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La importancia del acceso a la información pública

por 1 febrero 2011

De eso se trata la cultura de la transparencia, asumir que la información pública debe estar disponible y que quienes son responsables de administrarla lo hagan con la diligencia de quien debe entregarle a su dueño lo que legítimamente le pertenece.

Cuando entró en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, los discursos apuntaban a la necesidad de un cambio cultural en esta materia.

Desde entonces, hace un año y medio, muchas organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado en torno a la implementación de la ley con la convicción de ese desafío mayor: promover y construir una “cultura de la transparencia”, la conciencia colectiva de que la información generada por el Estado  nos pertenece a todas y todos.

Y si bien es cierto que el acceso a la información pública es un derecho en sí mismo y no necesitamos razones para ejercerlo, es tremendamente relevante tener presente que en la práctica permite ejercer otros:  necesitamos información para participar, para acceder a subsidios de vivienda, o para saber cómo avanzar en la solución de una problemática específica.

De eso se trata la cultura de la transparencia, asumir que la información pública debe estar disponible y que quienes son responsables de administrarla lo hagan con la diligencia de quien debe entregarle a su dueño lo que legítimamente le pertenece.

En la Corporación Participa, en el marco del proyecto Incide, Poder Ciudadano trabajamos diariamente con organizaciones sociales de base de diferentes regiones del país que ejercen el derecho de Acceso a la Información y de Participación como una herramienta necesaria para llevar adelante sus causas.

Son grupos que abordan temáticas diversas, ciudadanos y ciudadanas que se han organizado en torno a metas comunes y que en general se encuentran en situación de vulnerabilidad. Algunos ejemplos: en Arica, Lumbanga trabaja para lograr el reconocimiento de la etnia afrochilena, para lo cual es fundamental acceder a la argumentación a favor o en contra que se da en el Congreso; en la Población Gabriel González Videla de Santiago, vecinos y vecinas trabajan hace años en para obtener  una solución definitiva a un grave problema con el alcantarillado, para lo cual necesitan conocer las disposiciones municipales sobre responsabilidades en la materia; en Talca Transgéneras por el Cambio trabaja arduamente en contra de la discriminación y el acceso a soluciones de vivienda, para lo cual necesitan conocer los recursos disponibles y criterios para su asignación… la lista es larga.

Estas y muchas otras organizaciones son un ejemplo de ciudadanía responsable y comprometida: se han capacitado, han aprendido sobre la ley de acceso y las herramientas que ella les otorga. Con paciencia y perseverancia utilizan las herramientas para obtener la información que les permite avanzar en sus causas, poniendo de paso en marcha el sistema, ayudando a visibilizar sus bondades y carencias.

Es así como cada vez que un servicio público no cumple con el deber de entregar información -y con los estándares que la ley establece- no sólo vulnera el derecho de Acceso a la Información, sino que pone nuevas barreras para que estas personas y comunidades ejerzan otros derechos y avancen en sus legítimas demandas. De eso se trata la cultura de la transparencia, asumir que la información pública debe estar disponible y que quienes son responsables de administrarla lo hagan con la diligencia de quien debe entregarle a su dueño lo que legítimamente le pertenece.

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