Masificación de la matrícula universitaria: desafíos para la formación y la empleabilidad

Hace algunas semanas, Las Últimas Noticias publicó una nota que, a partir de los registros del Sistema de Información de Educación Superior (SIES), identificaba las carreras profesionales con mayor número de titulados en Chile durante el período 2015–2024. Los primeros lugares —en orden decreciente— fueron ocupados por Ingeniería Comercial, Enfermería, Psicología, Ingeniería Civil Industrial y Derecho. Esta información no solo refleja las preferencias de los estudiantes, sino que también da cuenta de un fenómeno estructural de mayor alcance: la masificación de la matrícula universitaria.

En efecto, durante 2025 la matrícula total en educación superior creció un 5% respecto del año anterior, alcanzando los 1.455.639 estudiantes. De este total, las universidades concentran el 59%, seguidas por los institutos profesionales con un 30,5% y los centros de formación técnica con un 10,5%. En términos de cobertura neta, en 2024 se observa una tasa de 50,7% en mujeres y de 43,3% en hombres. Este avance resulta significativo si se considera que en 2022 la cobertura alcanzaba un 41,4%, casi cuatro puntos porcentuales por sobre 2017, y muy lejos de las cifras de 1992, cuando no superaba el 20%.

En este escenario surge una pregunta clave: ¿están realmente conscientes las universidades de la necesidad de fortalecer la formación de sus egresados en un sistema cada vez más masivo y competitivo? Los estudiantes demandan programas que respondan a los desafíos del entorno laboral y empresarial, y las instituciones han reconocido progresivamente que la educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe centrarse en el desarrollo articulado de capacidades y habilidades. Esto resulta especialmente relevante en un contexto en que la masificación de la educación superior ha intensificado la competencia entre profesionales con trayectorias formativas similares, obligando a diferenciarse a partir de competencias de mayor valor estratégico.

Las universidades, por tanto, se han visto en la necesidad de redefinir y diferenciar su oferta académica para responder a una población estudiantil cada vez más numerosa y socialmente diversa. Esta discusión cobra particular relevancia en el contexto actual, cuando miles de jóvenes que rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) pronto conocerán sus resultados y deberán tomar decisiones que marcarán su trayectoria profesional y personal, muchas veces en condiciones de información incompleta y bajo fuertes expectativas familiares y sociales.

En este marco, las instituciones que logran resguardar la inserción laboral de sus egresados —o bien facilitar el desarrollo de emprendimientos con proyección en el tiempo— tienden a ser las más demandadas por los futuros estudiantes. Estas universidades comprenden que la calidad es un activo estratégico: ofrecen programas con buena reputación y valor agregado, conscientes de que el mercado no valora únicamente la obtención de un título profesional, sino también el prestigio, la trayectoria y la coherencia institucional de quien lo otorga, los que operan como señales de confianza para empleadores y otros actores del sistema productivo.

Dado que la calidad es un concepto complejo de medir, los postulantes suelen basar sus decisiones en rankings universitarios y en los resultados de los procesos de acreditación. En consecuencia, las instituciones que ocupan posiciones de liderazgo son aquellas que alinean de manera efectiva sus perfiles de egreso con las competencias demandadas por el mercado laboral. Ello supone contar con equipos docentes de alta formación académica, experiencia práctica relevante y dominio de metodologías educativas actuales; así como rediseñar permanentemente los planes de estudio en función de los avances tecnológicos, la creciente importancia de la sostenibilidad y la incorporación de valores sociales como la ética, el bienestar humano, la inclusión y la diversidad.

Se trata, además, de universidades que operan con modelos pedagógicos centrados en el estudiante. Reconocen que la inserción laboral mejora cuando la formación se vincula con problemáticas reales, por lo que promueven la flexibilidad curricular y la capacidad de adaptación. Mantienen relaciones estratégicas con actores del sector público, productivo y social, y ofrecen programas que favorecen la interdisciplinariedad. Así, tanto a nivel nacional como internacional, es cada vez más frecuente encontrar trayectorias formativas paralelas —como ingeniería comercial y derecho, ingeniería civil industrial e informática, ciencias políticas y sociología, o física y ciencia de datos—, así como programas que permiten obtener simultáneamente un título profesional y un grado de magíster.

Estas instituciones no solo buscan acortar la duración de las carreras sin sacrificar la calidad académica, sino que también promueven en sus estudiantes una visión global del mercado de trabajo. Sus planes de estudio se concentran en los fundamentos esenciales de cada disciplina, complementados con el aprendizaje de idiomas, mientras que la especialización se desplaza hacia la formación continua. En algunos casos, además, se implementan modelos de formación incremental que permiten a los estudiantes obtener progresivamente un título técnico, una licenciatura, un título profesional y un grado de magíster, fortaleciendo así rutas de formación más flexibles y adaptables.

De este modo, quienes están próximos a ingresar a la educación superior deben adoptar una mirada proactiva sobre su desarrollo de carrera. Titularse de un determinado programa, por sí solo, ya no garantiza ni el retorno esperado ni niveles de ingreso satisfactorios. Comprender que la formación profesional es un proceso continuo —que exige actualización permanente, capacidad de adaptación y decisiones informadas— resulta hoy indispensable. De ahí la importancia de optar por instituciones que resguarden estándares de calidad y por programas alineados con las demandas del sector productivo y público, o que entreguen herramientas efectivas para el desarrollo de emprendimientos con mayores probabilidades de éxito, sin que ello exima a las universidades de la responsabilidad de ofrecer trayectorias formativas transparentes, pertinentes y socialmente responsables.