Nuevo choque en el gabinete: La Moneda se desmarca de Barros por el Convenio 169

El Gobierno tomó distancia este domingo de las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien planteó que Chile debería abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuestionó también la Ley Lafkenche, al considerar que ambas normativas generan divisiones entre los chilenos y constituyen un “riesgo para el país”.

La respuesta llegó desde el propio comité político. En conversación con Mesa Central de Canal 13, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, dejó en claro que la posición de Barros no representa la postura del Ejecutivo. “Es un convenio que está vigente, que Chile suscribió, que ratificó en el Parlamento y que respeta íntegramente”, señaló. Y cuando se le preguntó si La Moneda evaluaba modificar esa posición, respondió categóricamente: “No vamos a innovar en la materia”.

Alvarado fue aún más explícito al circunscribir los dichos a una posición personal del titular de Defensa. “Él tiene el legítimo derecho de dar su opinión respecto a ese tema. Es la opinión del ministro de Defensa”, afirmó. Luego, utilizando una metáfora futbolística, agregó que dentro de un equipo “de repente, un jugador puede improvisar, y puede ser una buena jugada u otras veces una mala jugada”.

El desmarque se produjo pocas horas después de conocerse una entrevista de Barros que concedió al DF en la que sostuvo que el Convenio 169 y la Ley Lafkenche habían introducido un trato diferenciado según el origen étnico. “Hay chilenos que se dividen y tienen un trato distinto por su origen étnico y eso es un caldo de cultivo de conflicto”, afirmó. Consultado sobre si consideraba estas normativas una amenaza desde la perspectiva de Defensa, respondió: “Absolutamente”. También aseguró que abandonar el convenio internacional era jurídicamente posible y sostuvo que Chile debía “deshacerse” de legislaciones que, a su juicio, profundizan esas diferencias.

La posición de Barros, sin embargo, no es nueva. Antes de asumir como ministro había publicado en Diario Financiero una columna en la que calificó al Convenio 169 como el origen de un “veneno social” y sostuvo que este había introducido una división étnica en el país. La diferencia es que entonces hablaba como abogado y columnista; ahora lo hace como secretario de Estado y vincula directamente el asunto con materias de seguridad y Defensa.

Ese cambio de condición explica buena parte de las críticas surgidas durante la jornada. Desde la oposición, parlamentarios cuestionaron tanto el contenido de sus declaraciones como que el ministro de Defensa volviera a intervenir públicamente en una materia que involucra directamente a Cancillería, Trabajo, Desarrollo Social y otros organismos del Estado.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, calificó los dichos como graves y emplazó al Presidente José Antonio Kast a aclarar si retirar a Chile del Convenio 169 forma parte de la agenda gubernamental. Otros parlamentarios opositores, entre ellos Pedro Araya, Raúl Soto, Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro, apuntaron a la falta de coordinación dentro del Ejecutivo y cuestionaron que La Moneda deba salir posteriormente a precisar que se trataba de una opinión individual del ministro.

Los reparos alcanzaron también al oficialismo. La diputada Ximena Ossandón (RN) reconoció que el Convenio 169 puede generar dificultades en su aplicación, pero señaló que una eventual salida es una decisión de Estado que corresponde analizar institucionalmente y cuestionó que parlamentarios y opinión pública se enteraran de una propuesta de esa magnitud a través de una entrevista de prensa.

La controversia encuentra además a Barros en un momento políticamente sensible. Durante las últimas semanas el ministro ha protagonizado varios episodios que han obligado al Gobierno a precisar o matizar públicamente sus declaraciones. En medio de las diferencias con Washington por la denominada doctrina Monroe y el Escudo de las Américas, afirmó que Chile “no es el patio trasero de ningún país”. Entonces, el canciller Francisco Pérez Mackenna evitó respaldar expresamente la frase y sostuvo que la política exterior se estaba coordinando entre ambas carteras.

Dos días después, el embajador estadounidense Brandon Judd publicó el documento que demostraba que Barros había firmado el 12 de marzo la declaración de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, un gesto interpretado por analistas como una señal dirigida al ministro chileno. Defensa debió aclarar posteriormente que aquella rúbrica constituía una declaración de intenciones y que no implicaba una incorporación automática de Chile a operaciones de la coalición.

Ahora el nuevo desacuerdo se produce dentro del propio Gobierno y sobre un asunto de política interna con consecuencias internacionales. A diferencia de episodios anteriores, esta vez La Moneda no dejó espacio para ambigüedades: el Convenio 169 seguirá vigente, el Gobierno lo respeta y no existe una decisión de abandonarlo.

La declaración de Barros abrió así un nuevo flanco para el titular de Defensa. Porque más allá del debate de fondo sobre el Convenio 169 y la Ley Lafkenche, la controversia volvió a instalar una pregunta que comienza a repetirse dentro y fuera del oficialismo: hasta dónde las posiciones personales de un ministro pueden transformarse en debates de Estado antes de que exista una definición común del Gobierno.