Chile, un camino a la autocratización (Parte 1)

Si los sondeos se concretan y José Antonio Kast resulta ganador en segunda vuelta, el escenario que se avecina no es solo incierto, sino profundamente preocupante. Los impactos de un gobierno de derecha radical sobre la democracia y la administración del Estado en Chile durante los próximos cuatro años serían significativos.

Para este análisis, me apoyaré en el texto  A third wave of autocratization is here: what is new about it? de los profesores Anna Lührmann y Staffan Lindberg. Los autores no solo presentan datos sobre las olas de autocratización en los siglos XX y XXI, sino que también identifican factores distintivos de la actual. A diferencia de olas pasadas, en las que tanques y militares tomaban el poder por la fuerza, la característica principal de esta tercera ola es que sus líderes llegan al poder por la vía institucional. Sin embargo, una vez en él, inician un lento proceso de erosión democrática.

Este proceso impacta no solo en las libertades civiles y la participación política, sino que también genera un déficit en la gestión económica. La promesa de “eficiencia fiscal” suele basarse en recortes específicos a la política social. En Chile, pese a que la focalización ha sido un instrumento utilizado en la lucha contra la pobreza, en un contexto de erosión democrática, este enfoque puede profundizar la desigualdad y debilitar el tejido social.

Existen factores a los que, como ciudadanía, debemos prestar especial atención. Uno es el reforzamiento del Poder Ejecutivo, que atenta contra el equilibrio de poderes, base de la democracia liberal. El propio programa de Kast plantea la posibilidad de gobernar por decreto, argumentando la ineficiencia del Congreso para tramitar normas “urgentes”. Bajo la premisa de la “emergencia” nacional, se propone un bypass institucional para legislar, lo que constituye un riesgo evidente.

En este contexto, el Poder Judicial chileno, que atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad, podría ser objeto de reformas en su sistema de nombramientos. Si bien una reforma bienintencionada podría ser positiva, en un escenario de autocratización, esta “ventana de oportunidad” puede servir para cooptar a las cortes. El programa de Kast dice poco al respecto, pero la experiencia internacional es elocuente.

En Estados Unidos, los nombramientos de la Corte Suprema realizados por Trump inclinaron la balanza a su favor, otorgándole impunidad frente a diversos procesos judiciales y permitiéndole competir por la presidencia a pesar de sus múltiples imputaciones. La Corte no ha podido procesar con eficacia el asalto al Capitolio de 2021. En contraste, en Brasil, un Poder Judicial autónomo sí logró condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y por liderar una organización criminal. La diferencia entre ambos casos radica en la fortaleza de las instituciones.

Otro patrón común es el debilitamiento de los partidos políticos. Los autócratas suelen debilitar su autonomía y su funcionamiento. Trump, por ejemplo, debilitó al Partido Republicano con su movimiento MAGA. No solo lo “compró”, sino que fue eliminando otros liderazgos internos que pudieran hacerle contrapeso, financiando competidores en las primarias para construir una hegemonía absoluta.

Este escenario es particularmente riesgoso para Chile, donde los partidos ya se encuentran desenraizados socialmente y despolitizados, transformados en meras máquinas burocráticas para los ciclos electorales. Este contexto es un caldo de cultivo para reformas que, por ejemplo, supriman el financiamiento público de la actividad política o debiliten a los organismos electorales. Los cuestionamientos al Servel, provenientes no solo de la extrema derecha sino también de seguidores de Parisi, son un síntoma de esta tendencia.

El control sobre la prensa y la persecución de periodistas es otro síntoma clásico. Estos líderes suelen estigmatizar a los medios, acusándolos de estar en su contra. Donald Trump es conocido por insultar a periodistas mujeres con epítetos como “estúpida” o “cerdita”, y reorganizó las coberturas en la Casa Blanca para excluir a medios críticos. Un escalón más grave lo vemos en El Salvador, donde el medio El Faro sufre una persecución directa. Sus periodistas, por informar sobre el pacto de Bukele con Las Maras, no pueden ingresar al país por miedo a represalias y a terminar en las notorias cárceles de alta seguridad del régimen.

Finalmente, la “batalla digital” o “batalla cultural”, como la denomina Agustín Laje, se libra en redes sociales mediante la difusión de mentiras y ataques coordinados. Feministas, comunidades LGBTQIA+, ambientalistas e indígenas son blancos directos de estas milicias digitales. En Brasil, el “Gabinete del Odio”, cercano a Bolsonaro, difundía fake news y perseguía a opositores. En Argentina, Javier Milei y su ejército de colaboradores lideran a diario esta guerra con un tono ofensivo que, según la académica Ana Slimovich, normaliza comportamientos discriminatorios y violentos tanto en internet como fuera de él.

En una segunda entrega desarrollaremos aspectos como el desmantelamiento de los derechos humanos, las restricciones a la sociedad civil, el backlash de género y sus efectos en la política social.