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Foto: AgenciaUNO
Megatoma de San Antonio: Gobierno confirma expropiación parcial y activa plan para evitar desalojo
La Moneda anunció un proyecto habitacional que permitirá adquirir parte del terreno ocupado desde 2019 y avanzar en una salida para las familias, en paralelo a la preparación del operativo que exige la justicia en las zonas fuera del polígono. “Una medida desesperada”, dijeron desde la oposición.
A días de que venza el plazo fijado por la justicia para desalojar el campamento Cerro Centinela, el Gobierno anunció un proyecto habitacional que busca dar una salida definitiva a más de 10 mil personas que viven en la megatoma instalada desde 2019 en San Antonio.
La iniciativa, presentada por los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo y Carlos Montes, contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del predio, con el objetivo de radicar a las familias que hoy ocupan el terreno y mitigar los efectos sociales, económicos y operativos de un desalojo de esta magnitud.
Cerro Centinela es hoy el asentamiento informal más grande del país: 4.136 hogares, más de 10.500 residentes y más de 3 mil niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó su desalojo tras acoger un recurso de protección de los propietarios, decisión ratificada por la Corte Suprema en marzo de este año. Ese fallo obligó al Ejecutivo a diseñar un plan operativo y una alternativa habitacional que evite un impacto crítico en la ciudad.
“No es una toma cualquiera”
El ministro del Interior explicó que el Gobierno intentó llegar a un acuerdo con los dueños del predio para adquirir los terrenos de manera directa, pero las conversaciones fracasaron porque el precio exigido “estaba muy por sobre el valor de mercado”, pese a la tasación realizada por peritos externos. Tras el quiebre, el Ejecutivo optó por activar el mecanismo de expropiación, una herramienta “existente en el ordenamiento jurídico y utilizada por distintos gobiernos para enfrentar necesidades sociales”, indicó Elizalde.
El plan habitacional —solicitado formalmente por las 40 cooperativas en que se organizaron 3.700 familias del campamento— permitirá urbanizar 100 hectáreas con lotes servidos y solución sanitaria. El Estado financiará la compra del terreno, mientras que las familias deberán aportar recursos para la urbanización en un esquema de corresponsabilidad: cada hogar debe acumular $1.500.000 este año como base del aporte propio, según el programa de ahorro impulsado por la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela. “No es una toma cualquiera”, subrayó el ministro Montes, quien enfatizó que un desalojo total sin un plan paralelo “generaría una crisis humanitaria que Chile no puede contener”.
El desalojo, sin embargo, seguirá adelante en las áreas que no serán expropiadas. El Gobierno señalará los detalles a la Corte una vez que entregue su informe, pero anticipó que será un proceso gradual, con refuerzo de contingentes policiales en fechas específicas y con resguardo de otras necesidades de seguridad en la región. La ministra Camila Vallejo recalcó que el caso de San Antonio es “excepcional” por su escala y que el Estado no podía permanecer al margen de un conflicto entre privados con efectos masivos.
Además de la radicación, el Ejecutivo reservará cerca del 5% del suelo para equipamiento comunal y destinará parte del terreno a futuros proyectos para familias que no forman parte del campamento. La meta del Gobierno es que, antes de terminar el actual período, la expropiación esté decretada y comiencen el diseño y la urbanización del nuevo barrio.
Con este anuncio, La Moneda busca cerrar un conflicto de cinco años que combina presión judicial, falta de acuerdo con privados, riesgos humanitarios y la urgencia de dar una respuesta habitacional que impida un desalojo de 10 mil personas sin alternativa viable.
El Gobierno pagará 0,23 UF por metro cuadrado —bajo los 0,44 UF solicitados por los dueños— utilizando recursos del Presupuesto 2025 para asentamientos precarios.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó previamente al Minvu, Interior, Seguridad Pública, Bienes Nacionales, Desarrollo Social y al municipio presentar un plan de acción con albergues transitorios para los habitantes. El 4 de diciembre vence el plazo para que las instituciones identifiquen los espacios destinados a esa fase.
Diputado Celis (RN): “Una medida desesperada del Gobierno”
Las reacciones en el Congreso no tardaron. Desde el oficialismo, el diputado Jorge Brito (FA) celebró la decisión y aseguró que el anuncio “permite iniciar el proceso de construcción de hogares y barrios seguros y dignos” para miles de familias de Centinela. Aunque lamentó “las incertidumbres que han debido pasar”, remarcó que este jueves comenzará el cumplimiento del fallo que obliga a retirar a quienes viven en “zonas de riesgo”, paso previo —dijo— para otorgar viviendas definitivas.
En la misma línea, el diputado y senador electo Diego Ibáñez (FA) calificó la medida como “el paso responsable para evitar una crisis humanitaria”.
Desde el Partido Radical, el diputado Tomás Lagomarsino valoró la señal del Ejecutivo, apuntando que la negociación con los privados “fue frustrada porque los propietarios imponían un valor por metro cuadrado mucho más alto del valor comercial”. Por eso, sostuvo, la vía adoptada “me parece adecuada”, y expresó su expectativa de que la expropiación “permita destrabar la adquisición de los restantes kilómetros cuadrados” para cerrar el conflicto judicial.
En contraste, la oposición acusó improvisación. El diputado Andrés Celis (RN) calificó la decisión como “una medida desesperada del Gobierno” y aseguró que se está “premiando a quienes se toman un terreno”. A su juicio, la expropiación parcial “beneficia solo a un grupo de personas” y trasladará el problema a la próxima administración. “Nuevamente este Gobierno demuestra una cobardía tremenda y le tira la pelota al que viene”, afirmó.
