Choque de trenes en la Suprema: la disputa entre Chevesich y el fiscal judicial

Una verdadera tormenta ha desatado en el Poder Judicial el Oficio Nº 66 enviado por el fiscal judicial Jorge Pizarro a notarios, conservadores y archiveros –en el marco de la nueva ley que regula al gremio–, respecto de una serie de incumplimientos que detectó en el ejercicio de sus nuevas atribuciones fiscalizadoras.

En el documento, enviado el 20 de mayo pasado, el fiscal de la Corte Suprema señala haber detectado incumplimientos “sostenidos y reiterados” en dos materias de importancia para “la probidad y la fe pública”: la Declaración de Intereses y Patrimonio y la rendición de cauciones o fianzas. Sobre esta última, argumentó incluso la existencia de omisiones por más de 30 años.

“La reiteración y extensión territorial de estas omisiones configuran un patrón que compromete fuertemente los estándares de transparencia, responsabilidad e integridad que el ordenamiento jurídico exige a quienes ejercen funciones de auxiliares de la administración de justicia”, señala la misiva a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador.

El diagnóstico no fue bien recibido por notarios y conservadores, quienes critican la “forma” en que se comunicó el hallazgo y discrepan con la interpretación de la ley que ha tenido Jorge Pizarro, hoy con amplias facultades para –precisamente– meter el dedo en la llaga. “Ha generado urticaria”, dice una fuente cercana al bando de los notarios, sobre la impresión que provoca el nuevo rol de Pizarro en los distintos escalafones del Poder Judicial.

Hace pocos días, de hecho, el fiscal se enfrascó en una polémica con su jefa, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, durante una visita a la Comisión de Constitución del Senado, donde ambos expusieron sobre el proyecto de reforma constitucional del sistema de nombramientos judiciales que busca eliminar el “amiguismo” en la asignación de los cargos.

Las discrepancias fueron interpretativas. Mientras Pizarro fundamentó las instrucciones formuladas como parte del código de ética, apelando a la incongruencia de mantener a parientes en el cargo –a pesar de la vigencia de una nueva ley–, la presidenta de la Corte Suprema sostuvo que las conductas éticas no pueden conducir al marco disciplinario y que, en caso de hacerlo, deberían contemplarse en el Código Orgánico de Tribunales.

Chevesich recordó en la ocasión que el organismo había intentado resolver el tema antes, pero tampoco “podíamos hacer un catálogo de sanciones de conductas que daban origen a una sanción de orden grave, menos grave o ínfima. No, debe estar en el Código Orgánico para que sea obligatorio a todos los miembros del Poder Judicial”, sostuvo.

“En lo que concierne a las infracciones en que puede incurrir un funcionario de cualquier cargo que se desempeña en el Poder Judicial, ya quedó obsoleto. Y eso es un gran reclamo que ha hecho la Asociación de Magistrados y Magistradas, con mucha razón, de que en realidad no están claras las conductas disciplinarias”, agregó la presidenta de la Corte Suprema.

La intervención de Chevesich en la Comisión de Constitución del Senado fue interpretada como un rayado de cancha a Jorge Pizarro, en un intento por frenar la percepción de que las medidas presentadas por el fiscal judicial representaban a toda la Corte Suprema. El Mostrador se comunicó con el máximo tribunal a fin de aclarar las discrepancias entre dos de sus miembros, pero desde el organismo aseguraron que no se referirían al tema.

“No es popular, pero es una realidad”

En la cita realizada en el Congreso, Jorge Pizarro complementó su diagnóstico con cifras. Señaló que habían detectado un 33% de incumplimiento en las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, de un total de 490 notarios, conservadores y archiveros. Además, el fiscal aprovechó de confirmar lo que había expresado en el oficio Nº 66: instruir procesos por incumplimiento en cauciones y actualización de Declaraciones de Intereses y Patrimonio.

La impresión del gremio de los notarios –dice una fuente del sector– es que Pizarro se pasó “varios pueblos”. La crítica apunta a que las cifras entregadas estarían “abultadas” y que, si bien cuenta con facultades para fiscalizar, estas excederían las atribuciones jurídicas del cargo. “Se sintió como algo comunicacional que empezó a instalar, cuando todavía faltan reglamentos que no se autorizan”, comenta la misma fuente.

En efecto, la Ley Nº 21.772, que moderniza el sistema registral y notarial, vigente desde abril de este año, establece una serie de materias para contemplar en un reglamento que se presentará seis meses después de la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico. Es un periodo que técnicamente se conoce como “vacancia legal” y que –según el círculo de notarios y conservadores– el fiscal judicial lo interpreta a su antojo. “Y eso es grave, porque él no tiene facultades para ‘dictar’ leyes, sino solo para interpretarlas”, dicen las mismas fuentes.

Respecto de la cauciones o fianzas que los notarios deben presentar al Estado al momento de asumir sus cargos, Pizarro apeló a todos los años transcurridos sin haber cumplido esta obligación legal. “¿Cómo la vamos a calcular cuando esté en escudos, como hay algunas por ahí, o personas que en 36 años de ejercicio de la función nunca hicieron una Declaración de Intereses?”, se preguntó en el Congreso, aludiendo a la moneda antecesora del peso.

“Sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero es una realidad”, agregó a continuación.

En su alocución en el Senado, Pizarro afirmó no entender por qué la propuesta había causado tanto revuelo.

“Yo pienso que el Poder Judicial debe tener la posibilidad en este aspecto, a través de este fiscal, de poder sincerar las cosas y no dejar que no importe que nunca se hizo… La Corte Suprema no va sola aquí, tiene la necesidad y la obligación de responder frente a los distintos poderes y a la ciudadanía sinceramente, que sepan que hay un órgano que está preocupado de este tipo de temas”, agregó.

Antes de finalizar, subrayó que no había llegado a la fiscalía judicial para ejercer un descanso sabático: “No eludo esa posibilidad (…). La verdad es que siempre he sido de pocos amigos, por tanto tampoco voy a necesitar mayormente de esos (…). Tengo una hija que es abogada, que no pertenece ni está en ninguna notaría ni conservador”, concluyó con ironía, aludiendo en forma evidente a las verdaderas dinastías familiares que hay en algunas notarías y conservadores, como sucede en el caso de Concepción, según lo reveló Aquí Bío Bío de El Mostrador.

La versión de notarios y conservadores

Ante ello, la asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile respondió las preguntas enviadas por la Unidad de Investigación de El Mostrador, a través de un comunicado público.

En relación con el sistema de cauciones contemplado en la normativa anterior del Código Orgánico de Tribunales, el organismo asegura que “más del 70% de nuestros asociados ha tomado pólizas de seguros de responsabilidad civil adicionales, que cubren valores superiores de lo que la propia ley establece”.

En este sentido, agregaron, “desde hace más de 28 años, como Asociación, hemos promovido y mantenido este tipo de seguros, con el propósito de responder de la mejor manera posible ante cualquier indemnización o multa que eventualmente deba enfrentarse”.

En cuanto a la Declaración de Intereses y Patrimonio, la asociación aseguró que desde su entrada en vigencia, hace 16 años , a través de la Ley 20.880, “la Corte Suprema estableció que las fiscalías judiciales son las encargadas de llevar el control de su cumplimiento, labor que han cumplido a cabalidad y entendemos que no han existido mayores problemas con notarios, conservadores y archiveros titulares, de lo que podemos hacernos cargo”, señaló el gremio, desmarcándose de las acusaciones de Pizarro.

Sobre los cuestionamientos relativos a la contratación de parientes, el organismo aseguró tener la “convicción de que la nueva normativa no puede aplicarse con efecto retroactivo” y que “en esta materia, prevalecen las disposiciones del Código del Trabajo, con vigencia al momento de la entrada en vigencia de la ley, y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores”, añadieron.

Al finalizar, la asociación que reúne a notarios, conservadores y archiveros, manifestaron que la interpretación de la ley corresponde a los tribunales de justicia y que, si bien puede haber distintos criterios sobre su aplicación por parte de alguna fiscalía, “entendemos que los últimos en resolverlo son los tribunales de justicia, cuyo superior jerárquico es la Corte Suprema”.

“El Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema tiene la supervisión de todos los auxiliares de administración de justicia, tanto de la fiscalía como de los notarios, conservadores y archiveros judiciales”, concluyeron.

Lea la declaración de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros