Garantías Democráticas con Kast: ¿dónde están?

La llegada de José Antonio Kast a La Moneda, con un respaldo electoral inédito para la derecha más dura, plantea una pregunta que trasciende las promesas de campaña: ¿cuáles son las garantías democráticas concretas que ofrece su Gobierno? Las urnas han hablado y reconocer su triunfo es un deber democrático. Pero ese mismo deber exige la más firme vigilancia ante los antecedentes que carga el proyecto político que hoy asume el poder.

El Presidente electo tiene ante sí el desafío de gobernar para todos. Su mandato no puede reducirse a gestos simbólicos que son solo gustitos personales, como la pose con motosierra, junto a Javier Milei, o la teatral humildad de querer vivir en La Moneda por supuesta austeridad. La expectación la genera un programa basado en grandes promesas, pero con una inquietante opacidad en su ejecución. Esto nos lleva al tema que preocupa a los millones de chilenos que no votamos por él: ¿qué garantías de democracia real nos entrega este Gobierno electo?

Responder nos obliga a mirar dos momentos que incomodan a la derecha que hoy celebra: el golpe de Estado de 1973 y la represión del estallido social de 2019. En ellos se encuentra el ADN del proyecto que ahora gobierna.

La figura de Kast está indisolublemente ligada a la dictadura. Su familia ha sido señalada por víctimas de Paine por colaboración con el régimen, su hermano fue ministro de Pinochet y él mismo apareció en la franja del “Sí”. Kast construye su relato político sobre un reconocimiento explícito de la obra de la dictadura. Y es con toda la obra: la muerte, la tortura, la desaparición. Ni él ni su Partido Republicano han condenado jamás la persecución sistemática de opositores.

Este negacionismo no es una rareza aislada; es el sustrato de la derecha chilena que lo llevó al poder, un sector cuya cohesión política moderna se forjó como guardián del legado dictatorial y que se niega a una autocrítica histórica.

Los símbolos no mienten. No son “anécdotas” que algunos adherentes porten banderas con los rostros de Pinochet y Krassnoff, o que otros, en Valdivia, quemaran la bandera del Partido Comunista en la plaza pública, cual acto de linchamiento simbólico. Son la expresión descarnada de un culto que este nuevo Gobierno no ha repudiado y que ahora, desde el poder, adquiere una peligrosa normalización.

Si el vínculo con el pasado dictatorial es estructural, su visión sobre la violencia estatal reciente no es menos elocuente. Frente al estallido de 2019 la derecha de Kast optó por una narrativa de guerra, justificando la violencia policial y relativizando las violaciones a los derechos humanos –validadas incluso internacionalmente–: los muertos, los cientos de mutilaciones oculares, los crímenes oscuros como el de Alex Núñez, quien falleció tras una golpiza policial en Maipú, o el de Gustavo Gatica, cegado por la violencia estatal.

Esa represión, lejos de ser condenada, fue aplaudida por gran parte de su base electoral. Hoy, esa misma base se siente empoderada por discursos de odio de figuras como los diputados Meza, Flores o Kaiser, para escupir a personas de la diversidad sexual, como el cantante Daniel Ride, u hostigar vía redes sociales al influencer Mike Milfort con amenazas directas a su hija y su familia. Ya no son hechos aislados, es un patrón de intolerancia que aspira a hacerse cotidiano.

Por eso la pregunta es urgente: ante este historial, ¿qué garantías democráticas ofrecen Kast y la coalición que lo sustenta?

La derecha y ultraderecha en Chile retoman la lógica de la Doctrina de la Seguridad Nacional y empiezan a actuar bajo la premisa de un “enemigo interno”. Por el momento, esto se manifiesta como un anhelo o un discurso, aun así, Kast ganó con ello. No tuvo una propuesta detallada, se centró en la emergencia y se empecinó en culpar a “otros” de todos los males de nuestro país.

Ahora, desde el Gobierno, ya no pueden vivir acusando al resto y, si lo hacen, deben ser conscientes de lo que pueden provocar. Son ellos quienes deben comprometerse, con hechos, a no recortar libertades, a no perseguir opositores y a no avalar ni un ápice de la violencia que sus militantes más radicales promueven. La historia demuestra que ha sido la derecha chilena la que ha fracturado la convivencia democrática y relativizado la represión.

Kast tiene en sus manos la oportunidad de definir su legado. Puede elegir ser el Presidente que contuvo los instintos más autoritarios de su sector y gobernó con respeto irrestricto a las instituciones, o puede ser el que naturalizó el odio y dejó que la herida de Chile se abriera de nuevo.

Quienes hoy ejerceremos una oposición alerta y crítica vemos con profunda preocupación los signos que apuntan a lo segundo. La advertencia está dada. La democracia no se defiende con complacencia. Como dijo Salvador Allende: “El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”.

La pregunta, señor Presidente, sigue en pie: ¿cuáles son las garantías de que su sector no va a socavar la democracia ni va a perseguir opositores?