Caso Cascadas
Desde octubre de 2013 que el controlador de las cascadas ha venido modificando sus empresas cerradas. Ahora puede destruir información y eximirse de la obligación de elaborar y mantener actas de directorio y accionistas, entre otros documentos.
Mientras los abogados del presidente de SQM, Julio Ponce, se concentraban en responder a las imputaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y a las demandas que posteriormente surgieron por parte de los accionistas que se sintieron perjudicados por el “esquema estructurado” detectado por el regulador, el empresario ha venido maquinando desde el año pasado importantes cambios en sus sociedades personales.
Corría septiembre de 2013 y la SVS, cuyo titular era Fernando Coloma, les imputó a Ponce y otros tres ejecutivos relacionados a la cascada la participación, el diseño y la ejecución de un “esquema” cuyo fin era la obtención de beneficios particulares en desmedro de accionistas minoritarios. Fue entonces cuando, a partir de octubre del año pasado, el presidente de SQM comenzó a efectuar una serie de cambios en las sociedades cerradas que están encima de la famosa cascada (compuesta por Norte Grande, Oro Blanco y Calichera). Todas modificaciones que hoy lo eximen de la obligación de elaborar o entregar una serie de antecedentes financieros e incluso mantener dicha información, pudiendo eliminarla.
La cadena de control sobre la cascada de SQM pasó de ser un grupo de empresas de sociedades anónimas a uno de sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades SQYA, SQ, SQ Holding e Inversiones del Sur –que recientemente se fusionó con Inversiones Hoca– ejecutaron juntas extraordinarias de accionistas con el fin de transformar su figura. La razón, según explicó quien presidió cada una de estas juntas, Felipe García Huidobro Mac-Auliffe –que a su vez es gerente general de todas estas sociedades de Ponce–, radicó en que era “innecesario incurrir en los gastos y carga administrativa que implicaba el ser una sociedad anónima, tales como la necesidad de mantener libros, registros y directores, todo lo cual justificaba plenamente la transformación de la sociedad en una de responsabilidad limitada”.
Huidobro planteó el cambio con el consentimiento de Luis Saldías, hombre que ha desempeñado funciones tanto para Ponce como para Roberto Guzmán, imputado por la SVS como agente vinculado al “esquema”. En este caso, Saldías representaba a SQH, sociedad que también pertenece al mandamás de Soqui, y que posee una porción mínima en las sociedades mencionadas.
Inversiones SQYA se había constituido en 2002 y es controlada por Inversiones SQ, constituida en 2006; mientras SQ Holding se formó en 1977. Estas dos últimas sociedades tienen el mismo domicilio legal de Guzmán y son controladas por Inversiones SQ Grand Corp, sociedad domiciliada en Islas Caimán. Inversiones del Sur, en tanto, absorbió en julio de este año a Inversiones Hoca, siendo ambas reconocidas por la SVS como vinculadas al esquema, y en agosto pasó a ser una sociedad de responsabilidad limitada tras haberse constituido como una S.A. en 1982.
Así es como todas estas sociedades nacieron como sociedades anónimas y sólo desde octubre pasado realizaron estos cambios, los que podrían tener implicancias relevantes para la investigación que lleva adelante el fiscal José Morales, cabeza de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
Los cambios en estas sociedades le han servido a Jorge Bofill, abogado que representa a Julio Ponce ante el Ministerio Público, como argumento para no entregarle información a Morales.
Esto, porque a principios de octubre los abogados de Moneda Asset Management requirieron a la Fiscalía que aperciba a Ponce y Guzmán a entregar una serie de antecedentes respecto de las sociedades mencionadas, además de aquellas domiciliadas en el exterior, como SQ Grand Corp (Islas Caimán), Pacific Atlantic Trading (Islas Caimán) y The Pacific Trust (Islas Vírgenes Británicas), como asimismo de Holywell Corporation y Cardiff Management, sociedades dueñas de Inversiones del Sur.
Los documentos requeridos fueron registros de accionistas, actas de juntas de acciones, actas de directorio, estados financieros y balances tributarios generales tributarios anuales del período comprendido entre 2007 y 2013. La razón para pedir esta información era porque formaban parte de la estructura controladora de SQM, según consta en antecedentes de 2007 de la SEC (el regulador de valores de EE.UU.), y pudieron haber sido beneficiados del esquema detectado por la SVS.
La Fiscalía le dio curso a la petición y a mediados de octubre obtuvo respuesta de Bofill. Respecto de las sociedades domiciliadas en el extranjero, dijo que “no existe en poder de mi representado información como la solicitada”, dando a modo de contexto el hecho de que éstas están sometidas a legislaciones de otros países.
En cuanto a las sociedades que justamente pasaron de ser S.A. a sociedades de responsabilidad limitada, el abogado sostuvo que “desde su transformación a dicho régimen societario tales sociedades no se encuentran obligadas a llevar ni mantener registro de accionistas, libro de actas de sesiones de directorio ni libro de actas de juntas de accionistas. De hecho, toda la documentación aludida fue inutilizada una vez perfeccionada la transformación del régimen societario”.
Pese a lo anterior, Bofill acompañó antecedentes a la Fiscalía, con excepción de los estados financieros: “Estas sociedades no confeccionan tales estados financieros puesto que, tratándose respectivamente en el tiempo de sociedades anónimas cerradas y –luego– sociedades de responsabilidad limitada, no se encuentran obligadas legalmente a hacerlo”, fue la razón. Sin embargo, conocedores de la causa temen que la información aportada no sea toda la existente.
Con el cambio, fuentes informadas al tanto de estas modificaciones aseguran que, dado que las compañías no tienen obligación de mantener estos antecedentes, podrían eliminarlos. De hecho, Bofill entregó los documentos con un timbre que dice que fueron “inutilizados”, expresión ambigua que para algunos abogados de la causa abre la interrogante sobre si hubo otros documentos “inutilizados” no sólo bajo el signo de un timbre, sino eliminándose por completo. “Se están precaviendo de un argumento para justificar el no tener en su poder documentación el día que se la pidan”, sostienen.
Abogados cercanos a Ponce aseguraron que no se ha eliminado documentación de las compañías y que se entregó todo a la Fiscalía. El cambio en la figura de las sociedades no implicaría grandes diferencias en cuanto a la información que actualmente elaboran estas sociedades e incluso podría haber más transparencia: “En el caso de las sociedades anónimas cerradas nadie tiene acceso al registro de accionistas, no así en las empresa de responsabilidad limitada donde en su escritura se ve la identidad de los socios”.
En cualquier caso, la Fiscalía podría iniciar una incautación en las oficinas de Ponce a través de la PDI. La Brigada de Delitos Económicos ya conoce las inmediaciones de la cascada, pues en octubre, por petición de Morales, efectuó informes planimétricos y fotográficos de estas empresas, dando cuenta de que el presidente de todas estas sociedades, Julio Ponce, no tiene oficinas allí.
