Aunque el doctor Óscar Vargas ha sostenido que no le compete responsabilidad directa en la identificación de 48 de los cuerpos encontrados en el mencionado sector del Cementerio General, comunicaciones al interior del organismo, fechadas en el año 2002, dan cuenta de que estaba al tanto de las deficiencias en el proceso llevado a cabo por los peritos forenses.
Pese a que la actual dirección del Servicio Médico Legal (SML) ha deslindado responsabilidades por los errores en la identificación de, a lo menos, 48 cuerpos de los que fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, en 1991, dos comunicaciones internas dan cuenta que el actual director, Óscar Vargas, estaba al tanto de las serias deficiencias que tenían instancias claves para llevar a cabo un trabajo profesional respecto a la identificación de cuerpos.
El 25 de octubre del año 2002, los dos integrantes del Laboratorio de ADN Mitocondrial del organismo forense, que ha sido seriamente cuestionado en las últimas semanas, le informaron a la autoridad su disconformidad con el médico a cargo de dicha unidad, Hugo Jorquera, cuestionando su idoneidad profesional para "respaldar técnicamente las explicaciones científicas que se derivan de este tipo de análisis de ADN".
Según el documento, los bioquímicos legistas dan cuenta que el mencionado facultativo no lograba resultados concluyentes tras casi dos años de trabajo y que fue seriamente cuestionado por los suscritos cuando quiso informar de cuatro casos de prueba genética con "resultado inconcluyente". En esa ocasión, sostuvieron, se optó porque otro perito legista del Laboratorio reanalizara los citados casos logrando resultados positivos y concluyentes.
Además, ambos profesionales acusan a Hugo Jorquera de haber redactado "un informe incompleto del caso Glasgow para el ministerio de Justicia, en agosto del año 2002". Según los antecedentes recabados por este medio, el mencionado profesional renunció voluntariamente al SML a fines del año 2002 para trabajar en una entidad privada.
El segundo documento, suscrito por Vargas, da a conocer la crítica opinión sobre los médicos de la Universidad de Granada, donde los expertos españoles recomiendan "paralizar" la Unidad de Identificación y, con ello, el proceso de entrega de identidades y restos a familiares de estos detenidos desaparecidos, aunque aún no hay certeza de que este informe haya sido puesto en manos de tribunales.
"La actividad de la Unidad de Biología Molecular debe centrarse en generación de bases de datos y extracción, sin amplificación, ni secuenciación, de ADN mitocondrial (hasta que se dé el visto bueno definitivo tras el análisis de las muestras en Granada", propone el informe de noviembre de 2002.
Informe a la Cámara de Diputados
En tanto, la Fiscalía de la Corte Suprema remitió un informe a la Cámara de Diputados en donde detalla todas las diligencias que realizó en el marco de la investigación al SML con motivo de la denuncia de la abogada Pamela Pereira el 14 de enero de 2002. Además, la instancia del máximo tribunal envió una minuta explicativa respecto a las conclusiones de dicho sumario, señalando que las hizo llegar al entonces ministro de Justicia Luis Bates.
Este documento, según trascendió, fue a requerimiento de la instancia parlamentaria a cargo de indagar las eventuales responsabilidades en los errores cometidos en el caso Patio 29.
Asimismo, estos antecedentes son parte de aquellos que entregará la abogada Pamela Pereira en su comparecencia ante la Cámara Baja fijada para el lunes 8 de mayo próximo, donde deberán concurrir también a declarar a dicha instancia el doctor Óscar Vargas; Gonzalo Martner, como ex subsecretario de la Presidencia; y otros ex directores del SML, además de científicos expertos en el área forense.
