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Consejo para la Transparencia falló a favor de ONG

La información sobre Pascua Lama que el gobierno no entrega

por 29 diciembre 2009

La información sobre Pascua Lama que el gobierno no entrega
Un nuevo gallito entre el Consejo presidido por Juan Pablo Olmedo y una repartición pública protagoniza la subsecretaría de Minería, que optó por la vía judicial para no entregar información sobre un paso fronterizo para el proyecto de Barrick Gold solicitada por la ONG OLCA hace nueve meses. En tanto, la Subsecretaría del Interior, que había rechazado dar los datos requeridos basándose en un problema de forma, anunció que los entregará en enero.

Desde octubre ya se ve movimiento en el valle del Huasco en torno la construcción del polémico proyecto minero Pascua Lama, que luego de varios años en stand by, básicamente por falta de acuerdo en temas tributarios entre Chile y Argentina, finalmente obtuvo los permisos pendientes.

Ese mes, la canadiense Barrick Gold anunció oficialmente el inicio de la construcción de la apuesta binacional, que contará con un paso fronterizo entre ambos países que, en base a un decreto del ministerio de Minería de 2003, debe ser financiado por la propia empresa que será fiscalizada.

Hace nueve meses, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, solicitó información relacionada con esta suerte de aduana especial a los ministerios del Interior y Minería.

Luego de una consulta preliminar, antes de que entrara en vigencia la Ley de Transparencia, el 8 de mayo pasado la ONG pidió al Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Henry Saldívar, dependiente de la Subsecretaría del Interior, información relativa a la creación del paso fronterizo, específicamente para saber si está creado y funcionando, y quién estaría financiándolo.

Ese mismo día se solicitó información similar al ministerio de Minería, señalando que los antecedentes que le fueron entregados al respecto por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) -del Ministerio de Relaciones Exteriores- son contradictorios con los aportados por la división a cargo de Saldívar.

El Consejo para la Transparencia estimó que  la negativa a entregar la información “implica un impedimento para el debido control ciudadano, particularmente en materias de interés público, como es el desarrollo minero del país". Y enfatizó que el acceso a la información pública puede servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos, como el de "vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Entre otras consultas, se pidió acceder a las últimas informaciones relativas a la fijación de las tasas tributarias que le corresponderá a cada país y los mecanismos de funcionamiento y de fiscalización del acuerdo tributario por Pascua Lama.

Según explicó Cuenca, Interior y Minería negaron entregar los datos requeridos, por lo que OLCA recurrió al Consejo para la Transparencia, que se pronunció a favor de la organización no gubernamental.

Este fallo es especialmente relevante, porque desautoriza la desidia casi crónica de los servicios del Estado ante los requerimientos del proyecto Pascua Lama y reposiciona la legitimidad del derecho de los ciudadanos a la información pública”, aseguró el líder de OLCA.

Minería acusa abusos del Consejo

El 2 de diciembre, por unanimidad el Consejo acogió el reclamo de Cuenca y solicitó a la Subsecretaría de Minería, liderada por Verónica Baraona (DC), entregar la información.

La decisión destacó que la negativa a entregar la información “implica un impedimento para el debido control ciudadano, particularmente en materias de interés público, como es el desarrollo minero del país. Y que el derecho de acceso a la información “puede servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

El acuerdo no dejó conforme a la repartición, que el 23 de diciembre presentó un reclamo de ilegalidad sobre acceso a la información pública contra el Consejo para la Transparencia.

Su rechazo se basa en que, a su entender, el organismo habría excedido las atribuciones que la ley le otorga al establecer que lo solicitado a la subsecretaría de Minería está dentro de sus competencias, en circunstancias “que aquello está fuera de las atribuciones que la ley ha otorgado a esta repartición del Estado”.

Según Minería existe abuso en el ejercicio del derecho a solicitar antecedentes en el marco de la Ley de Transparencia, ya que “una simple carta en que se pide información genérica, sin indicar el o los actos (decretos, resoluciones, acuerdos, entre otros) y sin cumplir con los requisitos mínimos para acceder a la administración, el Consejo para la Transparencia la transforma y considera como una solicitud válida de acceso a la información pública”.

¿Fuera de plazo?

Un camino distinto tomó la Subsecretaría del Interior. El 26 de noviembre pasado, el Consejo para la Transparencia acordó por unanimidad acoger parcialmente el amparo interpuesto por Cuenca, para lo cual solicitó al  subsecretario Patricio Rosende entregar la información relativa al procedimiento para aprobar e implementar un determinado paso fronterizo.

El Consejo rechazó sus alegaciones con respecto a que Cuenca no había presentado formalmente la solicitud de información, asegurando que “es carga del órgano de la administración el remitir las solicitudes de información al órgano competente y no del ciudadano, por lo que por el hecho de que no haya ingresado formalmente por el sistema del Ministerio del Interior, no se puede entender que dicha presentación no constituya una solicitud de información”.

Según explicó Felipe Ramírez, abogado analista de la Unidad Promoción y Clientes del Consejo para la Transparencia, como la Subsecretaría de Interior no argumentó causales de reserva para no entregar lo requerido -que pueden afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano- sino que se centró en problemas de forma de la solicitud, la Subsecretaría tiene derecho a presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Ramírez detalló que el plazo para presentar este reclamo había terminado el 16 de diciembre, luego de lo cual tenía 5 días hábiles para dar la información a OLCA. Hasta el minuto eso no ha sucedido, situación que la semana pasada Cuenca denunció públicamente.

Al respecto, la jefa del departamento de Extranjería y Migración, dependiente de la Subsecretaría de Interior, Carmen Gloria Daneri, señaló que según su oficina jurídica tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar un recurso, acción que no van a concretar. “No vamos ir a tribunales, vamos a entregar la información, que nunca hemos negado: el señor Cuenca vino, se le recibió, se le contestó lo que es de nuestra competencia. Pero se le pidió que la solicitara de acuerdo al procedimiento y en vez de eso decidió acudir al Consejo”.

Si no se cumplen los plazos, el Consejo puede interponer sanciones contra el jefe superior del servicio, en este caso Patricio Rosende, que van desde multas a suspensiones. En todo caso hasta el momento ninguna repartición pública ha enfrentado sanciones, porque, como detalla Ramírez “hay una consideración a favor de las entidades públicas porque este año son los primeros meses de entrada en vigencia de la ley. Por eso se ha priorizado orientar e impulsar buenas prácticas y no hemos sido un tribunal sancionatorio. Pero llegara el día en que sí lo seremos”.

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