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Agencia Uno
Bancada UDI se abre a aprobar acusación constitucional contra ministro Diego Simpertigue
La comisión revisora retomó su trabajo y, mientras expertos expusieron críticas jurídicas contra Diego Simpertigue, en la UDI emergió una postura favorable a aprobar la acusación. “Habría situaciones por las que es plausible apoyar esta acusación”, dijo Marco Antonio Sulantay.
A pesar de dificultades técnicas iniciales, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, logró realizar su segunda sesión.
La instancia, impulsada por diputados oficialistas a fines de noviembre, escuchó las exposiciones de los abogados constitucionalistas Francisco Zúñiga y Javier Couso, quienes plantearon una visión crítica respecto de los hechos imputados al magistrado.
“Nos encontramos ante la cuarta acusación constitucional contra un alto magistrado de la justicia del país en cerca de un año. Esto da cuenta de una crisis sin precedentes en la historia republicana del país, excepción hecha de la crisis gatillada en la Corte Suprema en 1927, al iniciarse la dictadura del presidente Ibáñez. En lo que nos ocupa hoy, se ha acusado a un integrante de la Corte Suprema, del máximo tribunal de la República, el ministro Diego Simpertigue, de haber incurrido en la causal de notable abandono de deberes, específicamente faltando al deber de imparcialidad e independencia; dos capítulos que comentaré en su momento”, expuso Couso, en una transcripción obtenida gracias a la plataforma Parlamento AI en alianza con El Mostrador.
“Las decisiones de la Corte Suprema han subrayado que la independencia e imparcialidad de los jueces, junto con su competencia, son esenciales. Sin ellas, se puede demoler el prestigio del Poder Judicial y poner en riesgo su propia existencia, como ha ocurrido en otros países”, agregó Couso.
La acusación fue presentada por los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes desde hace un año y medio han impulsado una ofensiva contra las redes en el Poder Judicial asociadas al abogado Luis Hermosilla. A ellos se sumaron Daniel Melo, Arturo Barrios, Leonardo Soto y Emilia Nuyado; los comunistas Luis Cuello, Matías Ramírez y Lorena Pizarro; la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello; y la representante de Acción Humanista, Ana María Gazmuri.
Sin embargo, la sesión dejó una novedad política significativa: la bancada UDI mostró disposición a aprobar el libelo. El diputado Marco Antonio Sulantay, miembro de la comisión revisora, afirmó que “habría situaciones por las que es plausible apoyar esta acusación. Básicamente, porque el deber de prescindencia no se respetó. Está comprobada esta relación del ministro con los abogados a través de algunos hechos conocidos. Yo creo que ahí es un punto clave el no haberse inhabilitado”.
En la misma línea, el jefe de bancada UDI, Henry Leal, sostuvo que “no hemos tomado una decisión como cuerpo, formalmente, pero ya hemos conversado el tema y ahí yo diría que mayoritariamente hay voluntad de aprobar la acusación”. Agregó que “lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y específicamente en la Corte Suprema ya es un tema que está bastante generalizado y extendido y hay que dar señales claras. La Corte Suprema tiene que tomar una decisión también con sus integrantes”. Aunque reconoció que algunos diputados mantienen dudas, afirmó que “la mayoría de la bancada está por aprobar la acusación”.
El libelo, de 52 páginas, acusa a Simpertigue de haber incurrido en “notable abandono de deberes”. La acción se activa tras la decisión del Pleno de la Suprema, el 14 de noviembre, de abrir un sumario por la relación del ministro con Eduardo Lagos, imputado en el caso de presuntas coimas para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. La presión llevó al magistrado a pedir vacaciones para definir su estrategia, ante el riesgo para su carrera judicial de cuatro décadas.
La acusación constitucional contiene tres capítulos. El primero imputa a Simpertigue una “falta notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad” en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec. El segundo capítulo plantea una falta notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales. El tercero le atribuye haber infringido de manera notable la abstención, la imparcialidad y la probidad en el caso Fundamenta.
