PAÍS
Candidaturas apuestan por el decreto y no por el Congreso
El Observatorio Electoral TIRONI – Universidad de Chile revela que la mayoría de los candidatos presidenciales optó por medidas de aplicación administrativa, anticipando un Congreso fragmentado donde será difícil aprobar leyes, incluso si la derecha logra mayoría en ambas Cámaras.
A cuatro días de las elecciones, los programas presidenciales dejan entrever un diagnóstico compartido: el próximo Gobierno –sea del color que sea– deberá gobernar con una alta fragmentación del sistema político, que no se revertirá ni siquiera con un triunfo de la derecha. Esta situación –detectada por el Observatorio Electoral TIRONI – Universidad de Chile, que analizó 1.636 propuestas de las ocho candidaturas presidenciales– ha llevado a las candidaturas a diseñar medidas que puedan ejecutarse por la vía administrativa antes que legislativa.
El estudio identifica que el 61% de las propuestas podría implementarse desde el Ejecutivo, sin pasar por el Parlamento. “Los programas de gobierno se formulan sobre un escenario incierto respecto a la futura configuración legislativa. Es natural que una candidatura priorice acciones que le permitan desplegar propuestas y demostrar logros rápidos ante la ciudadanía, sin depender de la aprobación del Poder Legislativo”, explica Gonzalo Parra, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
La decisión no solo es táctica, sino también una respuesta a la realidad institucional. El Congreso que emergerá de las elecciones –incluso si la derecha logra mayoría– seguirá siendo un espacio dividido por profundas tensiones internas. “Los equipos de campaña consideran la fragmentación política un factor determinante, ya que saben que no es viable condicionar el éxito de la agenda de Gobierno a un debate legislativo donde no se tienen mayorías garantizadas o cuyos tiempos de tramitación no satisfacen la urgencia de las demandas ciudadanas”, agrega Parra.
Las diferencias dentro de los propios bloques anticipan un escenario difícil: la centroderecha representada por Evelyn Matthei, el sector conservador encabezado por José Antonio Kast y la extrema derecha nacional libertaria de Johannes Kaiser mantienen posiciones divergentes en temas clave como seguridad, gasto fiscal o descentralización. A la izquierda, la tensión entre las candidaturas de Jeannette Jara y Marco Enríquez-Ominami reproduce la disputa clásica sobre el rol del Estado y los límites de la redistribución.
En este contexto, Francisco Espinoza, gerente de Asuntos Públicos de TIRONI, subraya el carácter pragmático que domina las plataformas. “Los equipos saben que el Congreso será un campo minado. Las candidaturas buscan mostrar eficacia y resultados, entendiendo que el electorado no premiará grandes reformas que se demoren años en tramitarse, sino medidas concretas que produzcan efectos visibles en el corto plazo”.
El informe del Observatorio muestra que la preferencia por la vía administrativa varía según el eje programático. En seguridad, por ejemplo, las propuestas apuntan a reorganizar estructuras institucionales, crear comités interministeriales o reforzar la coordinación entre policías y fiscalías, medidas que pueden ejecutarse por decreto o reestructuración interna. En economía, se privilegia la simplificación de trámites, la desregulación de permisos y los incentivos al sector privado mediante modificaciones reglamentarias.
“El predominio de las propuestas en materia económica, y particularmente en aquellas que profundizan la noción de ‘reactivación’, refleja la sintonía que tienen las candidaturas con esta preocupación del electorado, una urgencia que muestra el cambio de prioridades hacia una dimensión material con impacto directo en la cotidianidad de la ciudadanía”, sostiene Espinoza. El académico añade que este giro responde a la “pérdida de seguridad económica que ha experimentado la población en los últimos años” y a la presión por resultados rápidos.
Ambos investigadores advierten que, si bien este diseño otorga agilidad al Ejecutivo, también acentúa el desequilibrio entre poderes. “El riesgo es que la administración se transforme en un atajo para gobernar sin negociación política”, alerta Espinoza. Parra complementa señalando que esta tendencia “muestra la consolidación de una lógica tecnocrática en la toma de decisiones, donde el Presidente y sus ministerios se convierten en los principales articuladores del poder, desplazando al Congreso a un rol más reactivo”.
El Observatorio también muestra que esta inclinación hacia el poder administrativo se da en paralelo a un discurso común sobre “orden” y “eficiencia”. “Más que una campaña marcada por el miedo, se observa una reconfiguración de las propuestas programáticas en base a una sensación generalizada de incertidumbre por parte de la ciudadanía”, puntualiza Parra. La pandemia, la inseguridad y la desaceleración económica habrían consolidado un nuevo consenso en torno a la gestión rápida, aunque sin resolver los dilemas de fondo sobre quién gobierna y cómo se toman las decisiones.
En definitiva, las candidaturas presidenciales parecen haber entendido que el arte de gobernar en Chile ya no pasa por negociar leyes, sino por administrar con eficacia en medio del bloqueo político. La fragmentación legislativa y la polarización ideológica han desplazado la épica del cambio por la urgencia de la gestión. El próximo Presidente –quienquiera que sea– deberá moverse entre decretos, reglamentos y resoluciones para sostener su mandato en un país donde el poder ya no se disputa solo en el Congreso, sino también en la capacidad de ejercerlo sin él.
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