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Hacienda apuesta a bajar impuesto corporativo: expertos advierten riesgo fiscal y sesgo proempresa PAÍS Agencia Uno

Hacienda apuesta a bajar impuesto corporativo: expertos advierten riesgo fiscal y sesgo proempresa

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Carlos Saldivia
Por : Carlos Saldivia Periodista de El Mostrador
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Hacienda propone bajar la tasa corporativa de 27% a 23% en cuatro años para reactivar la inversión, pero expertos apuntan a riesgos fiscales, además de una inclinación desmedida hacia los grandes capitales.


El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alista los detalles del controvertido pilar de lo que el Gobierno llama estrategia de “Reconstrucción Nacional” o “reactivación económica”: la rebaja al Impuesto de Primera Categoría, que propone reducir gradualmente la tasa impositiva que pagan las empresas sobre sus utilidades, pasando del 27% actual al 23% en un plazo de cuatro años. Detractores de la medida cuestionan que el impuesto de segunda categoría se reduzca y economistas como Claudio Agostini han sostenido que no hay ningún ejemplo en el mundo que demuestre lo que plantea Quiroz.

Para el equipo de Hacienda el objetivo central de bajar del 27% actual al 23% apunta no solo a alinear la carga tributaria de las empresas del país con el promedio de los países de la OCDE –revirtiendo una tendencia de dos décadas en la que Chile fue el único miembro del bloque que subió este impuesto, mientras el resto lo bajaba para ganar competitividad–, sino que a estudios que demuestran que la reducción hace aumentar el crecimiento de las empresas y, con ello, “la recaudación y el empleo”.

El ministro Quiroz sostiene que Chile ha vivido un “declive” de 12 años producto de haber subido sus impuestos corporativos mientras el resto del mundo los bajaba. Según el secretario de Estado, la actual carga tributaria ahuyenta la inversión hacia destinos como países vecinos, Europa o Estados Unidos, por lo que esta reducción es relevante para que los capitales se queden e inviertan en el país.

Desde una perspectiva técnica, el ministerio cita estudios transversales, entre ellos, los de la Comisión Marfán, que indican que por cada punto de rebaja en el impuesto corporativo, el Producto Interno Bruto (PIB) aumenta un 0,65% a largo plazo. La meta final es llevar el crecimiento potencial al 4% anual y a un desempleo de 6%.

Según el Ejecutivo, la medida reactivaría la inversión privada para generar empleos formales, bajo la premisa de que las empresas afectadas por esta tasa emplean al 55% de los trabajadores en Chile.

Desde el Gobierno argumentan que, al mejorar las condiciones para estos grandes generadores de trabajo, se protege el empleo de calidad y se activa una cadena de valor que arrastra a cerca de 100 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) que proveen servicios a estas industrias y que hoy no están sujetas a regímenes especiales.

No obstante, algunos economistas sostienen que el crecimiento no depende solo de una rebaja tributaria, sino de su diseño, y que las rebajas de impuestos aplicadas por Ronald Reagan en Estados Unidos o por Margaret Thatcher en Inglaterra no lograron su objetivo.

Según explican algunos economistas cercanos a la oposición, estas rebajas de impuestos a las empresas no consiguieron generar el aumento esperado en el crecimiento económico inmediato.

En el caso de Reagan, su política de “Reaganomics”, que incluía significativas rebajas fiscales a las empresas, fue implementada a partir de 1981. A pesar de que hubo un crecimiento económico significativo en Estados Unidos hacia finales de la década, durante los primeros años de su mandato la economía experimentó una recesión, puntualmente en 1982, lo que llevó a muchas críticas acerca de la efectividad de estas políticas.

Las voces críticas: sesgo proempresa y riesgo fiscal

A pesar del optimismo gubernamental, el plan ha enfrentado postergaciones debido a cuestionamientos, incluso dentro del propio oficialismo, donde se percibe una inclinación desmedida hacia las grandes corporaciones y los sectores de mayores ingresos.

Los detractores, en el oficialismo y también en la oposición, argumentan que el beneficio se concentra en los grandes capitales, dejando en un segundo plano una redistribución más equitativa y profundizando la brecha de ingresos al reintegrar totalmente el sistema tributario.

Otras voces sostienen que para beneficiar a la clase media debieran disminuirse también los impuestos de segunda categoría para los contribuyentes que ganen sueldos inferiores a los 2 millones de pesos. O bien, modificarse los tramos de forma transitoria en medio de la crisis de los combustibles. El impuesto de segunda categoría se aplica a los sueldos, salarios y pensiones de forma progresiva y se paga mensualmente por descuento en rentas por una actividad laboral ejercida en forma dependiente, por sueldos sobre los $940.000 (13.5 UTM).

Análisis de impacto y recaudación

Por otro lado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha manifestado su preocupación por el estado de las finanzas públicas y que ello podría agravarse con una disminución impositiva.

Según explican en la oposición, Chile enfrenta una situación de “estrés fiscal” prolongada, con un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral prudente y fondos soberanos en niveles mínimos.

El ministro Quiroz ha buscado matizar los temores sobre la caída en la recaudación, señalando que la solución de largo plazo no es más impuestos, sino volver a crecer por sobre el 2%. En instancias parlamentarias, ha mencionado estudios de la Comisión Marfán que sugieren que el impacto en la recaudación de una eventual rebaja tributaria podría ser neutral en el largo plazo, si se considera el impulso económico generado.

Exautoridades, como el exministro de Hacienda Ignacio Briones, han señalado que cada punto de rebaja podría impactar negativamente los ingresos fiscales en un 0,15% del PIB en el corto plazo, advirtiendo que el efecto neto tras el crecimiento esperado solo amortigua la caída a un -0,1% del PIB, lo que exige medidas de compensación fiscal inmediatas.

Frente a las críticas de la oposición que ven en esto un beneficio para las “grandes fortunas”, Hacienda responde con un plan integral que incluye la reintegración total del sistema tributario para eliminar la doble tributación y la restauración de la Invariabilidad Tributaria (DL 600) para grandes proyectos.

La estrategia será presentada en un solo proyecto de ley de urgencia durante la primera semana de abril, buscando un impacto reactivador inmediato.

Plan B: la gradualidad para la rebaja de impuestos

También el Ejecutivo está evaluando una nueva fórmula que introduce un ritmo más gradual en la rebaja del impuesto a las empresas, con el objetivo de suavizar su impacto inicial en la recaudación fiscal. Según las proyecciones que maneja el Ministerio de Hacienda, en la Operación Renta de 2027 la tasa de impuestos se reduciría en medio punto porcentual, mientras que en 2028 la disminución sería de un punto y medio.

Esta estrategia busca mitigar las preocupaciones sobre la pérdida de ingresos fiscales en los primeros años y, al mismo tiempo, responder a las críticas políticas que han surgido en torno a la medida y al argumento de que “esta rebaja impositiva favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos”, y que no se considera nada para los impuestos de segunda categoría.

Además, la propuesta permitiría disminuir la presión para aplicar recortes fiscales estimados en aproximadamente US$ 4.000 millones, como se había planteado en un principio.

Anteriormente, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, había indicado que el Gobierno presentaría una reforma tributaria enfocada en reducir los impuestos a la inversión, la cual se prevé que sea enviada al Congreso en la primera semana de abril.

Quiroz subrayó que la rebaja se implementará de manera progresiva para fortalecer la credibilidad del proceso. “Queremos restablecer el Estado de derecho en materia tributaria para estimular la inversión. La reducción se llevará a cabo paulatinamente, ya que no puede ser un cambio abrupto. Sin embargo, si el sector privado nos confía, seguirá invirtiendo”, declaró.

El ministro añadió que el propósito es avanzar hacia un sistema tributario que genere mayor confianza entre los inversionistas. “Chile cuenta con tasas impositivas claramente definidas, pero a menudo existe incertidumbre en la aplicación de las normas. Esto desincentiva la inversión. Nuestro objetivo es recuperar la confianza y el respeto por el marco legal para que los proyectos de inversión retornen al país”, concluyó.

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