Tras reunirse por unos veinte minutos con el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, el titular de Justicia, Teodoro Ribera, recordó que «existe un compromiso asumido ante el Congreso Nacional, específicamente ante la subcomisión mixta de Presupuesto», de presentar la iniciativa.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aseguró que se enviará al Congreso el proyecto de ley de ampliación de la planta funcionaria y más fiscales para el Ministerio Público antes del fin de abril, porque «es un compromiso que tomamos con la comisión mixta de Presupuesto» el año pasado.
El secretario de Estado hizo estas declaraciones tras reunirse por unos veinte minutos con el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán en el despacho del jefe del Ministerio Público esta tarde.
Ribera señaló que «existe un compromiso asumido ante el Congreso Nacional, específicamente ante la subcomisión mixta de Presupuesto, de presentar un proyecto de ley a más tardar e el mes de abril» apuntó el ministro.
El titular de la cartera enfatizó que «existe un interés altamente coincidente entre el Fiscal Nacional y este ministro de Justicia en avanzar en una pauta técnica para luego consensuar esto y así entregarle esta información al Ministerio del Interior, que es el que tienen la mayor cantidad de temas coincidentes con el Ministerio Público. Yo espero generar las máximas bases de consenso», puntualizó Ribera.
Consultado el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán si se va a reunir en los próximos días con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, con quien sostuvo una dura polémica por quien era el responsable del aumento de la delincuencia, el jefe del Ministerio Público afirmó que «no sé cuando me voy a reunir, pero nosotros siempre hemos trabajo con el ministerio del Interior, hay mesas técnicas pero si era absolutamente imprescindible reunirme con el ministro de Justicia, eso es lo que se está haciendo», dijo Chahuán.
Por último, el jefe del Ministerio Público resaltó que «si hay que hacer una reunión con los tres ministerios, Hacienda, Interior y Justicia con nosotros, obviamente nos vamos a reunir. No sé si han sido desencuentros, sino que lo único que hemos hecho es enfatizar que somos un organismo autónomo de este o cualquier gobierno de turno» recalcó Chahuán.
ASOCIACIÓN DE FISCALES ENTREGÓ AL GOBIERNO PROPUESTA DE MEJORAS PARA LOS PERSECUTORES.
En tanto, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, entregó al gobierno su propuesta para fortalecer el trabajo y las condiciones en que se desempeñan los persecutores en la fiscalía.
El gremio acusa una sobrecarga laboral ascendente, que en los últimos años ha llevado a que cada fiscal se haga cargo de unas 2.300 causas, siendo que el sistema fue diseñado sólo para mil causas por persecutor. «Con este nivel de ingreso de casos, para los fiscales es imposible destinar el tiempo requerido para la atención de todas las víctimas, testigos e intervinientes que cada investigación les solicita».
Por esta razón, la Asociación apuntó a que cada persecutor debe tener un equipo mínimo de trabajo, compuesto por un abogado ayudante y dos asistentes administrativos.
La entidad sostuvo que en base a lo anterior la labor del abogado asistente, sería también la de subrogar o suplir al fiscal cuando éste se ausente por motivos de fuerza mayor, «como enfermedades, pre y post natal, vacaciones, etc, puesto que hoy en día, cuando sucede esto, nadie reemplaza en sus labores al fiscal y sus causas, las víctimas, los testigos y los demás intervinientes en las investigaciones, quedan sin atención o, en el mejor de los casos, son derivados a otros persecutores para que los atiendan, eso si, considerando que este fiscal ya tiene su sobrecarga laboral propia».
Otro de los problemas detectados por el gremio, es que en los casi 12 años que ha funcionado la Reforma, más de 150 fiscales han renunciado al Ministerio Público en busca de mejores horizontes laborales.
«En gran medida – aseguró la Asociación – esto se debe a que hay fiscales que ingresaron el año 2.000 a la Institución y hoy siguen en el mismo grado que comenzaron, sin un solo ascenso y con escasas expectativas de superación profesional en la fiscalía, porque no existe carrera funcionaria. Ante esto, el ente gremial solicita al gobierno que se modifique la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de que se garantice una carrera funcionaria para los fiscales y que frene la migración de mano de obra altamente calificada a otros sectores».
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