El actual ministro de la Corte Suprema recordó los principales obstáculos legales que dificultaron su investigación en el denominado caso Riggs, que intenta establecer el origen de la abultada fortuna del general en retiro Augusto Pinochet Ugarte. Al respecto sostuvo que »cada banco entiende el secreto bancario en forma distinta».
El ex juez instructor del llamado caso Riggs y actual integrante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aludió a una serie de deficiencias que -a su juicio- tiene la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras que obstaculizarían las investigaciones sobre lavado de dinero en Chile, en el marco del seminario «Ilícitos Financieros en el mundo globalizado».
El magistrado actuó como uno de los panelistas del mencionado evento, realizado este jueves en un céntrico hotel capitalino, al cual asistieron representantes del Consejo de Defensa de Estado (CDE), Investigaciones, abogados externos y el defensor del ex albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, quien fue procesado por Muñoz como cómplice de evasión tributaria en el mencionado proceso.
De esta forma, el actual ministro del máximo tribunal dio a conocer su experiencia en la investigación judicial que intenta aclarar el origen y monto de la fortuna que el ex jefe de la junta militar acumuló en el extranjero, aludiendo a que los vacíos de la legislación que regula el funcionamiento de los bancos en Chile favorecen serias deficiencias.
En esa medida apuntó a que los canales de información entre las entidades financieras y la justicia no son expeditos, sobre todo cuando estas instituciones se escudan en legislaciones extranjeras que obligan a ocupar la vía de los exhortos o cartas rogatorias para obtener antecedentes sobre las operaciones de dinero de una determinada persona.
Entonces, «el éxito de una indagatoria depende de la voluntad del investigador, ya que éste debe buscar nuevos canales de información», dijo al explicar que en este caso se comisionó a una persona para asistir a la reuniones del subcomité del Senado de Estados Unidos cuando se encontraba investigando los movimientos financieros de Pinochet en esa nación.
Mediante ese mecanismo, logró que su tribunal recabara información importante sobre el tema, además de que el propio parlamento norteamericano le remitiera un total de 18 tomos de información sobre el caso, con una mayor rapidez que por la vía de los exhortos, los cuales demoran entre uno o dos años en ser respondidos por el país destinatario.
Muñoz dijo que, paralelamente, buscó activar un segundo mecanismo para obtener información, el relativo a los bancos, pero que éste no dio resultados y que es un tema que debiera «preocupar a los legisladores».
Permisividad de bancos
Al explayarse sobre el tema, el magistrado sostuvo que en Chile se dan distintas situaciones que quedan al margen de la legislación vigente, como que «hay bancos que tienen oficinas en Chile, pero que no están autorizados para operar en el país, sin embargo, reciben remesas de dinero o, por lo menos, canalizan instrucciones por parte de sus clientes».
«Es fácil comprender que ahí se canalizan fondos al extranjero. ¿Está permitido o no? No me lo planteé, porque no es mi función ejercer supervigilancia, pero este tema debe preocuparnos y del cual deben preocuparse las autoridades», sostuvo.
También criticó que hay bancos que tienen agencias constituídas en Chile, pero que, sin embargo, poseen oficinas que atienden inversiones que se hacen en el extranjero», añadió en alusión a ejemplos como el Citibank, que tenía a un lado una sucursal del Citigroup Private Bank.
«Ahí en el Riggs yo dije simplemente que si la información estaba disponible, tenía que estar (para la investigación). Pero los bancos argumentaron que sólo funcionaban como canal y que no estaban regidos por la legislación chilena», dijo el juez.
«Hay bancos que tienen doble estándar de oficinas y uno no sabe dónde funcionan, si es de cuenta extranjera o chilena (…). Los bancos tienen el secreto bancario y uno debe tener resignación porque cada banco lo entiende en forma distinta, hoy en día», añadió.
Por último, el ministro apuntaló al sistema bancario nacional opinando que «hay una permisividad de los bancos respecto a sus ejecutivos, por eso se tiende a sacrificar al empleado para salvar al banco, aunque la estructura de éste sí esté en conocimiento respecto a lo que pasa con una inversión».
