Diligencias solicitadas por querellantes no solo se han concentrado en la información que pueda reportar el Servel sino también el SII, respecto de eventuales rectificaciones tributarias de las 10 compañías acusadas por apropiación indebida. SVS ya formuló cargos al directorio de SQM por no haber informado estas contingencias a tiempo. ¿Un precedente para el resto?
Alto revuelo causó la solicitud de la Fiscalía Oriente por conocer los montos de los aportes reservados efectuados por Cencosud, Antarchile, Quiñenco y SQM. Todas empresas acusadas por apropiación indebida por sus donaciones a campañas políticas con dineros que, para el querellante Óscar Gajardo –patrocinado por los abogados Bárbara Salinas, Jaime del Campo, Clemente y Gianfranco Guggiana– son de propiedad de todos los accionistas.
Sin embargo, en el marco de la misma solicitud efectuada a dicho fiscal, hay otras diligencias en materia tributaria que podrían incomodar no solo a estos directorios sino también al resto de las compañías que investiga la Fiscalía Centro Norte.
Es que además de conocer los montos de dichos aportes, la misma diligencia pedida por Gajardo considera oficios a Juan Alberto Rojas, director (s) del Servicio de Impuestos Internos, para que remita al Ministerio Público toda la documentación relacionada con donaciones o aportes hechos por estas compañías, desde el año 2003 en adelante, y que asimismo indique si estas empresas han efectuado rectificaciones posteriores a los actos donatarios, debiendo remitir copia de las mismas.
Según el documento, la propuesta de diligencia tiene su fundamento en los mismos términos que la solicitud hecha respecto del Servel, es decir, “que en el curso de esta investigación se logre establecer con precisión las épocas y montos donados o aportados y que a juicio de esta defensa son objeto del delito de apropiación indebida en perjuicio de nuestro representado”.
Este medio no pudo confirmar si el fiscal Ezio Braghetto acogió la solicitud referida al SII; sin embargo, fuentes conocedoras del caso estiman que lo lógico es que así sea, dada su disposición para con el Servel. “Es muy probable que la haya acogido. Se trata de una diligencia menos invasiva, ya que no requiere una autorización judicial como ocurre en caso del Servicio Electoral”, apuntan.
El precedente SQM
Son varias las compañías que en el marco del caso de las platas políticas han debido acudir a rectificaciones tributarias ante el Servicio. En este caso, lo que se busca es identificar si estas rectificaciones se originan por aportes reservados.
Si acaso el fiscal Braghetto o Jaime Retamal han acogido ambas solicitudes, son asuntos que podrían tener implicancias en el ámbito del mercado de valores. Braghetto investiga a las cuatro compañías mencionadas, mientras que Retamal hace lo propio con Latam, Banco de Chile, Copec, Endesa, Enersis y Falabella. La querella se presentó en paralelo ante los juzgados que competen a ambos fiscales, sin embargo, es la Fiscalía Oriente la que por lo pronto evidencia mayores avances.
Todas estas empresas son sociedades abiertas a Bolsa, un asunto para nada trivial considerando las recientes multas aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra SQM, por no haber informado en forma ni oportunidad el monto de las rectificaciones tributarias por boletas presuntamente falsas.
El regulador sancionó con $25 millones cada uno a Julio Ponce Lerou, Hernán Büchi, Juan Antonio Guzmán, Patricio Contesse Fica y Wolf Von Appen, por no haber comunicado vía hecho esencial y oportunamente que la empresa debía efectuar una rectificación tributaria por US$11 millones, que era el monto detrás de boletas sin respaldo, presuntamente falsas y que habrían tenido como destino al financiamiento de campañas políticas.
Dicha situación, podría eventualmente repetirse en el resto de los directorios de las compañías más grandes del país. Sin embargo, Carlos Pavez, titular de la SVS, pone paños fríos. La semana pasada, el regulador respondió esta interrogante a El Mostrador Mercados, afirmando que “son cosas distintas”.
El proceso de SQM se trata de algo que está en curso y, por lo demás, es muy pronto para pronunciarse al respecto, pero aclaró que “cada caso tiene sus particularidades y un contexto que la SVS ha revisado. En este caso tiene relación con el proceso que llevó adelante el directorio de SQM, el cual se trata de un contexto particular. Otros casos que podrían ser similares responden probablemente a características muy diferentes y situaciones distintas, por tanto nos pronunciamos a la luz de antecedentes concretos. Acá no hay un precedente único, sino contextos particulares para cada una de las empresas”.
¿Qué diferencias podría haber? Según Pavez, la facultad de las empresas de poder efectuar aportes reservados a campañas electorales vía el mecanismo legal, ya supone una diferencia respecto de las boletas presuntamente falsas que se le imputan a SQM. “Los casos son muy diversos”, puntualiza.
A la luz de la información pública, el regulador sostiene que los cuestionamientos podrían tener que ver con la facultad de la administración de algunas compañías para realizar aportes en el contexto de la ley de financiamientos de campañas electorales, “un contexto distinto al que vimos (en SQM)”.
“En la medida que los casos tengan características similares, son cosas que uno tiene en cuenta, pero cada caso es particular y el análisis de la SVS se hace a la luz de las disposiciones legales”, insistió Pavez.
