El costo de la inacción

Chile ha demostrado que sí sabe actuar cuando la contaminación se vuelve insostenible. Las zonas saturadas por calidad del aire en ciudades como Santiago, Temuco y Coyhaique –tras años de discusión y resistencia– lograron reducir emisiones, mejorar la salud pública y devolver algo de dignidad ambiental a millones de personas. Fue una lección clara: postergar las decisiones tiene costos reales, sociales y económicos.

Sin embargo, cuando se trata del agua –y en particular de los lagos– esa lección aún no se ha aprendido.

Este verano, el lago Vichuquén estuvo, en la práctica, cerrado. Floraciones algales recurrentes, alertas sanitarias, prohibiciones de uso hacen imposible nadar, navegar o desarrollar actividades turísticas en plena temporada alta. El resultado es devastador para la economía local: cabañas vacías, restaurantes sin clientes, operadores turísticos sin ingresos y empleos temporales que nunca se activaron.

Una estimación conservadora permite dimensionar el daño. En un verano normal, Vichuquén recibe decenas de miles de visitantes. Si solo 25 mil personas dejaron de llegar, con un gasto promedio de $80.000 diarios durante tres días, la pérdida directa bordea los $6.000 millones de pesos en una sola temporada. Y eso sin contar los efectos indirectos: empleos perdidos, inversiones canceladas y el daño reputacional de largo plazo para el lago como destino turístico.

Por primera vez vimos de cerca el costo de la inacción.

La experiencia con la contaminación del aire tuvo dos ventajas estructurales. Primero, se optó por un enfoque regulatorio simple y escalable: estándares comunes, contaminantes claros, umbrales definidos. Segundo, la atmósfera, aunque peligrosa, se renueva: el viento dispersa contaminantes, la lluvia limpia el aire y las reducciones de emisiones se reflejan relativamente rápido.

Los lagos no funcionan así.

La contaminación del agua se acumula. Los nutrientes se depositan en los sedimentos y se reciclan durante décadas. Una vez que un lago cruza el umbral de la eutrofización, la recuperación es lenta, costosa y, a veces, incierta. Por eso, la regulación debe ser preventiva, no reactiva.

Chile, en cambio, ha optado por un camino fragmentado: normas caso a caso, lago por lago, con procesos largos y complejos. Desde el punto de vista técnico, esto carece de sentido. Las causas del problema son conocidas y se repiten en todo el país: exceso de fósforo y nitrógeno, los bloques básicos de las floraciones algales. Sin ellos, no hay blooms.

Con ellos –y con más temperatura y radiación solar producto del cambio climático– el agua se vuelve verde. El proceso regulatorio es lento. Demora años decretar la norma, años la saturación y años el plan de descontaminación. En el caso de Villarrica, estamos a 12 años de la norma y recién se aprobó el plan de descontaminación el año pasado. 

Además, la mayor parte de estos nutrientes no proviene de una sola tubería. Provienen de miles de viviendas sin tratamiento adecuado de aguas servidas, de escorrentía agrícola, de actividades forestales y de expansión urbana mal planificada. Son fuentes difusas, no puntuales. 

Algunos han culpado a las restricciones de descarga al mar por la situación de Vichuquén. Ese argumento es tan errado como culpar a la cordillera por la contaminación del aire en Santiago. La geografía es una condición, no una causa. La contaminación siempre tiene origen humano, y esos orígenes pueden y deben controlarse.

Si Chile no quiere repetir Vichuquén en otros lagos, necesita una norma nacional de calidad de aguas lacustres, centrada en nutrientes, con medidas amplias y directas para controlar emisiones. El cambio climático solo va a exacerbar esta condición con mayor sequía, temperatura e irradiación solar. Esperar a que los lagos colapsen, uno por uno, no solo es ambientalmente irresponsable: es económicamente insostenible.

Prevenir cuesta menos que lamentar. Vichuquén ya nos pasó la cuenta.