El interés del juez en interrogar a Ramos radicaría en conocer las razones que tuvo el nuevo decano para "desarticular" al Ciade y asignar a funciones de menor jerarquía a gran parte de sus directivos.
Paso a paso, el magistrado del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, ha ido ubicando las piezas del puzzle del caso MOP-Ciade. De hecho, en lo que ha avanzado en la investigación, los nombres claves del organigrama montado para pagar "sobresueldos" a través de la unidad estrella de la Universidad de Chile, comienzan a surgir.
El juez Rivera tiene interés de interrogar, en los próximos días, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile (Facea), Joseph Ramos, quien apenas asumió el cargo, en noviembre pasado, tomó drásticas medidas contra el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de Empresas, Ciade, y sus máximos directivos.
Sobre este punto existen innumerables tesis, pero el dato concreto, es que el decano a poco de asumir pone en marcha una serie de medidas destinadas a mejorar la Facultad, entre ellas "deshacerse de la unidad estrella". Ante lo cual, el rector de la Casa de Bello y ex decano de la Facea, Luis Riveros, decide trasladar el Centro hasta la Casa Central y proceder a su "reestructuración".
Los contratos con Hidráulica
Acorralados. Esa sería la mejor definición para graficar la situación que en la actualidad atraviesa el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de Empresas (Ciade) de la Universidad de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, después de que la Contraloría presentara una denuncia, ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, que tiene complicadas a altas autoridades académicas y ministeriales.
Si bien, hasta ahora el Ciade y el MOP intentan justificar ante el magistrado que los contratos celebrados por ambas partes el 13 de agosto de 2001, no existe ninguna irregularidad y que este convenio es el único realizado entre el ministerio y el centro universitario, los antecedentes que obran en poder del juez y la Contraloría dicen lo contrario.
Fuentes allegadas a la investigación explicaron a El Mostrador.cl que el Ciade era unos de los clientes privilegiados del MOP. En el año 2001 realizó dos contratos con la unidad de Obras Hidráulicas, los que fueron autorizados por Gonzalo Castillo -quien hace de contraparte con el centro de investigación- y que tuvieron el visto bueno del director Eduardo Bartholín.
Fuentes que conocen el tema, indicaron que el primer contrato se extendió por servicios profesionales y gastos de operación. En tanto, el segundo se celebró para supervisar y controlar al primero. Tras ellos, según las mismas fuentes, se ocultarían el pago de sobresueldos a una veintena de funcionarios de la Obras Hidráulicas.
Declaró hermano de Peña Véliz
En tanto, siguiendo con la metodología de trabajo que se impuso el magistrado Alejandro Rivera, de interrogar primero a los seremis involucrados en la denuncia de la Contraloría. Ayer, llegó hasta el tribunal Gonzalo Peña Véliz, actual seremi de la Tercera Región, y hermano del dueño de la investigada empresa de outsourcing GATE.
La indagatoria que duró, aproximadamente, cuatro horas, tuvo como objetivo determinar la existencia de los contratos, además de conocer y profundizar en los estudios en los que, supuestamente, participó Peña Véliz, recibiendo por sus servicios la suma de 9 millones de pesos, a través del Ciade.
Trascendió en fuentes judiciales que el magistrado Rivera, inquirió a Gonzalo Peña Véliz por el estudio realizado y sus funciones. Además, le habría solicitado una copia del documento, pero el seremi de la Tercera Región dijo no tener ninguna en su poder.
Quien también llegó hasta el Séptimo Juzgado del Crimen, ubicado en Avenida España, fue el ex director Económico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, Armando Álvarez Trujillo.
Según trascendió su interrogatorio fue más técnico que jurídico. Álvarez Trujillo, ex coordinador del Ciade, habría sido el encargado de aprobar los cheques cancelados a los seremi, según la denuncia de la Contraloría General.
El juez, en lo que va de la investigación, ha interrogado al seremi de Obras Públicas de la Séptima Región, Enrique Jiménez, quien recibió un sobresueldo de 9 millones de pesos por el desarrollo del Estudio de Diseño e Implementación de un sistema de Evaluación de Propuestas Públicas y Contratos a Niveles de Secretarías Ministeriales.
También concurrió ya al tribunal el seremi de la X Región Miguel Silva, quien a través de los medios de comunicación reconoció haber recibido pagos, luego de revisar más de 400 contratos durante ocho meses. Rivera también ha interrogado a la seremi de la Undécima Región, Jazmín Balboa, y al ex secretario regional de la Primera Región.
En los interrogatorios que ha realizado el magistrado a los seremi hay un nombre que se repite: el del jefe de gabinete del subsecretario, Gonzalo Castillo, pues todos los indagados han declarado ante el juez Rivera, que fue él quien los llamó en calidad de contraparte con el Ciade para realizar el proyecto.
Trascendió que Rivera, a contar de mañana comenzará a citar a dos seremi por día y a un académico del Ciade, con el fin de avanzar en las indagatorias y estar en condiciones de dictar, prontamente, los primeros autos de procesamientos.