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Agencia Uno
Minvu rechaza acusaciones de estafa contra ministro Montes tras querella por megatoma de San Antonio
La cartera de Vivienda rechazó las acusaciones presentadas por pobladores del Cerro Centinela y aseguró que no existen elementos legales que configuren el delito denunciado.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) negó las acusaciones de estafa contenidas en una querella presentada por pobladores de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, que apunta contra el ministro Carlos Montes y otras autoridades regionales. A través de una declaración pública, la cartera afirmó que las imputaciones carecen de sustento legal y defendió que todas las actuaciones se han realizado dentro del marco normativo vigente.
La acción judicial fue interpuesta por el Movimiento Pobladores Organizados y está dirigida contra el titular de Vivienda, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. En el escrito se les acusa de estafa, en el contexto del proceso de desalojo y demolición parcial de la megatoma.
Frente a ello, desde el Minvu señalaron que “a la fecha ninguna querella ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas mencionadas en notas de prensa emitidas al respecto”.
“Rechazamos categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa, delito que, conforme a los artículos 467 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, elementos que no se configuran en este caso”, indicaron.
El Ministerio también defendió la legalidad del proceso impulsado por el Gobierno para abordar la situación habitacional de las familias del sector, asegurando que las acciones emprendidas buscan soluciones dentro de los márgenes que establece la ley. “Respetamos el derecho de los ciudadanos a recurrir a la justicia y colaboraremos plenamente con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos”, agregaron desde el Minvu.
Desde el Minvu sostuvieron que la iniciativa cuestionada no fue impuesta de manera unilateral, como plantean los querellantes. “Fueron las propias cooperativas, sin exclusión, las que de manera formal y a través de las vías regulares establecidas solicitaron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión, con las características que son de público conocimiento”.
Según la querella presentada a fines de 2025 y actualmente ingresada en el Juzgado de Garantía de San Antonio, los denunciantes acusan a las autoridades de promover un acuerdo habitacional que no cumpliría con lo originalmente comprometido. En particular, cuestionan que el proyecto impulsado por el Ejecutivo considere solo 100 hectáreas del total de los terrenos ocupados por la megatoma, pese a que se había negociado una solución que abarcara el 100% del espacio.
La acción judicial también solicita una medida cautelar para suspender los desalojos, argumentando que la sentencia que ordena el proceso se estaría ejecutando de forma parcial y no ajustada a derecho. Mientras tanto, desde el Ministerio reiteraron su disposición a colaborar con la justicia para aclarar los hechos y descartar cualquier irregularidad.
