El alma mater de gran parte del nuevo gabinete de Piñera, que esta semana destacó como la universidad de excelencia de la crème de la crème de la política nacional, ha mantenido en el mayor de los secretos la denuncia que interpuso en su contra la Dirección del Trabajo. Una historia ligada a la Facultad de Medicina, donde el nuevo rector, Ignacio Sánchez, era el decano.
Una semana brillante protagonizó la Universidad Católica, que se consolidó como el semillero intelectual de la nueva dirigencia política del país: 17 de los 22 integrantes del gabinete de Sebastián Piñera estudiaron en la prestigiosa casa de estudios. Motivo suficiente para empezar el año con el pie derecho.
Pero tras las altas paredes de la universidad de la élite nacional, una oculta historia empaña tan loables méritos. Hace siete meses la PUC enfrenta un juicio interpuesto por la Dirección del Trabajo por prácticas antisindicales, situación que se ha mantenido en la más estricta reserva. Hasta hoy.
En abril de 2008 los sindicatos de la salud 1 y 2 de universidad se unificaron y se convirtieron en el Sindicato de la Red de Salud UC, que reúne a más de 1.500 trabajadores no profesionales del área.
En septiembre de ese año, se iniciaron las negociaciones de contrato colectivo con la casa de estudios, específicamente con la gerencia de Recursos Humanos de la Facultad de Medicina, cuyo decano era Ignacio Sánchez, el nuevo rector que asumirá el próximo 11 de marzo y que hace algunas semanas debió declarar en la investigación del asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
[cita]En la acción judicial el organismo liderado por Patricia Silva señala que fue posible constatar que “la Pontificia Universidad Católica ha intervenido indebidamente y de forma negativa en el proceso de negociación colectiva, afectando el normal desarrollo de éste”.[/cita]
Sánchez participó en la últimas mesas de negociación entre las partes, aunque no tuvo un rol protagónico. Luego de 45 días, los trabajadores rechazaron la oferta entregada por la universidad y resolvieron recurrir a “los buenos oficios” de la Dirección del Trabajo.
El miércoles 5 de noviembre el gerente de Personal de la Facultad de Medicina, Gregorio Airola-que desde el 31 enero pasado ya no está en el cargo- entregó una última oferta verbal que incluía dos opciones: una establecía una vigencia del contrato de dos años y un bono de término de negociación por 330 mil pesos; la otra proponía un período de vigencia del contrato de cuatro años y un bono de fin de negociación de 700 mil pesos.
Con esta nueva oferta, el sindicato acordó realizar una asamblea la tarde del viernes 7 de ese mes. Para tal efecto la casa de estudios ofreció un gimnasio ubicado en Marcoleta con Diagonal Paraguay.
Ese mismo día en la mañana, la universidad reunió a los trabajadores no sindicalizados para que firmaran un anexo de contrato individual por cuatro años, para luego entregarles un cheque por 700 mil pesos.
“Durante esos días los mandos medios, médicos, etcétera, se acercaban a los trabajadores involucrados durante la negociación, señalándoles que la oferta de la empresa es buena, que la aceptaran, que el sindicato no tenía idea de lo que la empresa estaba ofreciendo”, señala la denuncia por prácticas antisindicales presentada al lunes siguiente ante la Dirección del Trabajo por el Sindicato de la Red de Salud UC.
Antes de eso, el domingo 9 de noviembre de 2008, el sindicato llegó a un acuerdo con la UC, que se cerró con un bono de 360 mil pesos a y un contrato vigente por dos años.
Tras la investigación, la entidad fiscalizadora concluyó que la Universidad Católica habría incurrido en graves conductas lesivas de la libertad sindical, por lo que presentó una denuncia ante el Cuarto Juzgado Laboral de Santiago en junio del año pasado.
[cita]En la acción judicial, el organismo liderado por Patricia Silva, señala que fue posible constatar que “la Pontificia Universidad Católica ha intervenido indebidamente y de forma negativa en el proceso de negociación colectiva, afectando el normal desarrollo de éste”.[/cita]
También relata los hechos ya descritos y asegura que “dichos actos significaron un deterioro de la imagen del sindicato, en cuanto ente negociador y representante de los intereses de los trabajadores, así como una presión para la directiva, por cuanto los sindicalizados, atendida la intención de la directiva de sólo negociar por dos años, en los hechos recibirían menos dineros que los no sindicalizados. Esta situación, sin duda, generó un gran descontento entre los socios y adherentes a la negociación…”
Un par de meses después el sindicato de Salud de la UC también se hizo parte de la denuncia. En tanto, la PUC incluyó durante el transcurso del juicio al abogado experto en derecho laboral Rodolfo Caballero.
A pesar de que este medio intentó contactarse con algún representante de la Universidad Católica no fue posible, ya que en la casa de estudios están en período de vacaciones.
El abogado Joaquín Silva, que actúa como apoderado de los trabajadores del sindicato, explica que si el tribunal falla a favor de los funcionarios, habría serias consecuencias para la casa de estudios.
Además de una multa – de entre 10 a 150 UTM- la universidad figuraría en el listado de los infractores condenados por los tribunales a causa de prácticas desleales en la negociación colectiva, que por ley debe ser publicado en un medio de comunicación de circulación nacional.
Pero lo más grave, según explica Silva, es que “la Católica-que tiene rut único, por lo que incluye todos las instituciones y empresas que controla – quedaría excluida por un tiempo como proveedora del sistema de compras públicas”.
El abogado, enfatiza que lo más preocupante del comportamiento del alma mater del nuevo gabinete presidencial, es que “toda práctica antisindical constituye un acto de discriminación en contra de los trabajadores sindicalizados. Al discriminarlos arbitrariamente genera una desmotivación en los socios, fuga de adherentes, renuncia y no afiliación. En el fondo, tiene como fin impedir el ejercicio de la libertad sindical”.
En opinión de Silva, “en Chile, a pesar de haber firmado tratados internacionales, la realidad nacional no permite que los trabajadores hagan ejercicio de sus derecho de libertad sindical. El Código del trabajo regula esto, pero está tan reglamentado, sumado a las malas conductas empresariales, que se llega a la conclusión de que la huelga no es posible en este país”.
