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Causa penal: Fiscalía investigará irregularidades detectadas tras megaincendio en Valparaíso
El Ministerio Público abrió una investigación luego de que la Contraloría detectara “graves irregularidades” en demoliciones de viviendas siniestradas, con fondos comprometidos por más de $1.100 millones. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
El Ministerio Público resolvió abrir una causa penal para indagar eventuales delitos vinculados a la ejecución de recursos públicos tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024. La decisión se adoptó luego de recibir informes finales de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República.
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que los antecedentes fueron analizados a nivel central y posteriormente derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que asumirá el desarrollo de las diligencias.
“Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura”, señaló Campos, precisando que estos se relacionan con los procesos implementados tras los incendios ocurridos en febrero del año pasado.
Según detalló, los informes dan cuenta de “graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas”, involucrando cerca de un centenar de inmuebles y recursos públicos que, al menos hasta ahora, superan los $1.100 millones.
“Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, añadió.
Durante la jornada previa se conoció que la Contraloría, además de ordenar la instrucción de sumarios administrativos, remitió los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a fin de que evalúen acciones judiciales.
Entre las observaciones detectadas por el ente fiscalizador figuran pagos por servicios que no habrían sido ejecutados, utilización de maquinaria cuya existencia no pudo acreditarse, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superarían el 500%.
Los informes también incluyen reparos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a los municipios de Quilpué y Viña del Mar y a la Dirección Regional de Arquitectura, apuntando a deficiencias en los procesos de compra, gastos improcedentes y falta de control en la entrega de ayudas destinadas a las personas damnificadas.
