Fiscalía pide formalizar a Joaquín Lavín León por fraude, falsificación y tráfico de influencias

La Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó la solicitud de formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI), a quien imputará por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, en el marco de una investigación por irregularidades en el uso de recursos públicos y vínculos con contratos municipales.

El requerimiento fue presentado por la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, y ya tiene fecha definida: el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 4 de mayo, a las 9:00 horas, la audiencia en la que el Ministerio Público comunicará los cargos y solicitará medidas cautelares contra el exparlamentario.

La formalización se produce luego de que la Corte Suprema ratificara el desafuero de Lavín León, permitiendo avanzar en su persecución penal. En esa instancia, la Fiscalía ya había expuesto los hechos y delitos por los cuales buscaba imputarlo.

Junto al exdiputado, la Fiscalía también solicitó formalizar a otras tres personas vinculadas a la causa: su exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez; el empresario informático Felipe Vázquez; y el empresario Juan Silva. A Domínguez se le imputarán delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho agravado y delitos tributarios, mientras que a los otros involucrados se les atribuyen delitos de fraude y tributarios.

En la investigación también participan como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, ambas instituciones que previamente habían solicitado el desafuero del entonces diputado.

Uno de los principales hechos que sustentan la imputación por fraude al Fisco dice relación con la empresa Modo74, propiedad de Felipe Vázquez, que habría desarrollado una plataforma digital para campañas políticas. Según la Fiscalía, este proyecto fue financiado íntegramente con recursos del Congreso, pese a que —según la investigación— el exdiputado mantenía intereses personales y políticos en la empresa.

El Ministerio Público sostiene que la iniciativa habría sido concebida desde su origen para generar beneficios económicos y societarios para Lavín León y su entorno familiar. Este hecho, según los antecedentes expuestos, habría provocado un perjuicio fiscal superior a los $93 millones.

Otro de los ejes de la causa apunta a la presentación de documentación presuntamente falsa para financiar la campaña electoral del exparlamentario. En esta arista se vincula al empresario Juan Silva, quien habría emitido facturas por servicios de imprenta que, según la investigación, no se habrían prestado.

De acuerdo con la querella del CDE, los involucrados se habrían concertado para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin relación con las funciones parlamentarias. Estas maniobras, según la Fiscalía, habrían generado un perjuicio fiscal adicional que supera los $104 millones.

El tercer eje de la imputación corresponde al delito de tráfico de influencias y se relaciona con el rol que habría ejercido Lavín León durante la administración municipal de Maipú encabezada por su cónyuge, la exalcaldesa Cathy Barriga.

Según la Fiscalía, el exdiputado habría intervenido en decisiones municipales, influyendo en funcionarios públicos para favorecer intereses propios en contratos y operaciones dentro del municipio, aprovechando su posición como parlamentario y su vínculo con la autoridad comunal.

Con la audiencia de formalización ya fijada, la causa entra en una nueva etapa judicial, donde el Ministerio Público buscará establecer las responsabilidades penales de los imputados y definir las medidas cautelares en un caso que involucra a exautoridades, asesores y actores privados.