El destino de dirigir a Chile

Juan Antonio Ríos es el único presidente que, desde el siglo XX hasta hoy, cursó estudios universitarios de pregrado fuera de Santiago, específicamente en el Curso Fiscal de Leyes de Concepción. Su mandato se distinguió por una decidida apuesta por la industrialización, expresada en la creación de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y en la prospección petrolera en Magallanes. Aunque concebidas con una visión de alcance nacional, estas iniciativas tuvieron efectos especialmente transformadores en regiones.

Esa orientación se profundizó bajo otro mandatario nacido fuera de la capital, Gabriel González Videla, oriundo de La Serena, quien impulsó la creación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), base de las refinerías que años más tarde se instalarían en Concón y Hualpén, así como la construcción de la ahora cerrada Siderúrgica Huachipato, en Talcahuano. También promovió el emblemático Plan Serena, un proyecto pionero en Chile destinado a modernizar urbanísticamente una zona regional y convertirla en un polo de desarrollo económico. 

Hoy, a las puertas de la elección presidencial, solo hay una certeza: quien resulte electo forjó su formación y su carrera política en Santiago. José Antonio Kast estudió Derecho en la Universidad Católica y Jeannette Jara, Administración Pública en la Universidad de Santiago y Derecho en la Universidad Central. Ambos iniciaron sus trayectorias públicas compitiendo por las federaciones estudiantiles de sus respectivas casas de estudio. Esa experiencia, sin duda, los encaminó a plantearse que, en algún momento de sus vidas, podrían estar destinados a dirigir Chile. Lamentablemente, bajo la estructura centralista del país, son muy pocas las personas que parecen tener ese destino y casi todas, coincidentemente, transitan por la capital.

¿Estamos aceptando un destino escrito por el sistema o tenemos la voluntad política de reescribirlo?

Gobernar Chile con una mirada regional no consiste solo en anunciar el fin de los delegados presidenciales o en prometer más infraestructura pública en regiones, que además suele llegar con lentitud a las zonas más alejadas del centralismo y usualmente como respuesta reactiva a desastres naturales. Basta recordar que políticas de desarrollo productivo como la aceleración de la creación de la CORFO surgieron tras el terremoto de 1939 en Chillán.

Esto supone, sobre todo, que nuestros mejores liderazgos locales puedan aspirar legítimamente a encabezar altos organismos del Estado y no únicamente representaciones regionales, como las Seremis. Implica que las autoridades elegidas a nivel local tengan capacidad real para definir una visión de largo plazo para sus zonas, sin depender de negociaciones centralizadas que terminan determinando qué se puede o no se puede hacer.

Significa que quienes buscan contribuir académicamente desde las regiones tengan un espacio real en las discusiones nacionales y que esas voces no estén reservadas únicamente a quienes parecen destinados a dirigir Chile. Cuando el talento y el mérito político regional no logran escalar, da la impresión de que el destino y origen geográfico pesan más que la capacidad individual.