Delincuentes

“Puedo ser estúpido pero no delincuente”. La frase corresponde a Pablo Alcalde, el histórico gerente general –y al final de su periodo presidente– de la multitienda La Polar, que en 2011 cayó en desgracia luego que se revelara la manipulación, por años, de las cifras financieras de la compañía y, de paso, uno de los mayores fraudes económicos del país.

Quien fuera la estrella del retail, con premios de medios de comunicación incluidos, ayer reconoció lo que venía negando desde el 19 de junio de 2011, diez días después del estallido de escándalo: que no fue engañado, que violó la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos.

Los delitos: lavado de dinero, entrega de información maliciosamente falsa al mercado, declaración maliciosamente falsa y entrega de información maliciosamente falsa respecto de la conformación de capital, a propósito de las repactaciones unilaterales de más de un millón de clientes efectuadas en la compañía.

Junto a él, el que fuera por años gerente de productos financieros de La Polar, Julián Moreno, y la gerenta de administración y finanzas, María Isabel Farah, asumieron las mismas culpas, con excepción, en el caso de la ex ejecutiva, de declaración falsa al mercado. En tanto, sorpresivamente, se acordó suspender provisoriamente por dos años el proceso para el ex gerente Santiago Grage, quien deberá hacer 60 horas de trabajos comunitarios.

En audiencia ante el Segundo Juzgado de Garantía, los acusados jugaron la estrategia menos costosa para su ya destruida imagen: aceptar los delitos para obtener condenas que no les obliguen a volver a la cárcel, como ocurrió preventivamente durante cuatro meses a fines de 2011 y comienzos de 2012.

El fiscal a cargo del caso, José Morales, pudo cortar una cinta: “Son delitos inéditos en la legislación chilena. Nunca antes se había condenado por lavado de dinero, ni por infracción al Mercado de Valores o por delito a la Ley de Bancos», afirmó el persecutor.

Sin embargo, la ciudadanía no verá nuevamente a los acusados tras las rejas, pues el acuerdo implica –además de echar abajo el juicio oral que se venía esperando por años y la exposición mediática que implica– apostar a que la justicia confirme las penas de cinco años de presidio remitido, lo que les otorgaría el beneficio de cumplimiento de la sanción en libertad vigilada.

El escenario era oscuro para todos, pues la Fiscalía había pedido para Alcalde 14 años de cárcel, mientras que en los casos de Moreno y Farah se solicitaron penas de 12 años.

Junto con aquello, durante dos años no podrán ser directores de empresas, pero –pese a la gravedad de los hechos reconocidos por ellos mismos– luego estarán liberados para optar a un cargo así en el mercado local.

La sentencia definitiva se conocerá el próximo viernes.

Para la historia

De esta forma se cierra un proceso de cuatro años y medio, en que los abogados de los acusados alegaban a gritos inocencia. Alcalde decía sentirse engañado por Moreno y Farah, mientras Farah culpaba a Moreno y este sostenía que solo entregaba la información que le pasaba informática y que quien elaboraba las provisiones subestimadas era Farah y que Alcalde lo sabía. Los principales gerentes de la estrella de la década pasada no sabían o fueron engañados, eran las excusas para no reconocer su responsabilidad.

“Yo tenía un equipo de gente y nunca tuve ningún motivo para desconfiar de ellos. Ni los reportes que hicieron, ni la información que se me entregó a mí como gerente general, ni como presidente del directorio”, decía Alcalde en 2011, lavándose las manos.

«(Accionistas y clientes) van a poder comprender, en toda su dimensión, los hechos que desencadenaron este delito y conocer a sus responsables», afirmaba Alcalde en 2013, luego de que Morales desistiera de perseguirlo por uso de información privilegiada.

“Cómo me van a condenar. Cómo me van a condenar si yo no me siento responsable, ¿por qué? Yo-no-sa-bí-a-de-prác-ti-cas-de-re-pac-ta-cio-nes-u-ni-la-te-ra-les. No-lo-sabía”, se defendía Farah en abril de 2012, con su carisma habitual y desde la cárcel, hastiada del calor y del polvo.

«Pablo Alcalde, incluso según actuales funcionarios de La Polar, conocía de la cartera de clientes en los cuales había que hacer un trabajo de gestión para recuperarla, desde más o menos 2008-2009. Estas personas dicen que Pablo Alcalde describía este proyecto como el segundo más importante de la firma. No es cierto que no haya sido informado, no es cierto que no haya estado en conocimiento, no es cierto que la culpa sea de Julián Moreno. Es una afirmación que tiene pies de barro”, sostenía el abogado de Moreno, Miguel Chaves, en 2011.

Todas las declaraciones de los involucrados terminaron desmoronándose ayer, cuando reconocieron las culpas, aunque los detalles de sus decisiones pretenden matizar el reconocimiento de delitos y aducir estrategias legales y “humanas”.

Razones humanas

Según fuentes del caso, Alcalde habría optado por reconocer los delitos para evitar la exposición mediática y el costo económico que podría haber significado un año de juicio oral, donde los riesgos de penas efectivas de encarcelamiento eran altas.

Confidencian abogados del caso que Alcalde tendrá nietos próximamente y que su familia –y su abogado Jorge Bofill– influyeron en que optara por el reconocimiento.

En el caso de Moreno, en tanto, su situación de salud es delicada, razón por la cual habría optado por aceptar la acusación, para evitar el juicio oral en las condiciones en que –dicen sus cercanos– se halla.

Con todo, los problemas para los acusados no se detendrán. Las acciones civiles contra los ex La Polar continuarán y la sentencia penal, aunque no es vinculante, será un precedente cierto para las exigencias financieras de querellantes como las AFP.

Además, deberán hacer algunos pagos: la Fiscalía pidió $228 millones para Farah, $258 millones para Moreno y solo $ 220 millones para Alcalde, aunque este último ya había entregado un cheque por $ 155 millones extra, con el fin de reparar a las víctimas del fraude, pero –considerando que ya se hizo la reparación– dichos dineros irían a instituciones de beneficencia.