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Los “narcosobrinos” cuando fueron detenidos (archivo).
El caso de los “narcosobrinos”, la base de las acusaciones contra Nicolás Maduro y su esposa
Experto en crimen organizado Pablo Zeballos indica que existen varios antecedentes de casos previos, en función de los cuales va a actuar la Fiscalía de Nueva York, utilizando además precedentes como el proceso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán.
En marzo próximo, la Fiscalía de Estados Unidos comenzará a mostrar, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las evidencias de que dispone para acusar a Nicolás Maduro y a su esposa.
El primer escollo que deberán superar los acusadores será el relativo a la legalidad del operativo efectuado en la madrugada del sábado en Caracas, realizado a partir de una orden de detención judicial (pero en un territorio en el cual EE.UU. no tiene jurisdicción), en lo que para Maduro –como lo dijo ayer en la Corte– fue simplemente un secuestro. En esto se enfocará su abogado, Barry Pollack, el mismo penalista que defendió, entre otros acusados de alto perfil, a Julian Assange, a uno de los ejecutivos implicados en la quiebra de Enron y a Fernando Bermúdez, un hombre que estuvo 18 años preso por un crimen que no cometió.
Si los acusadores logran que el tribunal declare que la detención fue legal, el segundo paso entonces será mostrar las evidencias que posee y en las cuales se sustentan las dos acusaciones ingresadas a esa Corte, tanto en 2020 como en 2025.
A ese respecto, el investigador de crimen organizado Pablo Zeballos señala que “cada vez que se menciona la acusación penal contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, reaparece con fuerza una narrativa conocida: que se trataría de una persecución política, carente de pruebas directas, porque nadie ha visto al mandatario venezolano cargando droga en un avión. El problema es que ese argumento, repetido hasta el cansancio, simplemente no funciona en el sistema judicial federal estadounidense”.
En ese sentido, Zeballos, que ha trabajado como inspector de la ONU, explica que “en Estados Unidos no se juzga a los líderes por tocar físicamente la droga. Se les juzga por algo mucho más complejo y, a la vez, más grave: haber dirigido, permitido o facilitado una conspiración criminal, utilizando el poder y la infraestructura del Estado”.
En dicho sentido, precisa que “la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no pretende presentar a Maduro como un narcotraficante más, sino como el vértice de una empresa criminal que opera de manera continua en el tiempo y que utiliza aeropuertos, Fuerzas Armadas, diplomacia y estructuras estatales como herramientas al servicio de actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro y armas”.
Los narcosobrinos
En ese sentido, explica que hay varios casos investigados por la Drug Enforcement Administration (DEA) que poseen una gran cantidad de antecedentes que seguramente saldrán a la luz, siendo el principal de ellos el conocido como el de “los narcosobrinos”.
Se trata de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos y muy cercanos a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Ambos ofrecieron a agentes encubiertos de la DEA la venta de 800 kilos de cocaína, alardeando de su capacidad para movilizar toneladas de cocaína utilizando el hangar presidencial del Aeropuerto de Maiquetía, asegurando que el cargamento viajaría con la misma discreción que un alto funcionario del Estado.
La droga, según dijeron, les era suministrada por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que es un elemento esencial en la primera acusación en contra de Maduro, en la cual se le acusa de haber ayudado a las FARC a establecer campamentos en Venezuela, entre otras cosas.
El 10 de noviembre de 2015, ambos se trasladaron a Puerto Príncipe, Haití, donde esperaban reunirse con los supuestos compradores de los 800 kilos, que se hicieron pasar por miembros del Cartel de Sinaloa. Sin embargo, fueron esposados y, tal como sucedió en 2026 con su tía y su esposo, fueron trasladados hasta Nueva York.
En el juicio se exhibieron audios en los cuales los narcosobrinos se jactaban de la forma en que movían droga, gracias al apoyo del Estado venezolano, y también fueron exhibidas imágenes extraídas de sus teléfonos celulares, en las cuales se los veía manipulando bloques de droga y posando con armas de asalto.
En diciembre de 2017, el juez Paul Crotty los condenó a 18 años de prisión por conspiración para importar narcóticos a los Estados Unidos con fines específicos. La sentencia señala que ambos dijeron a los agentes encubiertos que el dinero que ganarían con el tráfico lo iban a destinar a financiar la campaña de Cilia Flores a la Asamblea Nacional. En uno de los audios, Campo decía que “mi mamá está compitiendo en la elección y necesito 20 millones de dólares. En otras palabras… el asunto del dinero… lo necesitamos para diciembre”.
Cabe indicar que ambos detenidos no eran unos sobrinos lejanos, sino que fueron criados por la esposa de Maduro, lo que se evidencia además por la forma en que Campo la llamaba. A Nicolás Maduro, de hecho, le decía “papá”.
El dinero, por cierto, no era para realizar propaganda o algo semejante, sino para comprar votos, como el mismo sujeto se lo explicó a uno de los agentes el 26 de octubre de 2015: “Cada uno de los estados de Venezuela está dividido en parroquias con un jefe que, por ejemplo, se compromete con 400 votos para nosotros”, agregando que “cada voto me cuesta 100 dólares”.
El 1 de octubre de 2022, sin embargo, el entonces presidente estadounidense Joe Biden firmó un indulto para los dos jóvenes, quienes fueron intercambiados por siete ciudadanos estadounidenses que llevaban años tras las rejas en Caracas. El intercambio se realizó en una pista de aterrizaje en la isla de San Vicente y las Granadinas a cambio de los dos “narcosobrinos”.
Al respecto, Zeballos precisa que ese caso es clave, pues indica que “esa condena no fue un episodio aislado ni menor. Estableció como hecho probado el uso de un hangar presidencial para operaciones de narcotráfico por parte de familiares directos del círculo presidencial. Para cualquier jurado, ese antecedente debilita de manera severa la tesis del desconocimiento del Ejecutivo. Ya no se trata de estructuras periféricas o autónomas, sino del uso de infraestructura estatal bajo control directo del poder presidencial”.
En cuanto a la jurisdicción, argumenta que es difícil que la detención se declare ilegal, pues hay precedentes y el más cercano en el tiempo es el caso de Joaquín “el Chapo” Guzmán, “en el cual se demostró que, si la droga tiene como destino Estados Unidos, los tribunales estadounidenses son competentes, aun cuando los hechos ocurran fuera de su territorio”.
El caso de Saab
Otro caso donde existen antecedentes que el investigador no duda que serán utilizados en este proceso es el relativo al todopoderoso colombiano Alex Saab, el hombre que fue sindicado por la DEA como el encargado de lavar dinero para el régimen de Maduro, motivo por el cual se emitió una orden internacional de captura en su contra. Esta fue ejecutada el 12 de junio de 2020, cuando el jet privado de Saab, que volaba desde Caracas hacia Teherán con una supuesta misión diplomática, tuvo que aterrizar para cargar combustible en Cabo Verde. Allí, la Interpol ejecutó una orden de arresto emitida por Estados Unidos.
Pese a que el Gobierno de Maduro aseguró que Saab se encontraba en una “misión especial” que supuestamente le confería inmunidad diplomática, luego de una batalla judicial de 16 meses, finalmente se dio luz verde a su extradición a Miami, a donde Saab llegó el 16 de octubre de 2021, siendo acusado de conspiración para lavar dinero.
El juicio nunca terminó y, en medio del proceso, Biden también lo indultó en las mismas condiciones que a los “narcosobrinos”, con la diferencia de que Saab fue canjeado en la misma isla —San Vicente y las Granadinas— por 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, el 20 de diciembre de 2023.
Alex Saab regresó a Caracas ese mismo día, siendo recibido en la pista de aterrizaje por la plana mayor del Gobierno venezolano como un “héroe y patriota” que resistió el “secuestro”. Tras ello, fue nombrado ministro de Industrias, cargo que mantiene hasta hoy.
Al respecto, Zeballos argumenta que “el caso de Alex Saab permitió reconstruir el mapa financiero del régimen venezolano y demostrar la escala y complejidad del sistema. La Fiscalía ya no necesita un recibo firmado por Maduro: basta con probar que el volumen, la sofisticación y la duración de esa estructura solo podían existir con la autorización del poder central”.
En ese sentido, el investigador detalla que “la acusación no busca demostrar que Nicolás Maduro cargó droga, sino algo mucho más profundo y perturbador: que convirtió al Estado venezolano en una plataforma criminal funcional. Bajo ese estándar jurídico, eso es suficiente. La eventual vinculación con organizaciones como el Tren de Aragua es, probablemente, uno de los elementos que deberán probarse con mayor precisión, pero el marco general de la acusación ya está planteado. Y no es político: es estructural, institucional y penal”.
