Opinión
Eliminación de la multa por no uso de TAG: otro ejemplo de una mala política pública
En Chile, el sistema de concesiones ha permitido financiar autopistas, hospitales, aeropuertos y cárceles, sin comprometer el presupuesto fiscal y ha sido exitoso, justamente porque combina inversión privada con reglas claras.
La aprobación en general del proyecto de ley que elimina la sanción para los conductores que circulen por autopistas concesionadas sin el dispositivo de telepeaje (TAG) es un buen ejemplo de mala política pública. Bajo la apariencia de empatía con el usuario, la medida debilita silenciosamente uno de los sistemas más robustos y eficaces del país: el de concesiones de infraestructura.
En un sistema de cobro electrónico como el chileno, el TAG es la herramienta que permite identificar al usuario, garantizar el pago y sostener el flujo financiero que mantiene operativa la red vial. Eliminar la sanción por no portar este dispositivo equivale a volver optativa una obligación legal. La norma pierde eficacia y, lo que es peor, autoridad. Una regla sin castigo no es una regla: es una sugerencia con membrete oficial. Y eso tiene consecuencias.
Un sistema de concesiones exitoso –como el chileno– se basa en tres elementos esenciales: un marco legal claro y predecible, que entregue certeza jurídica a todas las partes; el respeto a los contratos y obligaciones asumidas, tanto por el Estado como por los privados y un sistema de incentivos que promueva el cumplimiento de las reglas, especialmente por parte de los usuarios.
El problema es que este proyecto de ley erosiona esas tres bases. Si la evasión no se castiga, los incentivos al cumplimiento se evaporan. Más del 96% de los usuarios hoy cumple, pero la señal que envía este proyecto de ley es claro: ser responsable es de ingenuos. Por su parte, al modificar unilateralmente una condición legal vigente, genera incertidumbre sobre el respeto a los contratos y espanta no solo a los concesionarios, sino a cualquier inversionista con memoria. Y al debilitar la capacidad de hacer cumplir la ley, abre un flanco para futuras inestabilidades normativas.
En Chile, el sistema de concesiones ha permitido financiar autopistas, hospitales, aeropuertos y cárceles, sin comprometer el presupuesto fiscal y ha sido exitoso, justamente porque combina inversión privada con reglas claras. Alterar esas reglas por razones de conveniencia política es, simplemente, destruir el sistema.
Nadie discute que se puede revisar la proporcionalidad de la multa, o simplificar los mecanismos de cobro. Pero suprimir la sanción es otra cosa: es destruir el principio básico de que las normas se cumplen, no se negocian en redes sociales.
El resultado previsible es un sistema más caro, más ineficiente y más injusto. Todo para ganar unos puntos de simpatía en el corto plazo. Porque cuando la ley se convierte en gesto, lo que queda no es política pública, sino marketing político con graves efectos secundarios.
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