Pescadores atracan en Contraloría por resolución del Gobierno en torno a Ley de Fraccionamiento

Pescadores artesanales y también representantes del sector industrial llegaron hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar la revisión y nulidad de la Resolución Exenta emitida por la Subsecretaría de Pesca, que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal (RPA) de manera excepcional y masiva para nuevas embarcaciones en todo el país.

Según los gremios, la medida “es peligrosa e ilegal”, pues vulnera directamente el marco normativo que regula el acceso a pesquerías en plena explotación o agotadas, como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo y merluza común, donde el registro se mantiene cerrado para proteger la sustentabilidad del recurso.

En el requerimiento ingresado, acusan que el organismo encabezado por el subsecretario Julio Salas actuó “sin habilitación legal alguna” y “saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca”, pese a que se requiere informe técnico previo. Para los recurrentes, la autoridad “decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, contraviniendo el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos” y “desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible”.

El escrito advierte que “la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso”, enfatizando que “un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley”.

La presidenta de Conapesca, Victoria Rubio, sostuvo que buscan que Contraloría declare ilegal la resolución N°2.563 “porque cambia reglas de acceso que solo pueden modificarse por ley”. Agregó que se abren dos riesgos: “Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, no autoriza abrir registros ni incorporar nuevos actores. Si esto se normaliza, mañana cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”.

Desde el mundo industrial también existe preocupación. La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda, afirmó que “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas”. Recordó el caso del jurel chileno, que tras una década de manejo estricto “pasó de estar sobreexplotado a alcanzar su rendimiento máximo sostenible”. Por eso advirtió: “Si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica, se pone en riesgo la sustentabilidad, el trabajo y el futuro de miles de familias”.

El requerimiento está firmado por Sonapesca y múltiples sindicatos y asociaciones artesanales del país. Los gremios también cuestionan que la medida se enmarque dentro de las denominadas “siete medidas pro artesanal” anunciadas en noviembre, acusando que parte de ellas contradicen recomendaciones científicas e introducen cambios sin soporte normativo.