Reforma Constitucional del Gobierno: un tributo a Pinochet

Imaginemos por un momento que la Reforma Constitucional que anunció el gobierno la semana pasada, hubiera sido aprobada por el parlamento y estuviera rigiendo en cinco o diez años más. Imaginemos también que en ese momento en el poder se encontrara un presidente populista, del estilo de Parisi o un comunista como Lautaro Carmona. En ambos escenarios, el presidente tendría la facultad de gobernar a su antojo durante largos ocho meses, pasando a llevar los derechos básicos de más de 20 millones de personas, sin tener que darle cuenta a nadie. A nadie, porque ni el congreso, ni los tribunales podrían interferir en sus decisiones.

En ese momento ficticio, la derecha impulsora de esta reforma pondría el grito en el cielo, calificaría al gobierno de dictadura y a su presidente como un dictador. Y más de algún dirigente republicano estaría pidiendo la inmediata intervención de Estados Unidos, tal como aplaudió la operación del equipo Delta para sacar de su casa a Maduro.

Por tanto, una primera conclusión es que el proyecto impulsado por el Ejecutivo, y que constituye el núcleo central de la agenda de seguridad, no está pensado para cuando el presidente no sea uno de los suyos, ya que consagra el autoritarismo constitucionalmente. Con un exceso de optimismo, el mandatario anunció la reforma apoyada por treinta proyectos de ley, pensando que su sector va a estar mucho tiempo habitando La Moneda. De lo contrario, no se entiende que ponga una herramienta tan peligrosa en manos de sus futuros adversarios.

En segundo lugar, el argumento esgrimido por el mandatario y su ministro de seguridad para establecer un estado de excepción similar al empleado por Pinochet -bajo el pretexto de combatir el crimen organizado- la verdad esconde un propósito evidente: intervenir el orden público en caso de que se repita un estallido como el de 2019 o las protestas que se iniciaron en 1985 en plena dictadura. No se entiende de otra forma una vulneración de derechos básicos -similares al de un Estado en guerra externa- de toda una ciudadanía para controlar a grupos o bandas de delincuentes. Eso sería como reconocer que estamos invadidos por una fuerza que domina por completo el país.

Ya se hubiera querido Augusto Pinochet contar con una Constitución que incorporara el concepto del derecho a la seguridad por sobre todos los derechos, lo que le habría permitido justificar a los exiliados, relegados, torturados, detenidos desaparecidos y todas las barbaridades de los 17 años en el poder. Claro que al dictador le hubiera gustado más el concepto de seguridad nacional en la carta magna. Y quien no habría aceptado jamás implementar un estado excepcional como el planteado por el gobierno, sin duda habría sido Sebastián Piñera. Más allá de las críticas que se le pueden hacer a Piñera cuando señaló que estábamos en guerra, el expresidente era un demócrata con mayúscula.

A propósito, la semana pasada, Mónica González confesó que había sostenido una conversación privada con el mandatario fallecido, donde este le reveló la información equivocada que recibió en esos días por parte de algunos altos funcionarios de gobierno.

Por cierto, el actual gobierno no se esforzó mucho en buscar legislación comparada para plantear un proyecto que en opinión del UDI Jaime Bellolio es “demencial”. Le bastó con copiar a Bukele, un dictador elegido democráticamente, pero que luego se las arregló para modificar la Constitución a su gusto y calce, gobernando en una especie de estado de sitio permanente. Similar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y otros que podemos definir como dictadores constitucionales.

De seguro, esta reforma constitucional no va a flotar en el congreso si la mantienen tal como se anunció. Ya marcaron una dura diferencia las oposiciones, pero también importantes personeros de derecha como Evelyn Matthei, Matías Walker entre otros. Así las cosas, La Moneda no tendrá los 29 votos que necesita.

Ante el fuerte rechazo transversal que desató el anuncio del gobierno, fue el mismo presidente de los Republicanos, Arturo Squella, quien intentó dar señales de retroceso de la iniciativa, afirmando que se introducirían indicaciones. Habían pasado apenas 72 horas, cuando tuvieron que recular al comprobar la escasa disposición desde todos los sectores, partiendo por Johannes Kaiser.

No deja de ser relevante el rol que está cumpliendo Squella para Kast. Eugenio Tironi señaló que el senador se estaba convirtiendo en el Altamirano que tuvo Allende, por la forma en que está tensionando al gobierno, en este caso, hacia la extrema derecha.

Esta discusión seguramente traerá de vuelta los fantasmas y horrores del dictador y pondrá en disputas a las llamadas “derechita cobarde” v/s la “derecha valiente”, como se autodefinen estos últimos. Pero también abrirá un flanco que el país parecía no estar preparado para enfrentar nuevamente: la discusión de la necesidad de cambiar la Constitución, ese paso que fue validado por casi el 90% de la población.

Y mientras tanto, la delincuencia seguirá haciendo de los suyas en las calles.