política más cercana, honesta y efectiva.