Conflictos de intereses en tribunales ambientales: el caso Višnja Mušić

Las nominaciones para los tribunales ambientales en Chile, tras más de cuatro años de vacantes, han generado controversia debido a los vínculos previos de algunos postulantes con empresas que podrían ser fiscalizadas precisamente por dichos tribunales. Entre los nombres propuestos se encuentran Višnja Mušić Benedek y Camila Martínez Encina, cuyos antecedentes han suscitado dudas sobre la transparencia del sistema judicial ambiental.

Višnja Mušić Benedek y su vinculación con Volta

Mušić Benedek, bioquímica con más de 15 años de experiencia, ha sido nominada para el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Actualmente, ocupa el cargo de gerenta de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Volta, una empresa que ha enfrentado múltiples sanciones. En julio de 2025, la planta de Volta en Rungue, Tiltil, sufrió un derrame de residuos industriales líquidos (RILES) tras la rotura de un dique, lo que generó fuertes denuncias de los vecinos y una serie de acciones por parte de las autoridades, incluida la Seremi de Salud, que inició un sumario sanitario.

Este incidente se suma a una serie de problemas ambientales en Tiltil, una comuna conocida por la presencia de industrias contaminantes. La planta de Volta fue clausurada parcialmente por operar sin los permisos correspondientes, lo que evidencia una falta de fiscalización y abandono institucional en la región. En 2024, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló infracciones a Volta por olores insoportables que causaban cefaleas, náuseas y vómitos en los vecinos que vivían cerca de la planta. Además, se descubrió que la empresa no cumplía con los requisitos de monitoreo de aguas subterráneas, lo que agravó la situación.

Los conflictos de Volta no se limitan a Tiltil. En Ñuble, la empresa ha estado envuelta en un conflicto con la Municipalidad de Chillán Viejo, donde el alcalde Jorge del Pozo ha criticado abiertamente las operaciones de la empresa, considerándolas como un “punto negro” para la comuna debido a los malos olores y el daño a la infraestructura vial. Además, Volta demandó al Gobierno Regional de Ñuble por el cordón verde que impide su expansión, lo que ha incrementado las tensiones con las autoridades locales. Del Pozo también advirtió que Ñuble podría enfrentar una situación similar a la de Biobío, donde el relleno sanitario de Hidronor alcanzó su capacidad máxima rápidamente, lo que pone en duda la viabilidad de las operaciones de Volta en la región.

En enero de 2025, Volta Ecobío y su transportista, Dimensión, enfrentaron un sumario sanitario debido a la mala gestión de residuos y las malas condiciones laborales denunciadas por los trabajadores. Esto resultó en sanciones y multas para las empresas involucradas, lo que suma más antecedentes negativos a la empresa en la que Mušić ocupa un cargo clave.

Camila Martínez Encina y su defensa de proyectos mineros

Por otro lado, Camila Martínez Encina fue propuesta como ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Abogada con una vasta trayectoria en el sector público y privado, Martínez ha defendido a empresas como Minera Montecarmelo, que enfrentó sanciones y la revocación de su permiso ambiental en Puchuncaví. Su carrera ha estado fuertemente vinculada a la defensa de proyectos mineros, energéticos y rellenos sanitarios, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Martínez ha trabajado en estrategias legales para revertir sanciones ambientales, lo que genera dudas sobre su capacidad para juzgar con objetividad casos relacionados con los sectores que ha defendido. Los críticos señalan que su experiencia en la defensa de intereses privados podría dificultar su rol como árbitro imparcial en tribunales encargados de revisar las sanciones a estas mismas empresas.

La urgencia por llenar vacantes y la idoneidad de los nominados

A pesar de los cuestionamientos, senadores como Paulina Núñez, Luz Ebensperger, Alfonso De Urresti y Pedro Araya han afirmado que ambas candidatas cumplen con los requisitos formales para los cargos. Sin embargo, Araya recordó que el pronunciamiento de la comisión no es vinculante y que se requerirá un alto quórum para ratificar los nombramientos en la Sala del Senado.

La urgencia por llenar vacantes en los tribunales ambientales, algunos de los cuales han estado vacíos durante más de 1.500 días, sigue siendo un factor clave. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿la necesidad de cubrir estos puestos justifica la selección de candidatos con conflictos de intereses evidentes? Esta situación pone de relieve las dificultades de separar los intereses privados de la función pública, particularmente en tribunales encargados de resolver conflictos ambientales de alto impacto.

El Senado tendrá la última palabra sobre la ratificación de estas nominaciones. La discusión sobre los posibles conflictos de intereses continuará siendo un tema central en la evaluación de los futuros jueces ambientales, y su resolución tendrá un impacto significativo en la confianza pública en la justicia ambiental del país.