Lo anterior, porque el jefe comunal es dueño de dos terrenos que de acuerdo al proyecto serán inundados, por lo que será remunerado en el caso que la iniciativa llegue a materializarse.
La Contraloría General de la República determinó que el alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz, faltó a la probidad al emitir pronunciamientos técnicos sobre la evaluación de Hidroaysén, considerando que es propietario de dos terrenos ubicados en el área de inundación del proyecto, por lo que recibirá una indemnización si éste llega a materializarse.
Un dictamen del ente fiscalizador emitido el pasado 16 de marzo , señala expresamente que “esa circunstancia pudo comprometer potencialmente la imparcialidad con que aquella autoridad debía actuar en el proceso de evaluación de dicho proyecto, procediendo que se hubiera inhabilitado de intervenir en cualquier acto que se relacionara con este”.
Y advierte que Muñoz contravino el principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 62 de la ley 18.575, lo cual le da un carácter de especial gravedad.
La denuncia fue interpuesta en Coyhaique el 12 de septiembre de 2011 por las representantes del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Claudia Torres y Paz Foitzich, el mismo día en que representantes de los partidos políticos de oposición Carlos Torres Velásquez (DC), Nelson Maldonado Mansilla (PS), Joaquín Soto Mansilla (PPD), Karina Acevedo Auad (PRSD) y Juan Catalán Jara (PC), hicieron lo propio ante el organismo contralor, solicitando un pronunciamiento ante el rechazo del edil de convocar a un plebiscito sobre HidroAysén.
Dentro de los antecedentes vinculados a la probidad Claudia Torres y Paz Foitzich señalaron que el “señor Muñoz Sierra debió abstenerse de participar en la emisión de determinados actos administrativos municipales, por encontrarse relacionados con dicho proyecto”.
Al hacer pública la situación, también informaron que en una situación similar se encontraban el ex seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas, cuyo hermano Pablo ─militante de la UDI─ tenía a la fecha cuatro terrenos aledaños al del edil, lo mismo que Luisa Acuña, esposa del diputado del mismo partido David Sandoval.
Este dictamen se conoce públicamente en pleno proceso de movilización por 11 demandas, una de las cuales es una consulta ciudadana vinculante sobre HidroAysén y Energía Austral.
El dirigente del movimiento ciudadano Patagonia Unida y Patagonia sin Represas, Patricio Segura, señaló que “hoy más que nunca esta demanda aisenina es necesaria, porque no sólo nos quieren imponer un proyecto, sino que además es uno que se mantiene en pie sólo con prácticas que faltan a la probidad, ya que esto, sumado a los cambios de informes técnicos, presiones y lobby, demuestra que el sistema no tiene legitimidad”.
El dictamen confirmó que la única posibilidad de sanción al alcalde por este actuar, es que un grupo de concejales presente un requerimeinto ante el Tribunal Electoral. Además, que los informes técnicos emitidos cuando concurrían causales de inhabilidad no pueden ser impugnados y, por último, que no llamar a plebiscito sobre temas relacionados con los proyectos hidroeléctricos cuando el alcalde tenía terrenos en el área de inundación de HidroAysén, no correspondía, porque ambos temas (plebiscito e HidroAysén) no estaban directamente vinculados.
En este contexto, las organizaciones aún están a la espera que la Contraloría emita un dictamen por la presentación que los dirigentes de oposición hicieron en Coyhaique, donde piden un pronunciamientos sobre la pertinencia o no de llamar a plebiscito sobre temas relacionados con proyectos hidroeléctricos. El alcalde Omar Muñoz en la ocasión rechazó convocar esta consulta instituida por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
