¿Por qué entre la clase gobernante y el pueblo gobernado “la distancia es cada día más grande”?

En nuestro Chile, una de las mayores demandas sociales es que “se dicten leyes”. Para miles de cosas. Podría decirse que no hay quien no quiera una ley propia que resuelva sus problemas. Es, por otra parte, posible de percibir que la velocidad del acontecer social supera con creces la capacidad de regularlo a través de la pura actividad legislativa. Es, también, el principal motivo por el cual se tiende a tramitar las leyes respondiendo a los intereses de grupos minoritarios que poseen capacidad de presión fáctica y/o de expresión preferente. 

Es, además, y digámoslo, la gran causa del creciente distanciamiento entre la clase gobernante y el pueblo gobernado. Mucha promesa y programas ambiciosos y poco cumplimiento o cumplimiento que se ve poco. 

La paz social en la vida del país exige que la ley de la gravedad de la economía y de la política no funcione al revés. O sea que las cosas no caigan preferentemente “pa’rriba”, porque así “la distancia con los de más abajo es cada día más grande”. Al igual que más compleja la tarea de dar gobierno, a quien le toque el turno de hacerlo.

Los caminos de salida a esta especie de “embotellamiento” -como dicen en México- no van únicamente por agilizar los mecanismos de regulación externa –o sea, de las leyes y de otros dictados de autoridad– sino que por fortalecer mecanismos de regulación interna –o sea éticos– y, por supuesto, los de participación social que posibiliten acercar la solución de muchos problemas o necesidades directamente por quienes los experimentan. 

Regular el acontecer social exige, entonces, la flexibilidad suficiente como para asumir que el cambio es permanente -evolutivo o revolucionario- y que debe ajustarse a las complejidades presentes y futuras de la realidad como lo son, entre otras, las derivadas del avance científico y tecnológico, del calentamiento global del planeta, del cambio climático y de los fenómenos demográficos. 

Quedarse atrás, por ejemplo, durante más de un siglo con una estructura social sostenida sobre la base de la dualidad “empleadores y trabajadores dependientes” se ha traducido en un volumen creciente de población marginada de muchos derechos. Causa y consecuencia de eso es la “subcontratación”, cuyos dependientes -al igual que los “trabajadores por cuenta propia”- tienen en muchísimos casos como “techo”, más que como “piso”, el “ingreso mínimo mensual” y/o los beneficios que la solidaridad del Estado les alcance a otorgar. 

El cambio social y sobre todo su paz requieren, por de pronto, subir los “techos” o crear nuevos como fue la PGU, propuesta por Yasna Provoste y Gabriel Boric en sus programas de gobierno de 2021 y que Piñera no dudó en recoger al final de su mandato haciéndolo su principal legado. ¡Bien por todas y todos!  

Desde otra perspectiva, próximos a las elecciones de noviembre 16, vale la pena observar algunas propuestas de los “promitentes proponedores” de las derechas, si llegan a La Moneda. Sin duda, son producto de su visión neoliberal de la sociedad, una de cuyas características esenciales es concebir la seguridad como “la represión necesaria para que la genética de la economía capitalista funcione”. Sin mala fe, sino por convicción imaginan que la democracia es el mercado que debemos cuidar. Por eso, sienten que el poder les habilita para hacer lo que quieran sin decir cómo. Por eso venden como prioritarias ciertas propuestas imposibles Si no, que explique Kast en su plan de seguridad ¿cómo expulsará 350 mil migrantes “ilegales”, de a 100 por avión y cada uno pagando su propio pasaje? O Kaiser ¿dónde construirá las 90 mil plazas en cárceles de baja seguridad de modo que “si alguien se roba un Súper 8, termine pagando con cárcel”? O Matthei ¿cómo construirá en la frontera un campamento “tipo minero” donde fiscales y jueces tramiten expulsiones inmediatas a migrantes que se cuelen por pasos inhabilitados? O Parisi ¿cómo hará funcionar 5 “barcos cárceles” gestionados por gendarmería con apoyo de la policía marítima, cada uno con capacidad para 500 reclusos de alta peligrosidad, quienes deberán pagar su propia estadía?  

No es para reírse. Así se contiene la distancia entre el mundo que vive el pueblo más sencillo y el que interesa al mundo de las derechas. 

Contrastan, evidentemente, con una de las propuestas humanistas y más sentidas de Jeannette Jara: crear el ingreso vital de 750 mil pesos como “piso mínimo” en el plazo de cuatro años. Puede ser ambiciosa, pero es factible dando apoyo estatal a las pymes o directamente a los trabajadores. Así se acorta la distancia con los de arriba y busca, según ella ha declarado, uno de los objetivos principales de su Gobierno: “que las familias puedan llegar a fin de mes”. 

El pueblo gobernado cuenta mucho más de lo que las derechas sienten o creen. La invitación es a que lo hagan, al menos, un poco.