Gobierno aclara: detenido en megatoma nunca recibió pensión del Estado porque no lo pudieron hallar

El Gobierno salió a aclarar la situación de Bryan Andrés Serrano Godoy, de 21 años, uno de los detenidos por el ataque armado contra Carabineros durante el desalojo de la megatoma de San Antonio, luego de que se informara que figuraba como beneficiario de una pensión de gracia otorgada por violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

Serrano fue arrestado tras el operativo realizado en el cerro Centinela, donde dos funcionarios policiales resultaron heridos a bala. Según se había informado, el joven aparecía en los registros oficiales como uno de los beneficiarios de una pensión de gracia, al haber sufrido una lesión ocular durante las protestas de octubre de 2019.

Sin embargo, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, aclaró que dicho beneficio nunca fue efectivamente pagado. “No ha recibido nunca esa pensión”, afirmó. Según explicó, “si bien era asignatario de esa pensión, producto de que hay una violación a sus derechos en su momento —tiene pérdida ocular—, nunca fue hallado para poder generar el proceso administrativo que él tenía que desarrollar en ese momento y, por lo tanto, no ha recibido nunca esa pensión”.

Una versión similar entregó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien detalló que el pago requiere un procedimiento formal que no se concretó. “Esta pensión no había sido cobrada, porque para proceder al pago se requiere una notificación que no se realizó y, por tanto, no se habría verificado el pago”, indicó.

El secretario de Estado precisó que “las personas tienen que firmar un documento respecto de la pensión que se les otorga, un trámite, y este no se realizó”, subrayando que los delitos por los que hoy se investiga a Serrano ocurrieron con posterioridad a la asignación del beneficio.

Finalmente, Elizalde señaló que el Gobierno revisará este y otros antecedentes relacionados con las pensiones de gracia, mientras que el delegado Riquelme indicó que serán las instituciones competentes las que determinen qué ocurrirá con la pensión asignada al imputado.