En las últimas semanas, la agenda en salud ha estado concentrada en el debate técnico, político y social de la experiencia de “Farmacia Popular” implementada por la comuna de Recoleta en la Región Metropolitana. Sin duda alguna, dicha iniciativa ha estado envuelta en una retórica de justicia social frente a las prácticas atentatorias a la libre competencia, y con el consecuente lucro y abuso hacia los derechos de las personas, llevada a cabo por las principales cadenas farmacéuticas del país.
Para muchas autoridades comunales de diversas sensibilidades políticas, la posibilidad de implementar farmacias populares se ha presentado no solo como parte de una retórica ideológica contra el abuso y la desigualdad en el acceso a los medicamentos, sino también como una posibilidad de mitigar el gasto de las personas y familias en el acceso a estos últimos. Más aún, dicha agenda ha motivado anuncios de mociones legislativas que buscarán institucionalizar dichas iniciativas como respuesta al abuso y la incapacidad del Estado de regular la industria.
No obstante, desde la salud pública entendida como la disciplina que se preocupa por la salud de los colectivos por sobre el individuo, las farmacias populares no contribuyen a la justicia social en salud representada en uno de los mayores retos de los sistemas de salud: la disminución del gasto de bolsillo. Este último se refiere a aquel gasto que un individuo o familia realiza siendo parte de un sistema de seguridad social. En el caso de Chile, incurrir en gastos en salud no cubiertos por los administradores del seguro obligatorio público de salud como lo son el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), es un hecho de la causa previo a la conductas colusorias de las cadenas de farmacias privadas.
[cita tipo=»destaque»] Para muchas autoridades comunales de diversas sensibilidades políticas, la posibilidad de implementar farmacias populares se ha presentado no solo como parte de una retórica ideológica contra el abuso y la desigualdad en el acceso a los medicamentos, sino también como una posibilidad de mitigar el gasto de las personas y familias en el acceso a estos últimos.[/cita]
Paradójicamente, son los gobiernos locales representados por alcaldes y concejos municipales los principales actores en el fortalecimiento de la atención primaria de salud y la dispensación de medicamentos a los habitantes de sus comunas. Esto nos es otro indicio de que nuestro sistema de protección social en salud, las farmacias populares como única vía de solución a la inequidad en el acceso a la provisión de servicios de salud, ergo, dispensación de medicamentos seguros y de calidad, sería un fracaso para avanzar en la salud como un derecho garantizado en el actual escenario de debate constitucional. En el mismo sentido, una zancadilla a una de las mayores estrategias a nivel global que ha impulsado la Organización Mundial de la Salud y otras agencias de cooperación internacional: la Cobertura Universal en Salud. Esta estrategia implica que ninguna persona presente dificultades financieras por el solo hecho de enfermar; implica solidaridad en la recuperación del estado de salud de las personas.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Chile es uno de los países miembros con mayor gasto de bolsillo en salud. Más aún, la reciente presentación de los resultados del Estudio Gasto Catastrófico y Gasto de Bolsillo en Salud para el período 2007-2012 por el Ministerio de Salud no obstante evidencia una disminución en el gasto de bolsillo en salud en productos farmacéuticos, el gasto de bolsillo en salud aumenta en todos los quintiles de ingreso en el período en estudio. Asimismo, los hogares empobrecidos producto del gasto de bolsillo en salud se concentran en aquellos cuyo público obligatorio en salud lo administra el FONASA y los Sistemas Previsionales de las Fuerzas Armadas y de Orden.
La solución a la inequidad en el acceso a medicamentos seguros, de calidad y con Cobertura Universal en Salud –esta última presente en la provisión pública de servicios de salud en Chile–, es de suma relevancia el legislar por el fortalecimiento del sistema de protección social en salud y el aumento del gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto del país: uno de los más bajos de la OCDE. Asimismo, el fortalecimiento de instituciones claves como la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y la creación de una Agencia Nacional de Medicamentos autónoma y que cumpla con estándares internacionales.
