Malestar generó en el mundo de los derechos humanos la decisión del magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago de aplicar el decreto ley de amnistía de 1978 en uno de los episodios del emblemático caso. Para sorpresa de los familiares de ejecutados, el jefe de la comitiva que recorrió Chile ejecutando opositores, general (r) Sergio Arellano Stark, no fue encontrado culpable.
Indignación provocó en el mundo de la izquierda política y los derechos humanos la decisión del juez Víctor Montiglio de aplicar la figura de la amnistía en el episodio Arica del caso Caravana de la Muerte, absolviendo de esta forma a cuatro ex uniformados implicados en la muerte de cuatro militantes socialistas el 20 de octubre de 1973.
Entre los beneficiados se encuentran el general (r) Sergio Arellano Stark y el ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Odlanier Mena, más dos suboficiales.
Después del golpe militar, Stark encabezó la comitiva militar que recorrió el norte y sur, la cual se encargó de ejecutar a los opositores del nuevo régimen, historia que quedó plasmada en un célebre y pirateado libro de la periodista Patricia Verdugo: «Los zarpazos del Puma».
Pese a los antecedentes, el juez consideró que el ex oficial no tenía participación en los hechos, ya que éste habría arribado dos días después de las ejecuciones a la ciudad.
Reacción del PC
"La Presidenta de la República ha dado señales claras que en Chile no habrá impunidad, pero en estos casos tiene que haber justicia de acuerdo a los tratados internacionales que señalan que estos son crímenes imprescriptibles e inamistiables", dijo a El Mostrador.cl el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.
"Entonces nos parece que en torno a la ley de amnistía debiera haber un planteamiento más claro del Ejecutivo", aseguró el dirigente.
Los comunistas no olvidan los compromisos de la Mandataria en esta materia y tienen muy presentes el discurso que pronunció al inaugurar, a fines de marzo, el memorial en honor a los tres profesionales degollados bajo la dictadura militar.
«Sabemos que los tribunales van a continuar estableciendo la verdad y la justicia sin excepciones porque la dignidad de Chile así lo exige. La memoria de miles no admite ningún punto final», dijo Michelle Bachelet en la oportunidad.
No era de extrañar
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Patricia Silva, señaló que en su organización están "indignados" y "desesperanzados" por la resolución del magistrado. Esto, porque a su juicio existían los antecedentes suficientes para condenar a los implicados.
"Estaba absolutamente acreditado en el proceso la responsabilidad que ellos tuvieron en la Caravana de la Muerte y sentimos una profunda vergüenza. Además, este fallo ratifica lo que nosotros hemos dicho siempre, que en Chile no existe la voluntad política para de verdad hacer justicia", afirmó.
"Se ha mostrado a Chile como un país preocupado por el tema de los derechos humanos, preocupado por avanzar en verdad, justicia, sin embargo, siempre hemos sido cautos como agrupación porque lo que hemos tenido, de un tiempo a esta parte, son muchos procesados, pero no hay condenas que nos puedan hacer creer en que es posible hacer justicia", agregó.
Con todo, Silva reconoce que la decisión no los tomó por sorpresa ya que hace algunas semanas el magistrado recalificó todos los procesamientos del caso -de secuestro calificado a homicidio calificado-, lo que dejaba abierta la posibilidad de la aplicación de la amnistía o la prescripción.
"Esto era la crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos que cuando cambió la tipificación del delito venía la amnistía, pero lo que nos sorprende es que haya absuelto a Arellano Stark", dijo.
Tratados internacionales
En el fallo de este jueves, el juez afirma que con posterioridad al golpe de Estado no "se registró un "conflicto armado", por lo que no correspondía, a su juicio, aplicar en este caso el "Convenio de Ginebra sobre Crímenes de Guerra", así como otros tratados internacionales que no permiten que los delitos de lesa humanidad prescriban o sean amnistiables.
Al respecto, el diputado socialista y abogado de derechos humanos Juan Bustos calificó la decisión como un "grave error jurídico. Porque ciertamente en nuestro país están vigentes los convenios de Ginebra que fueron ratificados por Chile en el año 1950. Por lo tanto, conforme a ese tratado internacional no hay prescripción ni amnistía respecto de los crímenes de lesa humanidad», señaló.
Por su parte, Hugo Gutiérrez, uno de los abogados litigantes en el emblemático caso, coincidió con la posición de Bustos y dijo que próximamente apelarán ante la Corte Suprema por el controvertido fallo del magistrado.
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