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Nueva Mayoría: incoherencias y problemas de fondo

por 14 enero 2016

Nueva Mayoría: incoherencias y problemas de fondo
El segundo gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta un problema político cada vez mayor con una parte de su coalición que no quiere enfrentar la insuficiencia democrática de las instituciones, la reproducción de las desigualdades y la carencia de una estrategia de crecimiento social y ambientalmente sustentable.

Chile enfrenta hoy un problema creciente de incoherencia de la coalición de gobierno, en un trasfondo de crisis larvada de las instituciones políticas y de desestabilizadora desigualdad de ingresos y patrimonios que el funcionamiento económico vigente reproduce y amplía, con una fuerte captura del poder político por el poder económico.

Las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet son objeto de una controversia frontal de los poderes económicos y sus representantes que mantienen el extendido argumento introducido en Chile con gran éxito por los seguidores de Milton Friedman desde los años cincuenta del siglo pasado, según el cual serían antieconómicos tanto un sistema tributario progresivo (en el que los más ricos sostengan el gasto público con sus impuestos proporcionalmente más que los más pobres) como una negociación colectiva equilibrada de los salarios y las condiciones de trabajo en las empresas. Argumento que es además contrario a una seguridad social que proteja del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos básicos y a un sistema de ingresos básicos universales para enfrentar la pobreza y la exclusión social.

La argumentación contra el Estado Social no tiene fundamento analítico y empírico alguno que no sea la ideología libremercadista. Frente al modelo de capitalismo salvaje norteamericano –que en todo caso incluye elementos de regulación de mercados y de redistribución del ingreso y seguridad social más importantes que los existentes en el Chile de hoy– existen en el mundo múltiples modelos de economía de mercado con altos niveles de PIB por habitante y –todavía más importante– elevados niveles de bienestar, libertades y democracia, que introducen acciones públicas sustanciales en favor de la disminución de la desigualdad.

En efecto, los niveles de corrección de las desigualdades de los ingresos de mercado –salarios brutos, ingresos por autoempleo, ingresos de capital y retorno sobre ahorros– mediante impuestos y gasto público siguen siendo muy elevados allí donde los Estados de bienestar se mantienen fuertes. Más aún, a pesar de la crisis, en la mayoría de los países de la OCDE la extensión de la redistribución de ingresos se ha incrementado en el último quinquenio. Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25%. A esto se agregan los servicios públicos gratuitos o subsidiados. Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania, y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Chile es casi nulo.

Si se trata de mirar modelos dignos de inspiración, sigue destacando el “modelo escandinavo”, que se adaptó a las nuevas circunstancias económicas globales para mantener un Estado de bienestar que logra, en medio de las turbulencias de la globalización y de la precarización salarial generalizada, las más altas capacidades redistributivas, aunque menores que en el pasado reciente.

Recientes críticas al actual gobierno desde supuestos partidarios suyos le atribuyen una supuesta preferencia por el “Estado por sobre los organismos intermedios y las personas” y privilegiar “expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática”. Esa no es sino la misma vieja idea según la cual el impacto de las políticas públicas debe ser de baja escala y solo proponerse en cada área de actividad asegurar un mínimo para que todos compitan en una supuesta cancha económica igualada, idea que desconoce cómo funcionan las sociedades contemporáneas y que, en el mejor de los casos, está construida por la obsesión miope con la eficiencia abstracta en la asignación de recursos. Igualar el gallinero para que compitan el zorro con las gallinas conduce a un solo resultado: el zorro se come sistemáticamente a las gallinas.

Los mercados globalizados en los que se desenvuelven la economía y la sociedad chilenas no son la abstracción del modelo de la competencia perfecta sino construcciones dominadas por grandes empresas que evolucionan en estructuras de poder que les permiten producir economías de escala, sustraerse con frecuencia de toda competencia y concentrar los ingresos en el proceso económico. Esto es lo que se constata en Chile de manera generalizada frente a la escasa relevancia de los poderes públicos para atacar los abusos del poder económico y el cada vez menor profesionalismo y eficiencia de la administración pública.

Para que el capital concentrado no domine irremediablemente a la sociedad, los poderes públicos globales (cuasiinexistentes) y los gobiernos nacionales no disponen de opciones muy distintas –excluyendo la solución estatizadora autoritaria que no produce ni democracia ni prosperidad– que la de hacer funcionar economías mixtas con: a) un sector de bienes públicos al margen de los mercados que provea infraestructura, ciencia y tecnología, educación, salud y urbanismo integrador; b) un sector de economía mercantil con empresas privadas que se desenvuelvan con regulaciones que minimicen las rentas monopólicas, que maximicen las externalidades positivas (con una fuerte política industrial), minimicen las externalidades negativas locales y globales (con una fuerte política ambiental) y con reglas laborales que creen empleos y cautelen la dignidad, creatividad y cooperación en el trabajo (con una fuerte política laboral y de formación continua) y que provea las condiciones de financiamiento de ingresos básicos y educación para todos los miembros de la sociedad y la cobertura del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos (seguridad y protección social); c) un sector de empresas públicas selectivas y estratégicas; y d) un sector de empresas sin fines de lucro de economía social que produzca integración y actividad económica al margen del mercado, especialmente de servicio a las personas vulnerables.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza.

Se trata de construir un proyecto de democracia social responsable de incluir a todos y de legar una economía sustentable a las nuevas generaciones, que debe sustraerse tanto de la adoración al mercado como de idolatrar a las burocracias, sometiendo a ambos a un control democrático y social. Es el proyecto de hacer prevalecer un principio de comunidad, un principio de responsabilidad con las nuevas generaciones y un principio de igualdad justa de oportunidades, proyecto que es efectivamente alternativo al de la sociedad de mercado. Salir de la democracia protegida y del libremercadismo que concentra el poder y la riqueza requiere reformar y transformar el orden existente en Chile y establecer una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad que fortalezca al primero para hacer posible un mejor funcionamiento de los segundos, con más equidad, eficiencia y humanización de la vida colectiva.

Así, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta un problema político cada vez mayor con una parte de su coalición que no quiere enfrentar la insuficiencia democrática de las instituciones, la reproducción de las desigualdades y la carencia de una estrategia de crecimiento social y ambientalmente sustentable. Esto se expresa en la renuencia a una asamblea constituyente, en la defensa de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o en la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo y se mezcla con muy concretos intereses instalados en la “provisión privada de bienes públicos” establecida por la dictadura militar y solo parcialmente revertida desde 1990.

La gran duda en materia de escenarios políticos es saber si en el futuro próximo podrá seguir habiendo configuraciones de gobierno como la actual Nueva Mayoría. En mi opinión eso es posible, pero de una manera radicalmente diferente que la actual, si es que se quiere evitar la incoherencia de la gestión gubernamental en curso, con un programa comprometido ante la opinión pública pero al mismo tiempo con fuerzas de la coalición que lo “mejoran” en sentido contrario a sus fundamentos. Lo sensato parece ser no seguir conformando coaliciones que no comparten casi nada en lo programático y mucho en el mero interés de ocupar posiciones burocráticas en el Estado, formato que es parte de la creciente crisis de legitimidad del sistema político.

El cambio al sistema binominal debiera permitir que las fuerzas políticas se agrupen de acuerdo a sus posiciones de principios y programáticas y las ofrezcan al electorado, junto a un candidato presidencial que las exprese en primera vuelta. De esa manera, los electores podrán tener a la vista un debate transparente sobre las opciones que el país enfrenta y votar de modo informado en un contexto deliberativo. Las elecciones no debieran ser un mercado en el que cada candidato se vende como producto. Hay de por medio opciones de sociedad que merecen ser enunciadas, transparentadas y debatidas.

El sistema de segunda vuelta vigente permite, aunque en plazos muy breves, concordar eventualmente el apoyo de las fuerzas que no obtuvieron los votos suficientes en primera vuelta a alguno de los dos candidatos en la segunda. Esto debiera ocurrir previo acuerdo formal para toda la legislatura respecto a las tareas de gobierno, incluyendo los contenidos específicos de las leyes a aprobar para cuatro años, y de ese modo estabilizar una gestión con mayoría parlamentaria que a su vez se refleje en el gabinete. Esto supone, también, salir del cesarismo presidencial que desconfía de los partidos y del Parlamento, para no hablar de la sociedad civil organizada.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza. Los ciudadanos tienen toda la razón en considerar que es una suerte de fraude que se les ofrezca una visión y una serie de medidas que derivan de ella en la elección presidencial que luego no se concretan o se diluyen sin que nadie se haga responsable. En vez de un sistema político que dirime democrática y periódicamente opciones de sociedad y de políticas públicas que determinan la vida cotidiana de los ciudadanos, terminamos con que estos perciben que solo eligen a tales o cuales miembros de una “clase política” indiferenciada, que defiende intereses propios al margen de las mayorías, y además suelen estar coludidos con el poder económico que financia sus campañas.

Una lógica alternativa es, entonces, la de la competencia con ideas perfiladas en una primera vuelta presidencial y de conformación de coaliciones en segunda vuelta (en caso de que no se produzca una mayoría en primera vuelta), pero con un programa de acción común pactado con transparencia y con validez para cuatro años. Este esquema es factible de ser utilizado en el sistema vigente, pero a mediano plazo debiera consagrarse en una nueva Constitución que establezca un sistema semipresidencial. Es decir, una configuración del poder político en que el presidente se apoya en un gobierno encabezado por un primer ministro que responde ante el Parlamento, con parlamentarios sujetos a disciplina partidaria para evitar la incoherencia actual de las coaliciones y con una administración profesionalizada que evite el actual clientelismo, junto a un control severo de la corrupción y del financiamiento empresarial y de grupos de interés de las campañas electorales.

Y que además establezca con claridad las fronteras de la administración central y de la administración territorial descentralizada para permitir una mayor participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas que pueden ser enfrentados desde la esfera pública. Difícil tarea, pero indispensable si lo que se quiere es volver a prestigiar el sistema democrático en Chile.

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