Movilizaciones y cambio social

Recientemente la resolución del PC de “impulsar hitos de movilización amplia” para defender los avances sociales, ha desatado cierta polémica a lo ancho del espectro político nacional. Mientras desde la derecha acusan poco menos un intento de desestabilización, en el Socialismo Democrático, o centroizquierda, se han mostrado cautelosos e incluso reacios al impulso de las movilizaciones como mecanismo acción política.

El FA, por su parte, ha guardado mayormente silencio, expresando cierto apoyo tácito a la propuesta. Se dibuja así, en torno a este tema, una nítida distribución de opiniones sobre el tradicional eje de izquierda-derecha, que al parecer todavía retiene cierto significado para articular las visiones políticas. Si usted quiere clasificarse, por tanto, en torno al tantas veces desahuciado clivaje de izquierda-derecha, su opinión frente a este asunto podría ofrecerle alguna pista.

Más allá de las etiquetas, en todo caso, conviene preguntarse por el sentido profundo de la propuesta tema. ¿Tiene sentido impulsar la movilización social como un mecanismo de acción política? Ciertamente se trata de una estrategia enraizada en la historia de la izquierda, que jugó un rol clave en las conquistas sociales de la primera mitad del siglo XX, pero, en la actualidad ¿puede constituir aún una estrategia efectiva para defender o impulsar los derechos sociales?

En el contexto de esta pregunta, resulta importante en primer lugar establecer la legalidad de las movilizaciones sociales. Estas se encuentran expresamente resguardadas por la Constitución, que consagra la libertad de expresión y el derecho a reunirse, sin aviso previo, en lugares públicos. Como medio de expresión de preocupaciones y demandas de distintos grupos ciudadanos, las movilizaciones pueden jugar un rol de profundización de la democracia, alertando, y ejerciendo presión, sobre temas que no están siendo adecuadamente abordados por el sistema político.

Una vez despejado el tema de la legalidad y su capacidad de visibilizar temas relevantes para la población, conviene ahora abordar la pregunta de fondo. ¿Son efectivas las movilizaciones para defender derechos sociales y avanzar en términos generales hacia una mayor justicia social? La historia reciente al respecto parece, a lo sumo, equívoca. 

Un primer ejemplo sintomático lo ofrece el área de la salud. La gran reforma estructural al sistema, el Plan AUGE, que amplió efectivamente el derecho a la salud a través de garantías estatales, se produjo el año 2005, en total ausencia de movilizaciones. A partir de entonces, las recurrentes movilizaciones de los gremios de la salud, bajo gobiernos de distinto signo, no han sido capaces de generar cambios estructurales ni ampliación de derechos, obteniendo solo mejoras marginales en las condiciones laborales de los funcionarios.

Un segundo ejemplo lo constituye el caso de la vivienda, donde sí se han llevado adelante numerosas movilizaciones de colectivos que van desde ANDHA hasta Ukamau, que responden a situaciones ciertamente dramáticas. Lamentablemente, los logros de estos movimientos han sido escasos y el déficit de vivienda en el país se mantiene inamovible desde hace más de una década, en torno al medio millón de soluciones habitacionales pendientes. Los campamentos, por su parte, no solo se han mantenido, sino que han aumentado, alcanzando en la actualidad más de 100 mil familias (la cifra más alta desde los 90).

El caso de las pensiones resulta aún más emblemático. Un primer avance importante se produjo el año 2008, durante el primer Gobierno de Bachelet, con la introducción del Pilar Básico Solidario (PBS), a pesar de que, a la fecha, no se habían registrado ningún tipo de movilizaciones relacionadas con el tema. Como es sabido, los cambios fueron insuficientes para asegurar pensiones dignas y, unos años más tarde, el problema movilizó algunas de las manifestaciones más masivas de la historia del país, bajo el atractivo eslogan de “No + AFP”.

No obstante, los cambios efectuados a partir de entonces, por gobiernos de distinto signo (Bachelet II y Piñera II) estuvieron lejos de promover cambios estructurales y, más aún, de eliminar las AFP. Durante el estallido social, el malestar volvió a surgir con fuerza. Sin embargo, en el debate que llevó adelante la Convención Constitucional, el tema de la capitalización individual terminó teniendo un efecto búmeran.

Aparentemente, las movilizaciones en torno al tema no habían hecho mucho por instalar un sentido colectivo claro en torno a la necesidad de un sistema de seguridad social más solidario. Fracasada la Convención, en el actual Gobierno terminó aprobándose una reforma (conducida por una ministra PC) que no hace más que consolidar a las aseguradoras privadas y que, en la práctica, compromete un componente solidario que es menor que el que había propuesto el 2018 el Gobierno de Piñera.

El estallido social, por último, puede ser observado como una macromovilización social que desbordó todos los cauces institucionales. Su principal efecto político fue impulsar un cambio constitucional que, supuestamente, permitiría traducir las demandas de la ciudadanía. De hecho, la misma Convención contó con una participación inédita de movimientos sociales, que auguraba una salida con mayor respaldo ciudadano.

No obstante, el resultado final terminó por fortalecer la Constitución heredada del régimen de Pinochet y, según diversos analistas, puso en marcha un discurso político de restauración, imperante en la actualidad.

La excepción a la regla la constituye sin duda el tema educacional, donde las manifestaciones estudiantiles han impulsado modificaciones estructurales al sistema, implementadas principalmente en el Gobierno de Bachelet II. Las movilizaciones feministas, por su parte, sin duda han tenido también un peso simbólico enorme, que ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, con conquistas importantes en términos de leyes y reformas políticas. No obstante, el movimiento feminista excede con mucho la movilización social, y gran parte de su agenda ha sido impulsada directamente desde el Congreso.

En términos agregados, por tanto, el impacto de las movilizaciones sociales en las últimas décadas parece reducido en su logro de derechos sociales. Sin duda han tenido un impacto en visibilizar un malestar, pero su poder para viabilizar soluciones de carácter más estructural ha sido limitado y, en algunos casos, su efecto ha sido incluso contraproducente.

¿Por qué ocurre todo esto? En lo fundamental porque las demandas planteadas por las movilizaciones sociales requieren ser traducidas políticamente para lograr un impacto efectivo. Esta traducción significa, en lo fundamental, articular las demandas en un discurso político más amplio, que sea capaz de construir una mayoría social y consecuentemente electoral que le dé sustento. Significa también diseñar los mecanismos para viabilizar los cambios a través de la institucionalidad pública del país.

Un error estratégico de la izquierda ha sido asumir que las demandas expresadas por los movimientos sociales representan sentidos colectivos ya instalados en la sociedad. También ha sido errado atribuir una especie de pureza intrínseca al accionar de los movimientos sociales y, más aún, transferir de manera directa el valor simbólico de una movilización a un supuesto respaldo ciudadano a una agenda política determinada. 

Es fundamental comprender que la movilización social no reemplaza la dimensión política, la nutre, en ocasiones la cuestiona. Pero corresponde al sistema político traducir esas preocupaciones en un proyecto político capaz de producir las transformaciones de fondo que harán posibles los cambios. En este sentido, la intención del PC de plegarse o reforzar movilizaciones sociales no es problemática por su supuesto potencial obstruccionista o desestabilizador, sino por asignarle un valor estratégico a una herramienta de cambio social que se ha demostrado de dudosa efectividad. La idealización de las movilizaciones para responder así a un sesgo pasadista, funcional a una estructura social y política completamente distinta. 

En la época actual, en un mundo con intereses de clases móviles y múltiples grupos e identidades con demandas propias, un mundo hiperconectado, con fuerte presencia de redes sociales y encuestas de opinión permanente, en el marco además de voto obligatorio y descrédito general de los partidos, el avance de los derechos sociales y el cambio hacia una sociedad más justa parecen circular por otros cauces. 

Asignarles un valor determinante a las movilizaciones, a la hora de articular estrategias políticas, puede conducir a una falsa polémica, que ciertamente resulta instrumental a los intereses de la derecha. Más que entramparse en un debate de este tipo, lo que compete a la reflexión de los partidos de izquierda, por tanto, es la construcción de un discurso político capaz de reencantar a la ciudadanía y consolidar las mayorías sociales para viabilizar los cambios que se le proponen a la sociedad.