Reforma del empleo público: ¿ahora sí que sí?

El empleo público se tomó la campaña presidencial en varios momentos el año pasado. Y, recientemente, volvió a ser un tema central al presentarse el proyecto de ley de reajuste. 

Si bien los temas de reforma del Estado, en general, y de empleo público, en particular, habían sido extensamente revisados por distintas comisiones y grupos de especialistas desde los años noventa en adelante, recién en 2025 estos temas adquirieron una alta visibilidad en la opinión pública. Por lo mismo, es momento de abordarlos. 

El Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado nos convocó hace unos días a pensar en “El Estado que Queremos”. El evento, realizado en la Contraloría, volvió a poner en discusión la pertinencia y la actualidad de estos temas al exponer avances y desafíos en materias tan relevantes como la experiencia usuaria, la innovación pública, la transformación digital, el empleo público, la probidad y la transparencia. 

En este escenario de reflexión vale la pena tener en cuenta que en varios de esos temas se ha avanzado mucho, pero que en materia de empleo público los cambios no han sido sustanciales. De hecho, entre los conocidos diagnósticos de consenso y lo que sería una propuesta concreta de reforma integral del empleo público existe una distancia significativa. 

Sabemos que, más allá de que se trata de un desafío técnicamente complejo, reformar el empleo público es también un desafío políticamente difícil, árido para la opinión pública y poco rentable para la autoridad que inicie ese proceso. Por eso, requiere un acuerdo político amplio y transversal. 

En ese sentido, cabe destacar que no es obvio que hacer cambios en materia de gestión de personas en el Estado signifique reducir el gasto fiscal. Por el contrario, dependiendo de su diseño e implementación, esta reforma puede implicar un aumento del gasto fiscal. Por ejemplo, bajo el régimen actual los y las funcionarias públicas no cuentan con seguro de cesantía, ¿deberían contar con este seguro bajo un esquema reformado? Si es así, ello tiene un costo. Tampoco cuentan con indemnización por años de servicio. Quienes miran el Código del Trabajo, ¿querrían considerarla? Esto también tendría un costo. Estas preguntas son quizás las más simples de responder en términos técnicos, pero quizás también las más complejas en términos políticos y fiscales. 

Existen otros desafíos, que quizás no generarían tensiones políticas importantes, pero que sí implican desafíos técnicos relevantes. Asuntos que requieren de análisis detallado. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si de acercarnos a otro tipo de gestión de personas, abordaríamos la política de remuneraciones del Estado y cambiaríamos la Escala Única de Remuneraciones. ¿Revisaríamos los distintos componentes de las remuneraciones que tienen los diferentes servicios? ¿Pensaríamos, por ejemplo, en un esquema de bandas salariales conocidas para quienes ocupan un mismo cargo? 

Habrá que ver si, en los próximos meses, la reforma del empleo público, con todo lo que ella implica, califica como parte de la “Emergencia” o sí, por el contrario, es postergada por cuatro años más. Sería lamentable, ya que para atender las demandas de la ciudadanía de manera de manera eficiente es necesario abordarla.