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Lukas Solís/AgenciaUno
Caso ProCultura: fiscalía pide prisión preventiva para Alberto Larraín
El tribunal fijó medidas para Gabriel Prado, mientras se postergó la decisión sobre el psiquiatra y amigo del Presidente Boric, Alberto Larraín, y otros tres imputados, por irregularidades en convenios con el GORE Metropolitano. La audiencia continuará este lunes.
La audiencia de formalización por el delito de fraude al fisco contra el fundador de la Fundación ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín Salas, y otros tres integrantes de la entidad (un quinto ya fue formalizado el sábado), continuó este domingo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La jornada estuvo marcada por la discusión de las primeras medidas cautelares y un sorpresivo cambio en la defensa de una de las imputadas, en el marco de la investigación por irregularidades del Caso Convenios con el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.
Como informó El Mostrador, el tribunal dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para el profesional y asesor externo de la fundación, Gabriel Padro Acuña. Respecto de los otros cuatro imputados —Alberto Larraín, María Constanza Gómez (representante legal), Evelyn Gutiérrez (exjefa de división del GORE RM) y María Teresa Abusleme (exdirectora de estudios)—, la discusión sobre sus medidas cautelares quedó pendiente.
El tribunal programó la reanudación del proceso para este lunes a las 10:00 horas, instancia en la que se escucharán las réplicas de los querellantes y las defensas y se definirá el plazo de investigación oficial.
La Fiscalía, representada por el fiscal jefe de Alta Complejidad de Antofagasta, Cristian Aguilar, solicitará la prisión preventiva para estos cuatro imputados restantes. Según el ente persecutor, la pretensión de cautelares responde a la gravedad del delito y al daño provocado a recursos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos.
Renuncia de la defensa de Abusleme
Un hito de la audiencia de hoy, y que continuará mañana, fue la renuncia del abogado Mario Valenzuela, quien representaba a la imputada María Teresa Abusleme. Valenzuela explicó en el Centro de Justicia que su decisión se debió a “discrepancias con la familia y con ella”.
Ante la posibilidad de suspender la audiencia, el tribunal determinó que el rol de la defensa fuera asumido de inmediato por la Defensoría Penal Pública, permitiendo que el proceso continuara su curso.
La investigación, que la Fiscalía de Antofagasta lidera desde mayo de 2025, se centra en un programa de prevención del suicidio suscrito en 2022 por un monto total de 1.683 millones de pesos.
Antecedentes del fraude al fisco
Entre los antecedentes expuestos por el Ministerio Público destacan que la fundación habría sido elegida sin reunir las competencias necesarias, presuntamente favorecida por vínculos de amistad, políticos y laborales entre los representantes de ambas partes.
El fiscal cuestionó el traspaso íntegro de los fondos en una sola cuota, la contratación de funcionarios de ProCultura para el programa y el hecho de que una de las imputadas habría invertido la totalidad de los recursos en fondos mutuos personales con el aval de la ONG.
Tras graves incumplimientos, el GORE Metropolitano liquidó el trato en noviembre de 2023, solicitando la restitución de 1.015 millones de pesos, los cuales aún no han sido devueltos.
