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Asociación Colonia Dignidad rechaza fin a expropiación de terrenos de la secta
Según la organización, la cifra de 47 mil millones de pesos que el ministro de Vivienda dijo que costaría la expropiación es un argumento económico que “resulta inaceptable”, aseverando que “no existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado”.
Un comunicado en el cual expresa su rechazo al cese de la expropiación de los terrenos de la secta neonazi de Colonia Dignidad emitió la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, luego de las declaraciones formuladas en ese sentido por el Ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Al respecto, la organización dijo que “lo que se ha anunciado no es un ajuste administrativo ni una reconsideración técnica: es un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Del mismo modo, se indicó que “esta decisión no es neutra. Es una señal clara de que este gobierno está dispuesto a retroceder en políticas de derechos humanos”, recordando el papel de la secta en las violaciones a los DDHH cometidos en dictadura: “Colonia Dignidad fue uno de los principales enclaves de represión, tortura y desaparición forzada en Chile, un espacio donde operó una estructura criminal articulada con organismos del Estado. No estamos hablando de un terreno cualquiera: estamos hablando de un sitio con valor judicial, probatorio e histórico, donde aún es posible encontrar evidencia sobre el destino de personas detenidas desaparecidas”.
Otro aspecto en el cual pusieron énfasis fue en las cifras indicadas por Poduje (según el cual la expropiación costaba 47 mil millones de pesos), aseverando que “el argumento económico utilizado por el gobierno resulta inaceptable. No existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado. Existen tasaciones previas —incluyendo estudios encargados por Alemania a la GIZ, acordados por la Comisión Mixta y antecedentes del propio Estado de Chile — que no han sido debidamente considerados ni contrastados. Invocar el costo, sin transparencia ni rigor técnico, no es más que una excusa para encubrir una decisión política ya tomada”.
En ese sentido, indicaron que “lo que está en juego aquí es mucho más que un proceso expropiatorio. Es la credibilidad del Estado frente a las víctimas, frente a la sociedad y frente a la comunidad Internacional. Es la señal que se envía respecto de si los compromisos en derechos humanos son efectivamente políticas de Estado o meras declaraciones sujetas a la voluntad del gobierno de turno”.
