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Agencia UNO
Corte de San Miguel ordena sumario contra conservador y tres notarios por vínculos con caso Audio
El pleno del tribunal, encabezado por la ministra presidenta María Catalina González, dispuso una investigación administrativa contra el conservador de Puente Alto y tres notarios de la jurisdicción, tras su aparición en los antecedentes y menciones del caso que involucra a Ángela Vivanco.
El pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, encabezado por su presidenta, María Catalina González Torres, resolvió este lunes iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, dos notarios titulares de la jurisdicción y un exnotario interino, luego de que fueran mencionados en los antecedentes difundidos por la prensa en el marco del caso Audio.
En una declaración pública, la ministra González explicó que “en sesión de fecha de hoy, el tribunal decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional, teniendo además presente otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte”.
Los funcionarios aludidos son Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, notario de la Décima Notaría y archivero judicial de San Miguel; Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, notario de la Primera Notaría de San Miguel; y Fernando Martel Costa, exnotario interino de la Quinta Notaría de San Miguel, con asiento en La Cisterna.
La medida fue adoptada luego de que en una audiencia de formalización la Fiscalía Metropolitana Oriente exhibiera una llamada telefónica entre Barrena y Yáber, en la que se hacía alusión a pagos de coimas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, vinculados a gestiones en favor del Consorcio Belaz Movitec, uno de los ejes de la llamada Muñeca Bielorrusa del caso, dado a conocer por El Mostrador.
El sumario administrativo se suma a las diligencias penales en curso y busca esclarecer eventuales faltas a la probidad o infracciones al deber funcionarial, en una de las investigaciones más delicadas que ha golpeado al Poder Judicial en los últimos años.
