Opinión
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Importa quién gane, sí, pero también el futuro ambiental de Chile
Esta elección es decisiva. No porque cambie de inmediato la situación ambiental, sino porque fija la manera en que Chile pensará, enseñará y administrará su territorio. Define el tipo de ciudadanía que formaremos y el valor que asignaremos al agua y la biodiversidad.
Las elecciones del 14 de diciembre no solo definirán quién gobierna Chile, sino qué tipo de ciudadanía formaremos en la próxima década. Cada gobierno, más allá de su programa, enseña una forma de mirar el territorio, de relacionarse con los ecosistemas y de valorar el uso de los recursos naturales, el turismo, la conservación y las áreas silvestres protegidas. Las políticas públicas moldean visiones de mundo y jerarquizan qué se considera valioso para la vida en común.
Como recordó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, la crisis ambiental no es solo técnica, sino ética y cultural: revela cómo entendemos nuestra “casa común” y el lugar que creemos ocupar en ella. En un Chile ambientalmente frágil, lo que está en juego no es solo la administración del Estado, sino el tipo de país y de ser humano que estamos dispuestos a formar.
Un gobierno puede promover una ciudadanía que vea el país como un conjunto de bienes comunes: consciente de la fragilidad de los ecosistemas, respetuosa de los paisajes y responsable de su cuidado. Otro puede consolidar una ciudadanía más desconectada del entorno, que trata la naturaleza solo como recurso y normaliza el uso intensivo del territorio, debilitando la idea de corresponsabilidad. Esta columna busca analizar las propuestas programáticas de ambos presidenciables y, a la vez, rescatar algunas ideas valiosas planteadas por otros candidatos.
Dos miradas opuestas: la pedagogía del territorio vs. la pedagogía del recurso
En este sentido, la diferencia entre las propuestas de Jeannette Jara y José Antonio Kast no radica únicamente en sus énfasis políticos, sino en la pedagogía implícita que cada una instala. El programa de Jara propone transformar las ciudades mediante infraestructura verde, corredores ecológicos, áreas verdes de baja demanda hídrica, protección patrimonial con criterios de sostenibilidad y una Ley de Transición Socioecológica Justa que acompaña a comunidades dependientes de actividades contaminantes. Estas medidas, más que simples intervenciones urbanas, configuran un entorno que educa: permiten que las personas lean la relación entre agua, clima, vegetación, salud y cultura; enseñan que la transición ecológica no se impone, sino que se dialoga; y revelan que la justicia ambiental es parte de la vida cotidiana, no solo de la regulación. Aquí, la política pública se convierte en un marco pedagógico que forma ciudadanía a través del diseño del territorio.
La propuesta del candidato Kast, en cambio, se sustenta en otro enfoque. Su énfasis en agilizar permisos, reducir exigencias ambientales, simplificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), acelerar proyectos productivos y promover la inversión en hidrógeno verde refleja una visión donde el territorio se concibe ante todo como recurso disponible para el crecimiento. Aunque incorpora una Ley de Responsabilidad Ambiental y mejoras en gestión de residuos, la estructura general del programa privilegia la velocidad de la inversión sobre los procesos deliberativos y educativos. Esa elección también educa: transmite que los ecosistemas son un stock utilizable, que la participación ciudadana es prescindible y que la protección ambiental se resuelve con fiscalización posterior más que con formación, prevención y participación temprana. Es la pedagogía del recurso por sobre la pedagogía del bien común.
Lo que aportarían los demás programas: ideas que sirven
Las propuestas de los otros candidatos fueron diseñadas para una campaña que ya quedó atrás, pero varias de ellas seguirían siendo útiles si Jara y Kast decidieran incorporarlas, no para sumar un voto más, sino por la convicción de ser mejores cartas presidenciales en un país donde lo ambiental debiera ser prioridad.
Matthei había levantado una idea potente de ciudades resilientes que, articulada con escuelas y universidades, podría convertir el espacio urbano en un laboratorio vivo de formación ciudadana en torno al territorio. Mayne-Nicholls había instalado el agua como sistema —cuencas, reuso, desalinización, gobernanza integrada— ofreciendo un enfoque clave para enfrentar con seriedad la crisis hídrica. Enríquez-Ominami había sumado una agenda del agua y de economía azul que podría contribuir a una mirada más completa sobre el territorio, aunque sin un componente formativo claramente desarrollado.
Parisi, por su parte, había propuesto Escuelas Sostenibles certificadas SNCAE y Asambleas Climáticas vinculantes, medidas con alto potencial para profundizar el vínculo entre escuela, comunidad y acción climática, pese a las contradicciones de su propio programa en materia de agua y transgénicos. Si Jara y Kast miraran hoy ese repertorio con menos cálculo electoral y más sentido de país, encontrarían allí insumos concretos para mostrar que el tema ambiental no es un adorno programático, sino un eje desde el cual gobernar.
Estas piezas aisladas revelan que Chile podría construir una política robusta de educación ambiental y gobernanza territorial si existiera voluntad de integrar estas miradas complementarias. Pero esa integración depende justamente del marco político que se elija el 14 de diciembre. Se escogerá si la educación ambiental sigue siendo un esfuerzo voluntarista, dependiente de escuelas motivadas, o si se convierte en parte estructural de la política pública; si la ciudadanía tendrá voz en las decisiones territoriales o si los conflictos seguirán resolviéndose mediante desregulación; si el país leerá sus ecosistemas como bienes comunes que requieren cuidado o como reservas económicas que exigen habilitación rápida; si enfrentaremos la crisis climática con formación, participación y cultura democrática, o con una lógica de apuro que confía en la técnica y el mercado más que en la ciudadanía.
Por eso esta elección es decisiva. No porque cambie de inmediato la situación ambiental, sino porque fija la manera en que Chile pensará, enseñará y administrará su territorio. Define el tipo de ciudadanía que formaremos, el valor que asignaremos al agua y la biodiversidad, y la cultura pública que sostendrá las próximas décadas. En última instancia, decide si queremos vivir en un país que se educa para entender sus límites y posibilidades o en uno que vuelve a la comodidad del crecimiento rápido sin conversación democrática sobre sus costos.
El 14 de diciembre Chile no elige solo un gobierno. Elige qué país quiere aprender a ser.
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